Con Derecho a Réplica / José Manuel Corrales, profesor doctor de Economía y Empresa de la Universidad Europea
El Banco Central Europeo (BCE) con la subida de tipos de interés y su negativa a comprar más deuda da una vuelta de tuerca en su política restrictiva que contradice los estímulos aplicados hasta ahora para superar la crisis provocada por el Covid-19. Ademas el “general invierno” en la guerra de Ucrania galopará a sus anchas por Europa a partir de septiembre, ya que los cortes de suministro energético que ya sufren Polonia, Bulgaria y Finlandia se pueden hacer extensivos a otros países. Estas son dos noticias negativas que nos colocan en un escenario socioeconómico muy delicado y que abre peligrosamente la puerta a la estanflación en Europa.
A principios de marzo en estas mismas páginas señalaba que el fantasma de la estanflación recorría de nuevo la Unión Europea. Por desgracia ese fantasma está hoy más cerca de convertirse en triste realidad. Como ya indicábamos hace cuatro meses, un peligroso estancamiento económico tras una dura pandemia y las altas tasas de inflación podían socavar de forma muy preocupante la recuperación económica. Alemania, Francia e Italia ya están iniciando el camino con aplanamientos o incluso caídas del Producto Interior Bruto en el primer trimestre de 2022.
El término estanflación ha vuelto al debate económico en todo el mundo para adquirir un protagonismo peligroso. La combinación de estancamiento y una elevada inflación nos retrotrae a la década de los 70 y 80 del siglo XX. En estos años la inflación aumentó y siempre fue superior al crecimiento del PIB, lo que al final dio como resultado una fuerte recesión y un deterioro progresivo del mercado de trabajo con un aumento de la precariedad laboral y el desempleo.
Ya decíamos a finales de febrero que el inicio de la invasión de Ucrania ponía en serio riesgo la recuperación económica y que esta situación de incertidumbre afectará al conjunto de la actividad económica, por el impacto negativo de las subidas continuas de los precios del gas, la electricidad y el petróleo y la caída de las exportaciones industriales.
En este contexto la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés y dejar de comprar deuda puede acarrear efectos negativos en el crecimiento económico. El BCE se ha mostrado impotente y hasta ahora incapaz de contener los incrementos desmesurados de la inflación y ahora tira erráticamente del recetario más clásico y ortodoxo. El consejo de Gobierno del BCE ya ha afirmado que en julio subirá 25 puntos los tipos de interés por primera vez en más de una década y pone fecha de caducidad a la compra de deuda, a partir del próximo 1 de julio.
Con estas medidas de subida de tipos de interés, lo que hace el BCE es encarecer la inversión y el consumo a crédito, lo que puede suponer finalmente un descenso de las ventas y de la producción y una posible repercusión negativa en el empleo y en la actividad económica general, por tanto puede ser una decisión que nos puede meter aún más en el hoyo.
La Reserva Federal (que es el homólogo del BCE) que controla y supervisa el sistema financiero de Estados Unidos y cuyo objetivo es la estabilidad de los precios, ha adoptado hace semanas una medida similar sin demasiado éxito en el corto plazo.
La percepción que tiene el BCE y la Reserva Federal estadounidense sobre el origen de esta dinámica inflacionaria puede ser equivocada, porque parten del supuesto de que el incremento de los precios se debe a que hay demasiado dinero en circulación. Pero la realidad es muy diferente porque actualmente, tal y como señala lucidamente el Catedrático de Economía Juan Torres, el incremento de la inflación se debe a otras causas, entre ellas la escasez en la oferta de bienes después de la pandemia, los problemas de suministro tras la invasión de Ucrania, el colapso del puerto comercial e industrial Shanghái (el más importante del mundo) por la estrategia de Covid cero de las autoridades chinas y al carácter especulativo de ciertos operadores económicos que suben de forma desmesurada sus márgenes.
En mi opinión hay que desarrollar otro tipo de medidas. En España se precisa un «pacto de rentas» para paliar las subidas de precios, que suponga que lostrabajadores sacrifiquen temporalmente parte de su poder adquisitivo y los empresarios parte de sus beneficios, garantizando en el medio plazo que se recupere esa pérdida de poder adquisitivo. Este pacto de rentas debe acompañarse de políticas macroeconómicas que reduzcan la incertidumbre, gestionando de forma ágil los fondos europeos Next Generation, mejorando la competitividad y la productividad de las empresas mediante la digitalización de la economía, fomentando la formación con contratación y el aprendizaje permanente, promoviendo la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajoe impulsando el diálogo social y la negociación colectiva.
Además es necesario llevar a cabo inversiones urgentes para ampliar la oferta, intervenir sobre los mercados energéticos y de materias primas, y establecer medidas eficaces de contención de los procesos especulativos que provocansubidas de precios que se trasladan al resto de la economía.
La dinámica inflacionista y al incremento de los precios de la energía, ha tenido una notable incidencia en toda la cadena de distribución provocando una aversión al riesgo en los mercados. Las perspectivas para la economía española en la segunda mitad de 2022 ya no son tan favorables, porque están sometidas a una gran incertidumbre provocada por la guerra, existiendo serios riesgos como son el encarecimiento de las materias primas, los cuellos de botella, los costes laborales y los cambios regulatorios.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha rebajado 1,4 puntos su previsión de crecimiento del PIB para España en 2022 hasta el 4,1% y ha subido cinco puntos la previsión de inflación media, que alcanzaría peligrosamente el 8,1%. También se anticipa un raquítico crecimiento del 2,2% en el 2023, con una inflación relativamente elevada, con un 4,8% de media.
La OCDE se muestra más pesimista que el Gobierno de España, que espera una progresión del producto interior bruto (PIB) del 4,3 % este año y del 3,5% en 2023.
La corrección a la baja de las previsiones de crecimiento de la OCDE es general para todos sus miembros y particularmente fuerte en los países de Europa continental, que son los más afectados por la invasión de Ucrania. Pese a unas correcciones que señalan menor crecimiento y mayor inflación, el incremento del PIB español será superior al de otros grandes países desarrollados como Estados Unidos (2,5%), el Reino Unido (3,6%), Italia (2,5%), Francia (2,4%) o Alemania (1,9%). Pero España es uno de los países más retrasados en la recuperación de la actividad económica que tenía a finales de 2019.
En este sentido, la OCDE llega a la lógica conclusión que la alta inflación y la incertidumbre van a suponer una reducción del gasto de las familias en España y que los cuellos de botella en el aprovisionamiento también limitarán la inversión privada y las exportaciones. Salvo la honrosa excepción del mercado de trabajo que está mejorando sus indicadores de calidad, en la situación económica española hoy pintan bastos.
