Mar de Fondo / Raimundo Castro
La que era una consideración extendida entre los partidos parlamentarios y el Ejecutivo ya ha pasado a ser una apreciación extendida también en la cúpula judicial. Altos magistrados de tribunales como el Constitucional o el Supremo, sin distinción de corrientes –ya sea de las asociaciones conservadoras o las progresistas–, afirman en privado que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es insostenible. Alguno de esos más altos juristas, conservador por más señas, ha llegado a decir estos días en privado que el CGPJ debería estar renovado para Navidades, a lo que añadía que Casado tiene que darse cuenta de que “ya hay detritus en el CGPJ”.
Con ese ánimo, que el propio presidente del Gobierno de los Jueces, Carlos Lesmes, parece haberle trasladado a Pablo Casado y al presidente Sánchez, se habían abordado las renovaciones pendientes (salvo la del Consejo), generando esperanzas de resolución definitiva del conflicto. Sobre todo, porque la renovación del Tribunal Constitucional, que se completará en junio nombrando otros cuatro nuevos miembros en el Senado –dos a propuesta del Gobierno y dos del Consejo–, permitirá ajustar a la realidad política la mayoría de ese Tribunal, de manera que se dé la vuelta al 5 contra 7 de los progresistas en favor de un 7-5 de éstos.
La renovación completa del Constitucional en el Senado peligra si no se lleva a cabo antes la del CGPJ
Para el Ejecutivo –y sobre todo para sus aliados catalanes de ERC– esa modificación puede ser decisiva para llevar adelante el diálogo que dé salida a la crisis del ‘procés’ en la próxima legislatura. Porque el PSOE y sus aliados estiman que hay un bloque de jueces conservadores de la cúpula judicial que aún mantiene la estrategia de intentar romper el Gobierno de coalición y los apoyos territoriales de la izquierda independentista e incluso del PNV a base de sentencias que pongan a Sánchez entre la espada y la pared.
Ésa es la explicación de por qué Sánchez y Yolanda Díaz han tragado carros y carretas con Enrique Arnaldo, a quien Casado ha querido colocar en el Constitucional porque se lo había prometido y para demostrar a los suyos su poder. Incluso dentro de la batalla interna contra la presidenta madrileña, Isabel Ayuso, porque esta renovación también le ha permitido colocar como Defensor del Pueblo a quien ella dijo que nunca permitiría que lo fuese, su exrival socialista Ángel Gabilondo.
El problema es que si el CGPJ no se renueva en breve, no puede nombrar en junio a sus dos candidatos del Senado. Y vuelve a suscitarse otro problema jurídico. ¿Podría el Gobierno, en solitario, nombrar los dos suyos? Hay juristas a favor y en contra. Pero la balanza se inclina por los que se oponen a dividir la elección porque la Ley del Tribunal Constitucional habla de renovarlo por tercios, es decir, de cuatro en cuatro.
De ahí que haya muchos que piensen que el PP ha engañado de nuevo al Gobierno, esta vez a Félix Bolaños, el negociador gubernamental. Y que vuelve a jugar la estrategia de la dilación sosteniendo torticeramente su ventaja y a los jueces que, en piña, quieren romper el Gobierno. Algo que, además, de paso, le permite tirar de sus fieles para seguir afrontando el ‘caso Gürtel’ todo el tiempo posible.
Porque sacar a colación de nuevo el cambio de la ley de elección de jueces como condición previa ‘sine qua non’ para negociar definitivamente la renovación del CGPJ suena a chiste. Sobre todo, si –pese a los análisis de posibles adelantos electorales de Pablo Iglesias– se considera, como hacen todas las demás fuerzas políticas, que Sánchez puede aguantar la legislatura hasta enero de 2024, después de haber presidido seis meses una Unión Europea que se la está jugando y se verá obligada a contentar a las clases medias y las trabajadoras de todos los países que la componen. Mientras haya maná, parece difícil –si no imposible– que los egipcios le paren los pies a Moisés mientras cruza el Sinaí.
