Crónica Económica / N. Díaz
Visto lo visto, y después de que lo de pedirles a las eléctricas “empatía social” así, de palabra y sin compromiso firmado, no acabe de funcionar, el Gobierno quiere esta vez ser menos ingenuo con otro sector con el que siempre anda también peleando por sus prácticas y su reputación. Así, el Ejecutivo acaba de anunciar que quiere elevar a rango de ley el deber de las entidades financieras de actuar de forma «honesta, transparente e imparcial» frente a los clientes de productos y servicios bancarios, así como obligar a los bancos a contar con mecanismos internos que garanticen el cumplimiento de la normativa de conducta y la protección del cliente.
“En el artículo 5, relativo a la protección del cliente de entidades de crédito, los grupos del Ejecutivo quieren añadir un nuevo primer apartado que dictamine que “toda información dirigida a su clientela, incluida la de carácter publicitario, deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa”
Así consta en una de las enmiendas registradas por los grupos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, al proyecto de ley de trasposición de directivas europeas en materia de entidades de crédito. Tras ser convalidado en mayo, el decreto se quedó en el Congreso para su tramitación como proyecto de ley. Ahora, el Gobierno ha aprovechado para proponer cambios e introducir varias enmiendas a la ley de 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En el artículo 5, relativo a la protección del cliente de entidades de crédito, los grupos del Ejecutivo quieren añadir un nuevo primer apartado que dictamine que “toda información dirigida a su clientela, incluida la de carácter publicitario, deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Además, las entidades de crédito deberán en todo momento mantener adecuadamente informados a sus clientes, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes, las disposiciones de desarrollo, y el resto de la normativa aplicable», recogería la nueva redacción. Asimismo, la propuesta quiere incluir otro apartado dentro de la norma para que la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pueda dictar disposiciones relativas a la definición, el alcance y la aplicación de políticas, procedimientos y controles internos adecuados exigibles a las entidades de crédito para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que la normativa de conducta y transparencia bancaria les impone.
Según expone el Gobierno, las citadas modificaciones facilitarían que el incumplimiento en materia de conducta y protección al cliente fuese penalizado bajo el régimen sancionador de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que contempla multas que pueden ascender a varios millones de euros.
Ahora que después de años de litigios judiciales -que no han terminado- por Bankia, las cláusulas suelo, hipotecas IRPH, comisiones abusivas etc, la tormenta reputacional les daba una pequeña tregua, después de que durante la pandemia la mayoría de las entidades consintieran en llevar a cabo moratorias de la deuda hipotecaria lo que mejoró su imagen de cara a la ciudadanía, llegan los ERE. Los ERE masivos costarán a los bancos más de 2.800 millones este año. Los bancos españoles contaban a cierre de 2019 (antes del estallido de la pandemia) con 176.830 trabajadores según los últimos disponibles en el Banco de España. Pero el año pasado, el Banco Santander, Sabadell e Ibercaja ya anunciaron que acabarían con más de 6.100 empleos.
“Las modificaciones facilitarían que el incumplimiento en materia de conducta y protección al cliente fuese penalizado bajo el régimen sancionador de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que contempla multas que pueden ascender a varios millones de euros”
En lo que va de 2021, BBVA y Caixabank han negociado casi 10.000 salidas, Banc Sabadell acaba de cerrar un ERE para 1.380 personas (si todas las salidas son voluntarias, de lo contrario podría elevarse a 1.605) y Unicaja ha anunciado otro para 1.500 trabajadores. El Covid ha tenido su parte de culpa claro pero el sector financiero lleva años conviviendo con tipos de interés negativos y señalando que esto ha tenido un impacto directo en la rentabilidad a través de la contracción de los márgenes. El propio Banco Central Europeo y el Banco de España han defendido durante todos estos años que una de las medidas para mejorar la rentabilidad son las fusiones y la reducción de costes. Así, este año se han cerrado dos operaciones de este tipo: la fusión de Caixabank con Bankia y la de Unicaja con Liberbank. Y además, todos los bancos han ido justificando sus respectivos ERE en el ahorro de costes.
Pero como decíamos antes, la tormenta judicial continua. El juez del caso ‘Popular’ José Luis Calama escuchará el próximo 28 de octubre a los peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe en el que se describían operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Banco Popular y que contaron con la intermediación de ‘Thesan Capital SL’, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis. Suma y sigue.
