Crónica Mundana / Manuel Espín ■
Desde que empezó la guerra de Ucrania, el boicot contra Maduro por parte de Estados Unidos y la UE fue menguando, ante la necesidad de abastecimiento de energía y la importancia de Venezuela en el mapa de reservas, con el consiguiente daño que el embargo y las limitaciones a la comercialización y explotación de ese crudo tienen para la sociedad venezolana. Frente al griterío de épocas pasadas o la entronización del exabrupto y el titular encendido, las delegaciones del gobierno de Maduro y la oposición unificada, con la mediación de Noruega, la acogida de México y el indudable visto bueno desde la distancia de Washington y Bruselas hacia ese diálogo, se ha llegado a un acuerdo que desbloquea 2.700 millones en activos del Estado, hasta ahora imposibles de tocar, para ser destinados a inversiones socialmente productivas, como las infraestructuras, el acceso a medicamentos, la atención médica y la mejora de la educación, entre otros capítulos. La disposición de ese fondo para mejora social permitirá aliviar en parte una situación de desbastecimiento que había llegado a ser casi catastrófica.
“Giro radical en la política de Venezuela tras el pacto Maduro-oposición para desbloquear 2.700 millones de dólares con la mediación de Noruega”
Las políticas de boicot suelen ser indiscriminadas y la mayor parte de las veces castigan a las poblaciones más vulnerables o con menor capacidad para obtener recursos para cubrir las necesidades mínimas. El aislamiento económico es más grave que el político, pues castiga a la población en su conjunto, sin afectar en primera instancia a las cúpulas de poder. Ese aislamiento puede ayudar a consolidar a un poder político. Como podría ser el caso de Cuba, sometida desde 1996 a la Ley Helms-Burton que sanciona el comercio y a las empresas extranjeras, especialmente de la UE y Canadá con muchos intereses comerciales en la isla, con España en cabeza. Un boicot que el Partido Republicano sostiene sin vacilación por la gran influencia que el exilio cubano tiene sobre él. Casi cuatro décadas después, como demanda la UE, sería hora de revisar esa política; especialmente en un momento como el que pasa la economía de Cuba en cuanto a productos como consecuencia de la guerra de Ucrania o la crisis del Covid, y que ha llevado al presidente Díaz Canel a un viaje por Argelia, Rusia, Turquía y China para pedir ayuda, en un momento en el que la crisis energética golpea a Cuba con constantes apagones y se necesitan tecnologías de nuevo cuño.
El paso dado por la oposición venezolana y el gobierno de Maduro es importantísimo y va más allá de los contenidos económicos. Demuestra que se puede llegar a pactos y abrir un calendario con vistas a que las elecciones presidenciales de 2024 se desarrollen con las mayores garantías de imparcialidad y en función de las decisiones que pueda tomar su ciudadanía. Cada una de las partes contará con nuevos elementos a su favor. Por parte de la oposición ha logrado aglutinar a distintas fuerzas demostrando que por encima de las diferencias hay una preocupación por la situación social y que ese fondo del gobierno hasta ahora congelado por las sanciones americanas puede servir para mejorar las condiciones de vida. Mientras para Maduro representa políticamente otra baza, siendo capaz de superar largos años de constantes descalificaciones y griterío, con la amenaza siempre latente de una guerra civil.
En los últimos meses la imagen de Maduro como ‘enemigo público número 1’ de Estados Unidos se tambalea por variadas razones. La primera, el cambio de marco mundial tras Ucrania y la revalorización de las reservas petrolíferas en países estratégicos. Pero también con el juego que ha empezado a desarrollar la ‘vice’ Delcy Rodríguez, ahora ministra de Economía y Finanzas, con el objetivo de aumentar la producción de crudo y mejorar las exportaciones tras la caída de la década anterior.
“Queda concretar un calendario político para las presidenciales de 2024, donde tanto la oposición unificada como el chavismo tienen muchas posibilidades tras este reencuentro”
Washington autoriza ahora a Chevron al retorno a la extracción con la empresa pública venezolana, camino de una normalización en los suministros. Ésta podrá ser, si las cosas no se tuercen en el frágil y cambiante equilibrio internacional, una de las bazas de Maduro para las presidenciales: los buenos datos económicos que permitan la mejora de la mala situación precedente en el plano comercial y especialmente en el social. A la vez, si la oposición responde a un verdadero ‘interés patriótico’ lo mejor para ella y para todos será la generación de un marco estable tanto socioeconómico como político, y no en un escenario de desastre total.
Ahora EE UU, la UE y los países iberoamericanos están obligados a imponer tanto al gobierno de Maduro como a la oposición la creación de condiciones de juego democráticas para que los comicios se desarrollen sin el clima de tensión y crispación que ha caracterizado a este país durante los pasados tiempos. La nueva y más importante fase de los acuerdos empieza ahora, cuando gobierno y oposición tendrán que ser capaces con respaldo internacional de crear las mejores condiciones posibles para que en su día la ciudadanía se pronuncie.
