Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
El Congreso se adelanta a respaldar las medidas de gracia para “reconducir el conflicto catalán” -con 190 diputados- frente a la moción de rechazo del PP, a pesar de ser una prerrogativa gubernamental. El Gobierno prepara el indulto inminente a los condenados del procés que Sánchez califica de necesarios para construir la convivencia y Casado considera que creara frustración. La mayoría de los grupos reclaman la rebaja del IVA para paliar la “desorbitada” subida de la luz que deja a los consumidores “a dos velas”. La cámara da el primer paso para despenalizar las injurias a la Corona.
El indulto a los condenados del procés continúa centrando el debate parlamentario tras su aprobación inminente por el Consejo de Ministros y la comparecencia posterior en el Congreso de Sánchez. No es la única preocupación de sus señorías, y sobre todo del Gobierno, que tiene que hacer frente al enojo social por la subida de la luz y la distribución -por fin- de las ayudas europeas. La propia presidenta Von der Leyen avala el plan de recuperación enviado a Bruselas por el ejecutivo que califica de “desafío y oportunidad histórica”. Sánchez convocará la Conferencia de Presidentes autonómicos antes del verano para abordar el reparto de los fondos que España comenzará a recibir en agosto -9.000 millones- de los 69.500 m a fondo perdido para el periodo 2021-26, además de los 70.000 de ayudas con condiciones favorables.
Aval a los indultos
La medida de gracia seguirá teniendo consecuencias políticas, a corto y medio plazo, tanto dentro como fuera del hemiciclo con movimientos que prepara la coalición gubernamental. La primera es la estrategia de allanar la «el reencuentro» con Cataluña para evitar la “parálisis y el enfrentamiento”, en palabras del presidente del Gobierno. Tanto Psoe como Podemos han comenzado a reforzar la mayoría de apoyo al Ejecutivo para contrarrestar el rechazo de la oposición y blindar las leyes pendientes, incluidos los Presupuestos para 2022 que casi podrían completar la XIV legislatura. De momento, el denominado bloque de investidura (ERC, PNV, Junts, PDeCat, EH Bildu, Más País y Compromís) se adelanta a respaldar las medidas de gracia para “reconducir el conflicto catalán” con 190 diputados, frente a la moción de rechazo del PP a pesar de ser una prerrogativa gubernamental.
Sánchez acusa al líder de la oposición de usar al Rey y la Constitución para «dividir a los españoles» y Casado le replica que «no se puede caer tan bajo» por su «ambición patológica de poder». Abascal cree que el indulto le sitúa en la “ilegalidad» y Arrimadas ve solo un “instinto de supervivencia”. Cual aviso a navegantes, la portavoz catalana de Junts (Nogueres) advierte que quien crea que el conflicto va camino de resolverse “no ha entendido nada”.
Sedición y nuevo Estatut
En paralelo, avanza la reforma del delito de sedición con beneficios para los protagonistas del referéndum ilegal de 2017, en especial a su principal gestor, el ex presidente Puigdmont, junto a otros altos cargos huidos a Europa (los exconsejeros Serret, Comín, Puig y Ponsatí y la ex portavoz de la CUP, Gabriel). De prosperar la reducción de penas por esta vía que agiliza el ministro Campo, el alto Tribunal perdería la posibilidad de adaptar las condenas con la nueva legislación. La reforma también abre la puerta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la revisión de las condenas con los recursos de dos de los sentenciados –Cuixart y Turull– presentadas ante el TEDH de Estrasburgo.
En la mesa de diálogo con la Generalitat, el Gobierno rescata su apuesta federal de la «nación de naciones», y la posibilidad de un nuevo Estatut para Cataluña votado en referéndum. El ministro de Política Territorial defiende el acuerdo sobre un “autogobierno sólido y una financiación más justa” que tome la forma de Estatut. Según Iceta, “es mejor el acuerdo que la ruptura», mientras Moncloa defiende «hablar de todo» y rescatar incluso la vía federalista de más autogobierno y la reforma del sistema de financiación.
Subida de la luz
Ante la “desorbitada” y “abusiva” subida de la luz, la ministra de la Transición Ecológica estudia suspender impuestos como el IVA junto a una «reforma seria” de la fiscalidad energética, de manera “excepcional”. Ribera aprueba que las empresas e inversores tengan rentabilidad, pero no ve razonable que esto “lo paguen los consumidores más débiles». Para la vicepresidenta y ministra de Trabajo (Diaz) la culpa de la subida la tiene el “oligopolio” del sector y las “puertas giratorias”. La oposición también exige rebajar el IVA del recibo de la tarifa y eliminar el impuesto sobre la producción para no dejar a los ciudadanos “a dos velas”. La popular Carmen Riolobos insta al ministro de Consumo (Garzón) a defender a los ciudadanos en lugar de a las eléctricas. Podemos propone reducir el IVA del 21% al 10% de forma permanente.
Delito de expresión e injurias al Rey
La cámara da el primer paso para “proteger la libertad de expresión” y despenalizar los delitos de opinión e injurias a la Corona, símbolos del Estado, delitos contra los sentimientos religiosos y enaltecimiento del terrorismo. La iniciativa de Podemos –apoyada por Psoe, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, PDeCAT, CUP y Más País- pretende modernizar un Código Penal con “rémoras franquistas”. No lo ve así la oposición que reprocha buscar la “impunidad” de raperos como Hasel o Valtonyc y quienes queman la bandera nacional o apoyan a ETA. El peneuvista Mikel Legarda, advierte que «la prevalencia de la libertad de expresión ha de ceder si atenta contra otros derechos como el “honor, la intimidad o la propia imagen«.
Lapidario
“Es una especie de narcosala de la ultraderecha en la que se va a repartir metadona de la mala”
Gabriel Rufián. Portavoz de ERC (sobre la concentración ciudadana de Colon)
Nombres Propios
El PNV exige más
El PNV advierte que «los indultos son insuficientes» y anuncia que en otoño reactivará su propuesta soberanista vasca por un pacto entre Euskadi y el resto de España en términos de igualdad que iría mucho más allá del Estatuto de Gernika. El aviso proviene del presidente del partido jeltzale (Ortuzar) que considera que ni Cataluña ni Euskadi pueden quedar dentro del Estado español con la sensación de estar “subyugadas”. Los nacionalistas vascos dan por superado su respaldo a Sánchez a cambio de competencias, con un nuevo trato preferencial en el reparto de fondos europeos para liderar el frente conjunto con el gobierno y el apoyo de ERC.
Moreno quiere diálogo bilateral
El presidente de Andalucía no descarta solicitar su propia mesa bilateral con el Gobierno, aunque no para tratar asuntos de “deslealtad” al marco constitucional sino de interés general. Entre ellos, el, reparto de fondos para paliar la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia que también afecta a la comunidad más poblada de España. Como el resto de autonomías, Juan Manuel Moreno exige conocer cuál será la proporción del reparto de fondos, tipo de proyectos, mecanismos y gobernanza en el ámbito autonómico, estatal y con los ayuntamientos. Sánchez recibe al mandatario andaluz dos años y medio después de su toma de posesión.
