Crónica Mundana / Manuel Espín ■
El viejo debate sobre el ‘orden/desorden/justicia/injusticia’ salta a primer plano en la situación que vive El Salvador en las últimas semanas, con las cifras más altas de homicidios en menos tiempo y las respuestas desde el poder que incluyen medidas como las detenciones sin orden judicial y las amenazas a la prensa respecto a ciertas informaciones molestas sobre las supuestas negociaciones entre las organizaciones delincuentes y las instancias gubernamentales. Las dimensiones del impacto de esa violencia en la vida cotidiana se comprueban con estas cifras. En un territorio de 21.400 kilómetros cuadrados, algo menor que la superficie de la Comunidad Valenciana, con más de 6.500.000 habitantes, en lo que es uno de los territorios más poblados de América, se han llegado a producir en solo un fin de semana de mayo hasta 87 homicidios, con una elevadísima tasa de criminalidad que se atribuye a las maras, organizaciones de delincuentes que actúan como poderes paralelos, que se desenvuelven en el narcotráfico, el contrabando, el robo, la extorsión o el asesinato por encargo a través de los sicarios. Algunas maras se extienden fuera del territorio de esta república y se implantan en zonas de Centroamérica y el norte del continente en forma de crimen organizado.
“El Salvador se enfrenta a una ola de violencia tras la inicial ‘pacificación’ de Bukele a la que se responde con detenciones sin orden judicial y controles a la prensa”
La gravedad de la situación se volvió a poner en evidencia estos días con 70 muertos en una sola jornada, lo que presenta al país como uno de los escenarios más violentos del planeta sin haberse declarado una guerra. La respuesta del presidente Bukele ha consistido en un endurecimiento de la normativa con la declaración del estado de excepción, en una situación en la que a miembros de ejército y la policía se les otorga el derecho a disparar sin dar explicaciones, y a detener y capturar pandilleros aunque éstos ya no pertenezcan a las bandas. Se han descrito situaciones de detención sólo por llevar tatuajes. En los últimos días más de 30.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción. Se han aumentado las penas de cárcel por pertenecer a una mara, con la posibilidad de que niños que han cumplido doce años reciban el mismo tratamiento penal de los adultos. Las detenciones sin orden judicial se han multiplicado bajo esta situación de excepción que pone patas arriba las condiciones de un Estado de Derecho.
Bukele es un político de difícil ubicación en una referencia política. Se presentó al frente de una Gran Alianza por la Unidad Nacional donde había tintes de nuevo populismo y neoconservadores, frente a los anteriores gobiernos, de la derecha radical y de la izquierda contaminados por la corrupción. Con una gran capacidad de comunicación, fue uno de los mandatarios que mejor explicó la crisis del Covid-19 a sus ciudadanos a través de intervenciones en los medios donde no necesitó leer textos previamente escritos. Tras su llegada al poder en 2019 mejoró la situación de la violencia, con un descenso en las tasas de homicidios a cargo de las maras y la delincuencia común. En los últimos meses la situación ha revertido con los más altos datos de muertes diarias conocidas hasta ahora.
En su momento, y hoy todavía más, planea una sospecha no demostrada sobre supuestos acuerdos en 2020 con responsables de las maras que vendrían a justificar la caída de los crímenes en aquella época. En los últimas semanas algunos medios han recogido supuestas informaciones sobre negociaciones de funcionarios de la Administración que en su momento negociaron con líderes de las maras, con la consiguiente sanción de Estados Unidos por mantener ese tipo de contactos con bandas. Portavoces de las maras afirman ahora que el estallido es la respuesta al incumplimiento de los acuerdos de hace dos años.
Ahora todo empeora hasta extremos insoportables para la convivencia cotidiana, a lo que el Gobierno responde con una extrema dureza en la represión a lo que se une la gravedad en la situación de las cárceles, donde los reclusos se ven sometidos a duras condiciones de supervivencia. El estado de excepción y las detenciones sin orden judicial, con la posibilidad de que militares y policía actúen sin tener que dar explicaciones, inquieta a las organizaciones de derechos humanos. También a la prensa, a la que se le impone un régimen severo de control especialmente en temas relacionados con las maras y el orden público. Mientras, en algunas redacciones gravita la sospecha sobre el alcance de los presuntos pactos que en otro momento se pudieron llevar a cabo con las maras, y cuya ruptura explica el presente estallido de violencia. Pactos que Washington siempre rechaza.
Dentro de este confuso panorama, Bukele, un hombre con reacciones rápidas, ha salido al paso de la elevación de precios tras el inicio de la guerra en Ucrania con la eliminación de impuestos a la gasolina, lo que ha dado lugar a lecturas muy distintas. El dilema tan habitual en otras sociedades enfrentadas a la violencia o al terrorismo de responder con medidas excepcionales que eliminan garantías y derechos ciudadanos está muy presente en esta crisis, en la que se enfrentan posiciones diferenciadas, entre aquellos que defienden que un Estado de Derecho no puede atravesar una línea roja que lo haga confundir en métodos con los usados por los delincuentes, y que a la violencia o al terrorismo no se les debe combatir con la violación de derechos humanos; y aquellos para quienes la prioridad es la imposición del orden a cualquier precio aunque se sacrifiquen los derechos de ciudadanía.
“En un solo fin de semana se han producido 87 homicidios, lo que da la medida del problema”
En la presente situación de El Salvador habría que reclamar la intervención de instancias que favorezcan una moderación en el conflicto, pensando que la lucha contra la delincuencia y la violencia sacrificando libertades ciudadanas e imponiendo un régimen de severa restricción que afecta a los medios y a la libertad de expresión, sienta un mal precedente que pone en entredicho al Estado de Derecho. En estos momentos, El Salvador necesita un gran pacto y apoyo a escala interior y exterior para combatir esa delincuencia, pero sin que ello suponga la renuncia a los derechos y libertades de la ciudadanía. La opinión pública internacional debe poder manifestarse ante ese dilema moral en el que la posible eficacia de las acciones contra el delito se realiza a costa de la supresión de derechos. Un debate que ya estaba presente entre los teóricos clásicos y del mundo moderno, y que ahora vuelve a actualidad, como ya lo estuvo en otras sociedades en las que el terrorismo llegó a ser una lacra.
