Con Derecho a Réplica / José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea
El fantasma de la estanflación recorre de nuevo la Unión Europea. Un peligroso estancamiento económico tras una dura pandemia y las altas tasas de inflación pueden socavar de forma muy preocupante la recuperación económica que se percibía en los últimos meses en España y que todas las previsiones garantizaban para los próximos años.
Alemania, por su gran dependencia del gas ruso, ya está iniciando el camino dramático de la estanflación, con significativas caídas del Producto Interior Bruto y precios industriales creciendo casi al 30%. Si la oferta se redujese más por las sanciones y la persistencia del conflicto bélico, los precios seguirán subiendo con fuerza y toda la Unión Europea podría asomarse al precipicio.
El término estanflación ha vuelto al debate económico en todo el mundo para adquirir un protagonismo peligroso. La combinación de estancamiento y una elevada inflación nos retrotrae a la década de los 70 y 80 del siglo XX. En estos años, la inflación aumentó y siempre fue superior al crecimiento del PIB, lo que al final dio como resultado una fuerte recesión y un deterioro progresivo del mercado de trabajo con un aumento de la precariedad laboral y el desempleo.
Por desgracia, la invasión cruenta de Ucrania pone en serio riesgo la recuperación económica de España. Esta situación de incertidumbre afectará al conjunto de la actividad económica, que durante el mes de febrero mantuvo su dinamismo, pero ya en marzo se está percibiendo un impacto negativo por las subidas continuas de los precios del gas, la electricidad y el petróleo y la caída de exportaciones industriales.
El sector exportador, el industrial, los servicios, el transporte (más con el recrudecimiento de la actual huelga de camioneros) y las tareas ligadas a la cadena de distribución son las actividades que pueden verse más impactadas por la guerra, ante una inestabilidad que va a repercutir en el consumo, en la capacidad de compra y en el poder adquisitivo de los españoles.
Las consecuencias que veremos en los próximos meses dependerán del calado de la crisis de Ucrania, de un posible recrudecimiento del conflicto y de su alargamiento en el tiempo. Las previsiones de organismos internacionales sobre la guerra en Ucrania no son halagüeñas e indican que ya se cuentan por miles las bajas civiles y militares, existiendo ya 3,5 millones de refugiados.
La dinámica inflacionista y el incremento de los precios de la energía, que tendrá incidencia en toda la cadena de distribución, provocan en el corto plazo una aversión al riesgo en los mercados, lo que determinará un retroceso temporal en la confianza de empresas y consumidores europeos, porque el miedo y la incertidumbre son letales para las decisiones de consumo e inversión.
Las mayores turbulencias se están dando en el coste de la energía ya que Rusia suministra alrededor del 40% del gas que se consume en Europa. La subida del coste de vida, cuyo origen está precisamente en el notable incremento de los precios de la energía, recorta los salarios reales y restringen la demanda y el consumo.
Quizás es el momento de reivindicar el “patriotismo europeo», que ayude a fortalecer los vínculos entre países, aunque también es necesario algo más que proclamas huecas, exigiendo a los políticos y gobernantes una respuesta para frenar la escalada de los precios de la energía. El próximo Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo no puede perder más el tiempo y debe reaccionar de forma clara y definitiva para proteger a ciudadanos y empresas. España está defendiendo la necesidad de lograr la autonomía estratégica de la UE y, para ello, los 27 Estados Miembros tienen que cambiar ya el actual mercado de precios de la energía, separando y desacoplando el precio del gas de la electricidad, realizando compras conjuntas, diversificando el suministro energético y apostando por las energías renovables en el marco de una transición verde y digital.
El aumento del PIB español en el cuarto trimestre de 2021 indica que el proceso de recuperación continúa, pero los niveles precrisis no se alcanzarán hasta 2023 ó hasta 2024 si la situación sigue deteriorándose. En este sentido, la caída del consumo de las familias, el deterioro de las exportaciones de bienes, el aumento de los costes empresariales y la notable caída acumulada de la productividad son elementos preocupantes a tener muy en cuenta.
Las perspectivas para la economía española en 2022 ya no son tan favorables porque están sometidas a una gran incertidumbre provocada por la guerra, existiendo serios riesgos que van a afectar de lleno al sector empresarial, como son el encarecimiento de las materias primas, los cuellos de botella, las subidas de costes laborales y los cambios regulatorios.
En España se precisa un «pacto de rentas» para paliar las subidas de precios, siguiendo la senda de los Pactos de la Moncloa que se firmaron en 1977, que supusieron que los trabajadores sacrifiquen parte de su poder adquisitivo y los empresarios parte de sus beneficios. Pero a mi juicio deben ser las empresas eléctricas quienes más contribuyan a este compromiso solidario para salir de esta crisis que corre el peligro de alargarse en el tiempo. Este pacto de rentas debe acompañarse de políticas macroeconómicas que reduzcan la incertidumbre, gestionando de forma ágil los fondos europeos Next Generation, mejorando la competitividad y la productividad de las empresas mediante la digitalización de la economía, fomentando la formación con contratación y el aprendizaje permanente, promoviendo la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo e impulsando el diálogo social y la negociación colectiva.
