Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
Sesenta años después del primer asesinato de la banda terrorista, ETA provoca el ultimo chantaje a la democracia que pretendió destruir. El Parlamento es incapaz de consensuar –entre desavenencias– una nueva declaración de condena del terror, mientras Sánchez niega el trueque de Presupuestos por presos y la exigencia de Casado de romper su ‘pacto’ con EH Bildu. El bipartidismo aparca por unas horas su enfrentamiento y cierra el primer acuerdo de legislatura, mientras la inhabilitación del diputado Rodríguez enfrenta a la presidenta Batet con el Supremo
El macabro aniversario del fin de la banda terrorista que puso en jaque a la democracia y hasta la misma Transicion (864 asesinatos, 6.389 heridos, 77 secuestros, 324 muertes sin resolver, junto a miles de amenazas y extorsiones) vuelve a distanciar a las formaciones políticas, incapaces de consensuar una declaración del Parlamento para condenar la sanguinaria violencia de ETA. PSOE y PP abortan un pronunciamiento institucional por considerar politizado el asunto, mientras Sánchez y Casado se echan en cara la utilización del terrorismo como arma arrojadiza.
El presidente asegura «rotundo» que no habrá trueque de Presupuestos por presos, descartando excarcelar a 200 etarras a cambio del apoyo de Bildu y sus cinco diputados a las cuentas de 2022, como asegura el dirigente de la formación Arnaldo Otegi. Sánchez va mucho más allá al reiterar que el PSOE “nunca” ha utilizado el terrorismo cuando existía ETA y que nunca lo utilizará. PP, Vox y Ciudadanos arremeten contra el Ejecutivo por “apoyarse” en la izquierda ‘abertzale’, con Casado exigiendo rechazar sus votos y la ruptura de un pacto que Abascal considera el de las “cuentas” de ETA.
El Gobierno rebaja, con acierto, el entusiasmo socialista de Patxi López tras el anuncio del condenado Otegi de “sentir” el dolor de las víctimas por los atentados terroristas, a quien la ministra portavoz (Isabel Rodríguez) advierte que lo que debe hacer es “pedir perdón” y condenar los homenajes etarras al salir de las cárcel. Mas tajante, la titular de Justicia (Llop) advierte que “los ciudadanos no seremos iguales” mientras haya ‘ongi etorris’ con exaltación de los etarras salidos de la cárcel y la humillación a las víctimas. En el mismo sentido se pronuncia el ‘lehendakari’ Urkullu, al considerar “insuficientes” los gestos, “mientras la oposición ve una “broma macabra repugnante“ el supuesto dolor del dirigente de Bildu.
El diputado Rodríguez y la renovación del TC
El bipartidismo aparca por unas horas su enfrentamiento y cierra el primer acuerdo institucional de legislatura que deja al resto de partidos como convidados de piedra, salvo Podemos. El socialista Ángel Gabilondo será el nuevo Defensor del Pueblo y la diputada popular Teresa Jiménez Becerril, su adjunta, mientras los magistrados Ramon Sáez (próximo a Izquierda Unida), Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, además del catedrático Enrique Arnaldo, serán nuevos miembros del Tribunal Constitucional a propuesta de PSOE y PP. El ministro Bolaños y el secretario general popular García Egea califican de “satisfactorio” el acuerdo que da pasos en el “reforzamiento de las instituciones” del Estado. El reparto de cargos también, para renovar el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos, aparca sin embargo la remodelación definitiva del Consejo del Poder Judicial por la exigencia de Casado de cambiar la elección de los vocales para que doce de sus 20 integrantes sean elegidos directamente por los jueces en lugar del Parlamento, lo que rechaza el Gobierno.
Mas bochornoso y polémico es culebrón del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que perderá finalmente su escaño tras la condena del Supremo por atentado a la autoridad. Las maniobras del socio del gobierno para evitarlo –con amenaza de llevar el asunto a la Corte de Estrasburgo– provoca nuevas acusaciones entre los partidos y la rocambolesca demora de la presidenta Batet para acatar el auto del Tribunal. La oposición acusa a Unidas Podemos de practicar «groseras presiones antijurídicas» para impedir la inhabilitación, y de ejercer una actuación torticera cercana a la “prevaricación” que ha permitido que el Supremo haya dado un tirón de orejas al Parlamento.
Para que nada falte, el desfile de altos cargos ministeriales por la Cámara para explicar los Presupuestos se tiñe de recelos por algunos socios del Gobierno como ERC, PNV o incluso Bildu que preparan sus exigencias sin descartar enmiendas de totalidad.
El melón constitucional nace trufado
La intención del presidente de abrir el melón constitucional con todas las consecuencias, sin descartar incluso la inviolabilidad de la Corona de “otra época”, nace más que varada. La designación del ministro Bolaños como secretario para la Reforma de la Constitución y Nuevos Derechos de la Comisión Ejecutiva socialista, abriría la puerta a incorporar nuevas prerrogativas ciudadanas relacionados con la salud o el medio ambiente o incluso la discriminación positiva o la sucesión monárquica. La iniciativa necesita –obligatoriamente– el concurso del partido de Casado, al que Sánchez pide recuperar la “responsabilidad de Estado” y priorizar los intereses del país. Cualquier reforma constitucional requiere una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento, imposible sin el ‘quorum’ del bipartidismo PSOE-PP. La estrategia de calado para ‘modernizar’ la ley de leyes exige la convocatoria de elecciones: su aprobación por dos tercios de las Cortes, la disolución del Parlamento, nuevos comicios, una segunda ratificación por las dos Cámaras y, finalmente, referéndum.
Lapidario
“Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, los votamos”.
Arnaldo Otegi, dirigente de EH Bildu y ex miembro de ETA.
Nombres Propios
El cannabis debe esperar
El Congreso rechaza legalizar el cannabis como propone Mas País –junto a ERC y Podemos– para permitir un consumo lúdico en la calle, con tiendas especializadas. Con el voto en contra de PSOE, PP y Vox, y la abstención de PNV, la Cámara pretende abordar sin embargo un uso terapéutico e integral en un debate en la subcomisión creada al efecto. La formación de Abascal se opone a que España se convierta en “un narcoestado” o que los jóvenes vayan “drogados, atolondrados y carentes de criterios” por las políticas progres. El portavoz de UP (Echenique) ve a la sociedad española «madura» y a la industria del cannabis “pujante”, para generar empleos y millones de retorno al Estado vía impuestos.
Esperpento Villarejo
El excomisario de policía imputado por la Audiencia Nacional en al menos seis causas de espionaje político, económico y empresarial –por las que se enfrenta a 110 años de cárcel–, vuelve a provocar el esperpento en la comisión Kitchen que investiga la corrupción del PP. Sus señorías le reprochan las “medias verdades”, argumentos que “no casan” o incluso “invenciones” sobre asuntos espinosos como la responsabilidad del expresidente Rajoy, utilización de fondos reservados, los GAL o las fichas secretas sobre personalidades. Una denominada ‘operación Farinelli’ habría servido –según Villarejo– para inyectar hormonas e inhibidores de testosterona al rey Juan Carlos “para rebajarle la libido”.
