Luis Carlos Ramírez
PSOE y PP ponen fin a la bochornosa interinidad de los órganos del Estado, Poder Judicial y Tribunal Constitucional junto a la RTVE además del Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, todavía objeto de vetos y negociación. El primer gran acuerdo de legislatura del bipartidismo calma la caja de los truenos del Parlamento.
La tregua entre Sánchez y Casado sirve al presidente para demandar un “centroderecha importante” y al líder del PP para “trabajar juntos”. La ‘guerra’ del Gobierno de coalición continúa creciendo después de los desaires de Iglesias, las afrentas contra la Monarquía o los desencuentros legislativos.
El primer gran acuerdo de legislatura del bipartidismo –que algunos se empeñan en derribar y hasta enterrar– calma de manera momentánea la caja de los truenos en que se ha convertido el Parlamento, al tiempo que devuelve la estabilidad (y credibilidad) de las instituciones del Estado. Ello, a pesar del reparto de cargos exigido por Podemos, PNV y otras formaciones minoritarias y las críticas de Ciudadanos y Vox por perpetuar la práctica consuetudinaria –o derecho de pernada– de los partidos empeñados en tutelar mediante cupos y listas su designación por el Congreso y el Senado.
PSOE y PP ponen fin, así, a la bochornosa interinidad de los principales órganos de la judicatura, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, junto a la radiotelevisión del Estado (RTVE) además del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, todavía objeto de negociación.
Guiños de Sánchez y Casado
El idilio o tregua forzada entre Sánchez y Casado sirve al presidente del Gobierno para rescatar los guiños al líder de la oposición, a quien asegura no ser su “adversario”. Es más, confiesa no alegrase de que le vaya mal al PP –“ni en Cataluña ni en España”– ante la necesidad de consolidar un “centroderecha importante” distanciado de la derecha extrema. Tales piropos los complementa la vicepresidenta Calvo, al precisar que la relación con el Partido Popular “está en otro momento”.
Casado acepta el envite para “trabajar juntos”, ensanchar el espacio de la moderación y “hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar”. El líder del PP se reafirma, sin embargo, en su dura crítica de oposición al Gobierno “más radical” por sus pactos con el independentismo y los “albaceas de ETA” que se jactan de incitar la “violencia callejera”. Además le exige celebrar un debate del Estado de la Nación después de tres años en el poder. Peor relación mantiene Casado con Abascal, con el que reafirma su ruptura –de la que no se retracta–, mientras éste le amenaza con presentar una nueva moción de censura para que se retrate.
Renovación de instituciones
La renovación del Consejo del Poder Judicial se ultima con la inclusión de diez consejeros consensuados por el Gobierno, incluidos ocho para del PSOE y dos para Podemos, y otros diez a propuesta del PP, incluido un candidato del PNV. La exigencia de Casado de despolitizar el órgano de los jueces se convierte en líneas rojas a candidatos vinculados al partido de Iglesias como Victoria Rosell o José Ricardo de Prada: la primera, exdiputada por Las Palmas y el segundo magistrado de la sentencia del ‘caso Gürtel’ que propició la moción de censura contra Rajoy. Sin embargo, deberá transigir con la candidatura de Ignacio Espinosa, tío del actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, expresidente del Tribunal de Justicia de La Rioja y actual magistrado que Podemos considera como “cuota”.
De la renovación votada esta semana tanto en el Congreso como el Senado para completar el Consejo de la Radiotelevisión Pública (RTVE) sale la elección del administrador único en calidad de director general –el periodista y catedrático José Manuel Pérez Tornero– y otros nueve consejeros. Falta por concluir la elección del Defensor del Pueblo en la persona del socialista Ángel Gabilondo y la sustitución de los cuatro magistrados salientes del Tribunal Constitucional –incluidos su actual presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca– cuyo cupo consensuaran también PSOE y PP. Candidatas ‘in péctore’ a presidir el Alto Tribunal serían las magistradas Clara Martínez de Careaga, Pilar Teso y Ana Ferrer.
Decibelios en la coalición agrietada
Lo que no tiene visos de amainar es la guerra entre ambos ‘socios’ del Gobierno de coalición que continúa ensanchándose después de la violencia callejera alentada desde Podemos, las afrentas contra la Monarquía o los desaires legislativos que cortocircuitan su funcionamiento. La hartura de ministros deseosos de acabar con las afrentas desleales se suma a las amenazas de dimisión de otros colegas independientes, como Escrivá, que no ven visos para reconducir el pacto de colaboración y autonomía sellado por Sánchez e Iglesias. El presidente se niega a tirar la toalla en público reiterando que “son más” los asuntos que unen a PSOE y Unidas Podemos que los que los separan, de ahí su “satisfacción” con la marcha de la coalición durante el año largo de legislatura y la petición de bajar los «decibelios» de sus diferencias. Iglesias pide no “tensionar” la relación con incumplimiento de pactos –como la regulación de alquileres– cuyas líneas rojas no piensa aceptar.
Covid: vacunación y ayuda millonaria
Sánchez rinde cuentas de la gestión de la pandemia con autocrítica por levantar antes de tiempo las restricciones sanitarias, el compromiso de vacunar al 70% de la población a final de verano y la inyección de ayudas de 11.000 millones para restañar las pérdidas de empresas y autónomos que Casado le exige elevar a 50.000 millones.
Lapidario
“Siento rechazo frente a las actitudes incívicas. No se juzgan instituciones, se
cuestiona el comportamiento de una persona”
Pedro Sánchez (tras la segunda regularización fiscal del Rey
Emérito por sus viajes privados).
Nombres Propios
Tocata y fuga de Puigdemont
Al fugado expresidente de la Generalitat le queda poco tiempo para que el Parlamento Europeo le retire la inmunidad en espera de la decisión de los tribunales belgas para ser juzgado por los delitos de desacato, malversación y sedición. En idéntica situación se encuentran los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que la Comisión correspondiente ya ha votado la retirada de sus prerrogativas tras la euroorden española por la declaración de independencia de Cataluña del 14 de octubre. La iniciativa cuenta con el apoyo de PP, PSOE, Cs y Vox. Los afectados instan a la Cámara a no sucumbir a la “presión española”.
Frentes judiciales de Podemos
La Audiencia de Madrid exige reabrir la investigación sobre la supuesta ‘caja B’ de la formación revocando el archivo del juez instructor ante los “indicios de posible comisión de delito” en la presunta administración desleal del Fondo de Solidaridad del partido. La Fiscalía pide investigar a su vez el uso como niñera de una asesora del Ministerio de Igualdad por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. A su vez, Podemos ve nula la investigación a su antiguo fundador –Monedero– por el ‘caso Neurona’ que indaga otro presunto fraude electoral y/o financiación irregular en los comicios de 2019.
