Con Derecho a Réplica / Ignacio Vasallo. Director de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Escritores de Turismo Y fundador y primer Director de Turespaña ■
Exceltur –el ‘lobby’ de las grandes empresas turísticas españolas– ha publicado las conclusiones del proyecto REVITUR que pretende revitalizar los barrios más turísticos de las principales ciudades, incrementar la contribución económica y social del turismo y mejorar la regulación y el control de las viviendas de uso turístico –VUT–.
Ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de las seis más relevantes: Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla y San Sebastian, de distinto color político.
Pretende que el Estado actúe con más determinación para limitar los efectos negativos de la rápida vuelta al mercado de las VUT tras la pandemia.
El informe destaca su enorme crecimiento en los últimos diez años, el 80% del crecimiento total de todos los sistemas alojativos, hasta alcanzar el 20% de la oferta total y sus consecuencias: encarecimiento de los precios en los barrios más atractivos, desplazamiento de la población residente, deterioro de las condiciones de habitabilidad y convivencia, menor creación de empleo y de peor calidad, y escasa contribución fiscal, muy inferior a la de los hoteles, que puede no bastar para cubrir los gastos de los servicios públicos necesarios , con lo que estaríamos financiando a muchos turistas.
Revitur solicita que la Administración del Estado establezca un marco general en temas de su competencia y que ayude a las CC AA y las corporaciones locales, que son las que tienen las competencias, a hacer cumplir sus normativas.
Pide la regulación nacional de la actuación de los intermediarios, de las plataformas de internet –como Airbnb– que las comercializan y la intervención de las Juntas de propietarios en los edificios de propiedad horizontal.
Todo esto sería necesario para evitar volver al modelo anterior a la pandemia: de crecimiento en el número de turistas con menor gasto, mayor coste ambiental y contestación ciudadana creciente.
La patronal de las VUT ha criticado el estudio, que califica de sesgado. Y acusa a Exceltur de estar al servicio de los intereses de algunas grandes cadenas hoteleras en detrimento del conjunto del sector turístico. Según su presidente, los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos regulan esa actividad exactamente igual que lo hacen con los hoteles: “Tenemos empleados y pagamos impuestos”. No hay que olvidar que gracias a las VUT se han puesto en valor grandes cantidades de recursos ociosos en favor de grupos de personas que habían quedado al margen de los beneficios del turismo tradicional.
La patronal hotelera europea, con el apoyo de la española, presiona a la U E para que apruebe una nueva legislación que endurezca las condiciones de funcionamiento de las VUT. La UE ya propone asignar a cada propietario un numero de registro que hay que publicar en el anuncio, algo que ya es obligatorio, por ejemplo en Berlín
Saben perfectamente que, con la legislación vigente, es difícil limitar el marco de actuación de las VUT tras repetidas sentencias en ese sentido. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cree que la normativa vigente contiene numerosas restricciones de entrada y al ejercicio de la actividad por lo que la patronal hotelera centra ahora sus peticiones en reducir la carga normativa para sus propias empresas.
Al enfrentamiento entre alojamientos tradicionales y VUT se suma también el de éstas con sus correspondientes comunidades de vecinos por razones fáciles de entender.
Hay que felicitar a Exceltur por el trabajo, sin que importe que sea parte interesada al defender los intereses de sus afiliados –es su obligación–. El único, pero –siempre hace falta introducir uno– es la ausencia de solicitud de medidas de carácter fiscal. La oposición del empresariado turístico a las tasas o impuestos específicos pudo haber impuesto esa limitación, a pesar de que varios de los ayuntamientos participantes son partidarios de éstas. De hecho, los ayuntamientos de Sevilla, Valencia, Málaga y San Sebastian están a favor de aplicar tasas –el de Barcelona ya se beneficia de la tasa autonómica–.
La CNMC recuerda en su dictamen que esa es la vía y que está en manos del legislador adoptarla. Habrá que comprobar si son capaces de hacerlo
