Crónica económica / José García Abad
El Gobierno adoptó una “medida extraordinaria” en marzo de 2020, en plena crisis del Covid, exigiendo el permiso gubernamental para las opas de fuera de la Unión Europea sobre las grandes empresas españolas que, caídas estrepitosamente, resultaban un bocado apetecible para los inversores extranjeros.
Ahora, Sánchez ha prorrogado por dos años, hasta finales de 2024, esta medida cuya vigencia concluye el próximo 31 del presente diciembre, después de dos renovaciones, y la ha endurecido limitando o vetando estas opas o la adquisición de más de un 10% de una empresa “estratégica” cotizada en Bolsa o si la compra supera los 500 millones de euros, una medida que se aplicaría incluso a las empresas de la Unión Europea, entendiendo el Gobierno que cualquier empresa o similar de cualquier lugar del mundo puede disfrazarse fácilmente de europea. Para dichas adquisiciones, los inversores extranjeros tendrán que pedir permiso al Gobierno.
“Lo que era una decisión excepcional que, bajo las consecuencias económicas de la epidemia nadie discutió, y que incluso fue festejada por el grupo Ibex, es ahora más discutible al no referirse a más epidemia que la del proteccionismo”
Lo que era una decisión excepcional que, bajo las consecuencias económicas de la epidemia nadie discutió, y que incluso fue festejada por el grupo Ibex, es ahora más discutible al no referirse a más epidemia que la del proteccionismo, la vieja aplicación de las acciones de oro que siguen utilizando otros países de la Unión. De hecho, ha sido discutida en medios financieros libres de toda sospecha.
Declaraciones de Buenaventura, mal vistas por el Gobierno
Pedro Sánchez y Nadia Calviño han hecho caso omiso a la petición del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, quien pidió durante su intervención en el Spain Investors Day en enero del presente año que se retirara el régimen de autorización previa para las inversiones de fuera de España.
«Soy consciente –dijo– de que en este ámbito hay que ponderar muchos intereses, y de que corresponde al Gobierno velar por los intereses generales, pero desde el punto de vista del mercado de valores y los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí mismo. Por ello, será positivo que la normalización de los parámetros de mercado permita una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas”.
Estas declaraciones fueron mal vistas por el Gobierno, que había creado una especie de organismo paralelo a la CNMV con presencia del CNI y del Ministerio de la Presidencia para vigilar las arteras artes de algunos inversores bajo sospecha, incluso de espionaje, por parte de Rusia o China. Me refiero a la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), dotada de poderes especiales para «recabar de cualquier administración, órgano, entidad u organismo público, así como de cualquier persona física o jurídica privada, la información que precise para el ejercicio de sus competencias”.
La acción de oro no es una acción, pero sí es de oro
Es más propiamente una reacción frente a las asechanzas extranjeras, la de los tiburones del dinero sin patria ni corazón, una pasión nacionalista que chocaba con la construcción de una Europa sin fronteras. En definitiva, las ‘golden share’, pues las finanzas hablan en inglés, son las prerrogativas de veto que se reserva el Estado para impedir opas indeseables establecidas cuando se inició la privatización de las grandes empresas en 1995, bajo un Gobierno socialista.
“Pedro Sánchez y Nadia Calviño han hecho caso omiso a la petición del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, quien pidió durante su intervención en el Spain Investors Day en enero del presente año que se retirara el régimen de autorización previa para las inversiones de fuera de España”
Una vez consumada la privatización total por el PP, quedaban vigentes las acciones de oro en distintas empresas con fechas de caducidad diversas: en Repsol YPF hasta febrero de 2006; en Iberia hasta febrero del mismo año; en Telefónica hasta febrero de 2006; y en Endesa hasta junio de 2007.
La acción de oro no es la única medida que se han reservado los Estados para evitar la caída de sus empresas emblemáticas en manos foráneas y sobre todo para preservarse del traslado de sus sedes. El efecto sede sigue considerándose importante, pues tiene implicaciones que afectan al tejido industrial nacional, a todo un conjunto de proveedores locales y, en definitiva, al empleo cualificado. Ningún Estado adopta una decisión que no pueda permitirse por mucho que lo exijan las organizaciones supranacionales a las que pertenece por lo que la decisión española responde al dinamismo de nuestras grandes empresas. Así lo han demostrado los bancos, que hacen una buena parte de su negocio más allá de nuestras fronteras donde ya tienen más negocio, beneficios y personal que en España.
