Crónica Económica / A.S.A ■
Su objetivo el marcar el rumbo y sobre todo volver a conectar con el electorado. Hasta tal punto que en el mismo pleno en el que se celebrará el debata sobre el estado de la nación incluirá la reforma del Poder Judicial y la Ley de Memoria.
Y es que, el Ejecutivo pasa por un momento trascendental que busca la supervivencia, en las mejores condiciones posibles, hasta el final de la legislatura, programado por Pedro Sánchez para el otoño de 2023. En el seno de la coalición se ha abierto una fisura, que tanto PSOE como Unidas Podemos se esmeran en cerrar, por el anuncio socialista de aumentar el gasto militar, decisión de la que se desmarca Unidas Podemos, sobre todo por la solución que se debe dar a la inflación en máximos o a la crisis migratoria.
“El Gobierno trabaja para conseguir la convalidación del decreto anticrisis, que fue acordado entre los miembros de la coalición ‘in extremis’ antes de su aprobación en el Consejo de Ministros del 25 de junio”
Se aprecia, además, un malestar entre los socios parlamentarios habituales, que representan el denominado bloque de la investidura, que empujan a Moncloa para que reconsidere dar un giro a la izquierda, de aquí a que acabe el año, “mejor antes que después”, dicen desde ERC, que frene el avance del apoyo electoral a los partidos de la derecha que reflejan prácticamente todas las encuestas.
En este escenario, el Gobierno es optimista y espera que debate del estado de la nación de la semana que viene sea una oportunidad que aproveche Sánchez para dar ese vuelco hacia las políticas más progresistas.
Pero, una de las partes más importantes, es que, y según anunciado el mismo Gobierno, el Ejecutivo intentará aprobar tres leyes fundamentales para ambos partidos y que recogían en su pacto de coalición: la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la reforma del Poder Judicial que busca la renovación del Tribunal Constitucional y el visto bueno del Decreto Anticrisis, que recoge un segundo paquete de medidas de carácter económico y también social para hacer frente a las consecuencias que para la población tiene la guerra de Ucrania.
PSOE y Unidas Podemos trabajan para conseguir el apoyo del bloque de la investidura. Y para ello, tras los malos resultados de las elecciones andaluzas, el Gobierno pisó el acelerador en la negociación de la ley de memoria, tras haberla aparcado durante meses y, sobre todo, se afana en conseguir el respaldo necesario para convalidar el decreto anticrisis, que fue acordado entre los miembros de la coalición in extremis antes de su aprobación en el Consejo de Ministros del 25 de junio.
El Ejecutivo espera sacarlo adelante en el Pleno del debate sobre el estado de la nación con el apoyo de los socios de investidura que, y a pesar de que opinan que se ha quedado corto, considera que es un paso importante que refuerza la agenda social para paliar las consecuencias de la elevada inflación.
El texto contempla medidas como la rebaja los abonos transporte, ayudas de 200 euros a familias vulnerables o la aplicación del impuesto a los beneficios de las eléctricas este mismo año.
A día de hoy, el decreto no tiene el apoyo del principal partido de la oposición, el PP, aunque la parte socialista del Gobierno no descarta que los de Núñez Feijóo se abstengan o, incluso, lo apoyen. “Nadie se puede permitir que un decreto de estas características cayese. Significaría que al día siguiente todas las medidas dejarían de estar en vigor”, señalaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“Ley de Vivienda, que ha enfrenado a PSOE y Unidas Podemos por los límites al alquiler, y la reforma de la ‘ley Mordaza’, en la agenda de estos próximos meses”
Para septiembre quedarán, algunos textos que han vuelto a enfrentar a PSOE y Unidas Podemos y que llegarán al Congreso en el nuevo periodo de sesiones que comenzará tras las vacaciones de verano, tal y como anunció el portavoz socialista, Héctor Gómez.
Se trata de la Ley de Vivienda, en la que, de nuevo, PSOE y Unidas Podemos se han enfrentado especialmente por los límites al alquiler, y la reforma de la ‘ley mordaza’, en tramitación desde hace tiempo por las diferencias entre los grupos parlamentarios.
El portavoz del PSOE ha explicado que las dos leyes están “muy avanzadas” y espera que salgan adelante, sin problema, en el nuevo curso político.
