Crónica económica / N.D.
Estamos inmersos en una etapa de transición caracterizada por la incertidumbre en general, por la inestabilidad económica global, y por la volatilidad de los mercados. Antes esta situación, la digitalización se presenta como palanca clave de crecimiento económico y como herramienta de recuperación, con especial protagonismo del 5G. El despliegue de esta tecnología representa una oportunidad única para reactivar la economía española con inversiones de más de 5.000 millones de euros y la creación de más de 300.000 empleos, además perfilarse como una herramienta para promover la sostenibilidad medioambiental reduciendo las emisiones anuales totales de la Unión Europea hasta en un 20%. Son datos que se recogen en La Sociedad Digital en España 2022, el tradicional informe de Fundación Telefónica que recoge los indicadores sociales más relevantes para medir el avance hacia la digitalización.
“El grado de digitalización de la sociedad española ha sido una de las principales causas de que organizaciones y personas hayan sido capaces de recuperar o mantener su actividad tras la crisis del coronavirus”
Y lo cierto es que, entre tanto pesimismo, se puede decir que, en esto, a España no le va mal. El grado de digitalización de la sociedad española ha sido una de las principales causas de que organizaciones y personas hayan sido capaces de recuperar o mantener su actividad tras la crisis del coronavirus. Además, la pandemia ha impulsado la transición digital del país posicionando a España en el séptimo puesto dentro de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea en el informe DESI 2021 (Índice de Economía y Sociedad Digital) de la Comisión Europea, avanzando dos puestos respecto al ejercicio anterior. España destaca especialmente en conectividad y servicios públicos digitales, no obstante, las pymes todavía presentan margen para impulsar su competitividad a través de aspectos como el big data, la inteligencia artificial o las ventas a través del comercio electrónico.
ES más. España se sitúa en el top-4 de los países de la OCDE con mayor proporción de accesos de fibra óptica respecto del total de accesos de banda ancha fija. Ciñendo el análisis al ámbito europeo, España sigue situada entre los Estados miembro con mejor conectividad, y, de hecho, en 2021 nuestro país avanzó tres puestos, alcanzando la tercera posición, siendo superada solo por Dinamarca y Países Bajos. Del tráfico cursado a nivel nacional (99% del tráfico total), el 78,7% correspondió a redes 4G. Las redes 5G comenzaron a cursar tráfico en 2020, aunque de una forma casi testimonial (1,8% del total nacional). El constante aumento de la cobertura de banda ancha de alta velocidad es fruto del esfuerzo inversor de los operadores de telecomunicaciones. En 2020, a pesar del frenazo económico motivado por la pandemia del coronavirus, la inversión superó nuevamente los 5 000 millones de euros.
Lo que sin embargo no está tan bien es la falta de profesionales en tecnología, que es un problema en toda Europa, pero que se ve agravado en España. En 2021 España contaba con 72.000 especialistas TIC, lo que equivalía al 3,8% del total del empleo nacional, frente al 4,8% de media de la Unión Europea. Únicamente el 17% de las empresas españolas cuenta con especialistas en tecnologías digitales en plantilla, frente al 19% de las europeas. Por tamaños, en las grandes compañías los porcentajes son del 67% en España y del 76% en Europa, mientras que entre las pymes bajan al 16% y 18%, respectivamente.
Y, por último, lo que el sector echa de menos es que se acelere el marco legal para la transformación digital. Las instituciones europeas han proseguido en 2021 su intensa actividad regulatoria para adaptar el marco actual a las nuevas tendencias digitales, posibilitando un mejor aprovechamiento de la transformación digital en los Estados miembros. Las dos propuestas más importantes de la Comisión Europea, publicadas a finales de 2020, para definir las nuevas reglas de juego de los servicios digitales orientadas a la protección de los derechos de los usuarios y la prevención de comportamientos anticompetitivos de las grandes plataformas digitales (Digital Services Act – DSA y Digital Markets Act – DMA) han seguido su procedimiento legislativo durante 2021.
“España destaca especialmente en conectividad y servicios públicos digitales, no obstante, las pymes todavía presentan margen para impulsar su competitividad a través de aspectos como el big data, la inteligencia artificial o las ventas a través del comercio electrónico”
