El espionaje satura a los ciudadanos, hartos de la crispación

Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez ■

La crispación política a cuenta del espionaje multiplica los decibelios del Parlamento –ya de por sí caldeado–, cuyos reproches llegan a una opinión publica harta de enfrentamientos. Hace ya demasiado tiempo que la ‘política’ –en general– lleva enquistada como la principal preocupación ciudadana, tras el paro, la economía y el Covid. Así, no es de extrañar que los estertores del ‘caso Pegasus’ y el cruce de acusaciones generado hayan colmado la paciencia de la calle en la que nueve de cada diez ciudadanos se consideran hartos del enfrentamiento, según el CIS. El 92,2% de los encuestados exige a los partidos alcanzar pactos de Estado, con el 80% preocupado por el tono de los debates y el 62,5% culpando de la actitud a Sus Señorías. La inmensa mayoría (89,7%) sostiene que sus representantes políticos están obligados a alcanzar grandes acuerdos y reclaman un debate público menos crispado (90,4%).

El ‘caso Pegasus’ se enquista

Mientras tanto, el Congreso se resiste a poner sordina a la destitución de la directora del CNI –defendida por la ministra de Defensa hasta el final–, que lleva camino de enquistarse al afectar no sólo a la seguridad del Estado, sino a la credibilidad del Gobierno. Margarita Robles niega que en España se investigue a nadie por sus ideas políticas, mientras su socio de coalición,Podemos, insiste en considerar el espionaje como “un escándalo mayúsculo” y exige limpiar las cloacas del Estado.

Lo que Sánchez reconoce como un “fallo grave” por las escuchas al independentismo y al propio Ejecutivo –el presidente y los ministros Robles y Marlaska–, pero sus explicaciones aplacan a duras penas la ira de una parte de los afectados, con el encono aun mayor de la oposición. Feijóo acusa al presidente de debilitar al Estado en busca de su supervivencia, mientras éste tilda al PP de “desgracia para la democracia”. En referencia al partido conservador, el jefe del Ejecutivo asegura además que «los mangantes” ya no están hoy en el Gobierno, lo que replica la portavoz ‘popular’, Gamarra, asegurando que el presidente “representa la degradación absoluta de la política” por ceder ante el independentismo y hacerlo más fuerte. Aun así, Sánchez se compromete a comparecer ante la Cámara a finales de mes para aclarar las actuaciones del Gobierno desde que estalló el espionaje y reitera que agotará la legislatura con «estabilidad» y el aliento de grupos como el PNV que pide ‘aguantar’, con el aviso al PP de que no cuente con él si gobierna con Vox.

Los deberes de Podemos

Desde Unidas Podemos, su portavoz Echenique pone nombre a las acciones políticas y legislativas que Sánchez debe llevar a cabo para “regenerar el Estado” y las garantías de que lo ocurrido no vuelva a pasar: depuración de responsabilidades en los organismos, desclasificar documentos, vía libre a la comisión de investigación y otras reformas legislativas para derogar la ley Mordaza, desbloquear la Ley de Secretos y reactivar de la Ley de Libertad de Expresión. En parecidos términos se pronuncia el diputado Rufián, para quien se ha producido una brecha de seguridad y dejación de funciones de algunos miembros del Ejecutivo, como la ministra Robles, de quien cree que sus colegas de gabinete la miran de reojo tras pasar de exjueza progresista a representar a la parte más ‘rancia y conservadora’ del PSOE. La diputada Nogueras –de Junts– se pregunta quién es la ‘X’ del espionaje por el que debe haber más responsabilidades.

El baúl de los secretos oficiales

El Gobierno sopesa levantar el secreto total o parcial de las autorizaciones que motivaron el espionaje para apaciguar al secesionismo.  El compromiso del ministro Bolaños para reformar este mismo año la Ley de Secretos Oficiales de 1968, entierra la proposición de Ley del PNV, que duerme en el baúl de iniciativas del Congreso tras veinte meses de aplazamiento. La histórica reivindicación nacionalista propone levantar el secreto de documentos clasificados en un plazo de 25 años y diez para las materias reservadas.

La reforma de la Ley de Secretos del franquismo (1968) es una asignatura pendiente de la democracia tras las propuestas fallidas de González en 1990, y de Aznar en 1996. El gGobierno de Sánchez evalúa su propia reforma para hacer públicos los documentos con plazos diferentes, sujetos a cautelas según el grado de protección y nivel de secreto. La desclasificación de información, vetada todavía a la opinión pública, afecta a multitud de cuestiones de la dictadura, pero también a la Transicion, golpe de Estado fallido del 23-F, asesinatos de los GAL, venta de armamento a dictaduras y a otros regímenes como Arabia Saudí o Emiratos Árabes además de a los viajes del Rey y del presidente del Gobierno.

La Ley de Seguridad Nacional continúa su tramitación en la Cámara, con el rechazo de los partidos independentistas (ERC y JxCAT) por ‘vulnerar’ derechos fundamentales de la Constitución, y el apoyo del PP pese a los “insultos” de Sánchez a la formación, que no considera el mejor camino para llegar a acuerdos de Estado.

Lapidario

«No hay una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto».

 Felipe Sicilia, portavoz del PSOE (un día antes de su cese).

Nombres Propios

Iglesias contra Díaz

La primera andadura electoral impulsada por la vicepresidenta del Gobierno comienza con mal pie. Pablo Iglesias califica de ‘vergüenza’ la elección a dedo y sin primarias de los candidatos de la confluencia de izquierdas en Andalucía, señalando a la ministra de Trabajo. La estratégica alianza para fidelizar hasta el último voto ‘progresista’, más allá del Psoe, se salda con una coalición de cinco formaciones, más Podemos, que se incorpora como formación independiente y sin derecho a subvención. Diaz impone a su candidata oficial a la presidencia andaluza –Inmaculada Nieto– frente al diputado podemita Juan Antonio Delgado. Para más inri, la marca Por Andalucía ya fue registrada por el PP de Málaga en 2021.

Enterradores del castellano

Hasta Cervantes quedaría estupefacto por la estrategia de los nuevos inquisidores para desterrar la principal lengua del Estado. El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) conmina a la Generalitat a cumplir en quince días la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. El Supremo ya consideró en 2020 que el uso vehicular del castellano es “residual” en el sistema de enseñanza catalán. Baleares –con su presidenta a la cabeza– sigue la estela de Cataluña al suprimir el castellano como lengua vehicular en las aulas. El Tribunal de Justicia valenciano rechaza por vez primera la posibilidad de dar el 60% de clases en valenciano y fija un criterio de enseñanza equilibrado.