Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
PSOE y Podemos comienzan a sumar apoyos para superar la mayoría absoluta de los Presupuestos que el Ggobierno envía a las Cortes, con el aviso de algunos socios de no dar un cheque en blanco. Las dos caras del Ejecutivo compiten por la autoría de subvenciones a los jóvenes para cultura y alquiler (12.500 millones). El partido de Abascal (Vox) bate todos los récords de litigiosidad judicial tras presentar más de una veintena de recursos (23) en 18 meses, con sonoras victorias por vulnerar derechos constitucionales. Batet justifica el cierre «limitado» del Congreso durante 18 días. Casado anuncia recurso de inconstitucionalidad contra la futura Ley de Vivienda por confiscatoria e intervencionista.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llegan esta semana al Congreso tras superar las diferencias de «ritmo» de la coalición de Gobierno, según la ministra Montero, y el acuerdo ‘in extremis’ del presidente Sánchez y la vicepresidenta Diaz, que prevén una rápida tramitación antes de fin de año, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2022. El proyecto abre camino a un «nuevo país», según la ministra de Trabajo, confiada en que las cuentas expansivas y sociales sean aprobadas por una amplia mayoría que tendrá “difícil decir ‘no”. Las dos formaciones coaligadas –PSOE y Podemos– intentan sumar apoyos a sus 155 votos para superar la mayoría absoluta de 176 escaños y el recelo de alguno de los socios de investidura que avisan con no dar un cheque en blanco. Aunque al Ejecutivo le basta el apoyo crítico de ERC (13), PNV (6) y Bildu (5), preferiría repetir los 188 síes a los presupuestos en vigor. El rechazo de la oposición (160) incluiría a PP, Vox, Cs, UPN, Foro, Coalición Canaria e incluso la CUP.
Las cuentas incluyen un techo de gasto récord de 196.142 millones de euros (0,02% más que en 2021) e incorporan la subida del 2% a funcionarios y pensionistas, un impuesto mínimo del 15% para sociedades y el compromiso de una nueva Ley de Vivienda con regulación de los alquileres. Las dos caras del Ejecutivo compiten por la autoría de las subvenciones de 250 euros para alquiler a menores de 35 años y otro ‘bono cultural’ de 400 a quienes cumplan 18 en 2022, para apoyar «vidas libres y felices», según la ministra Belarra. Por el camino de la negociación se quedan exigencias ‘inaplazables’ como el cheque bebé, la ampliación del permiso por nacimiento y la reforma fiscal.
Casado anuncia la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la futura Ley de Vivienda, por confiscatoria e intervencionista, que el líder ‘popular ‘vaticina que “no se va aplicar” en ninguna autonomía o ayuntamiento gobernado por su formación.
Judicialización de Vox: recurre que algo queda
El partido de Abascal bate todos los récords de litigiosidad o judicialización política tras presentar más de una veintena de recursos (23) en los últimos 18 meses, y conseguir sonoras victorias en los tribunales por vulnerar derechos constitucionales durante la pandemia. Principal artífice de tan prolífica pero arriesgada responsabilidad es la diputada y portavoz adjunta, Macarena Olona (abogada del Estado en excedencia) que alterna el recurso argumental de alegaciones con duras invectivas al Gobierno del que ha exigido la dimisión de hasta cuatro ministros.
La parlamentaria de Vox ha conseguido el segundo varapalo judicial del TC –tras rechazar el confinamiento del primer estado de alarma–, al considerar inconstitucional la restricción de la actividad del Congreso por suspender los plenos al comienzo del Covid. Considera el Alto Tribunal que la declaración del estado de alarma –como la de los otros estados (excepción y sitio)–, no puede interrumpir “en ningún caso” el funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado” y, en especial, de las Cortes. La presidenta Batet justifica el cierre de la Cámara «limitado en el tiempo» –18 días hábiles– con la restricción de plenos entre el 7 de marzo y el 13 de abril de 2020. El recurso de Vox considera vulnerado el derecho de participación política de la formación al cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias.
La andadura judicial del partido de extrema derecha comenzó en febrero de 2020 tras presentar recurso de amparo contra el juramento de los diputados independentistas en el Congreso, al que siguieron los dos estados de alarma –ambos anulados por el TC –, y contra cada una de las leyes de las CC AA. para combatir la pandemia y “restringir” los derechos de los españoles, como la ley gallega y balear de salud. La lucha “a golpe de registro”, según la formación, continuó con el amparo para obtener el senador que le corresponde tras el ‘cordón sanitario’ impuesto por el Parlament catalán, además de la batalla contra otras normas “ideológicas” e “ineficientes” del Gobierno, como la ley de Educación, Vivienda, ‘ley Riders’ o contra la ley de Eutanasia. El elenco de apelaciones de Vox se completa con el amparo al Supremo tras el archivo del ‘caso Delcy’, la inclusión de Pablo Iglesias en el CNI, contra las leyes de protección a la infancia y la ley canaria de igualdad.
El rey emérito vuelve a España
La independencia de poderes del Estado se salda con el aval del Constitucional a la prisión permanente revisable de Rajoy –recurrida por el PSOE–, y el posible archivo de la investigación sobre Juan Carlos I que posibilita su retorno a España y a quien el portavoz de Podemos (Echenique) califica como «el mayor ladrón» de la democracia. La Fiscalía considera que algunos presuntos delitos ocurrieron cuando el rey emérito era inviolable y otros estarían prescritos. El diputado Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, condenado a un mes y medio de prisión por patear a un policía en una manifestación, deberá dejar el escaño.
Lapidario
“Juan Carlos I: Rey, millonario y ladrón. Alberto Rodríguez: Diputado. Defiende a la clase trabajadora”.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos
Nombres Propios
Secretos de Estado
Los documentos del antiguo director de la Inteligencia (CESID) en los años 80, el coronel Alonso Manglano, remueven la polémica Ley de Secretos Oficiales (1968) que el Gobierno mantiene hibernada y formaciones como el PNV exigen reformar desde hace cinco años. Los ‘papeles de Manglano’ revelan entre otros asuntos la preocupación del rey emérito durante el golpe de Estado en el Congreso (1981) o que la actual ministra de Defensa entregó, presuntamente, 60 millones de pesetas anuales de los fondos reservados a la Casa del Rey, cuando Robles era ‘número dos’ del Ministerio del Interior (1994-96). La desclasificación de documentos oficiales sigue reclamada por la formación nacionalista, que exige levantar el secreto en un plazo de 25 años.
Puertas de ’ida y vuelta’
El fichaje del socialista Carmona por las ‘eléctricas’ destapa la caja de los truenos de las puertas giratorias que la clase política se empeña en seguir practicando. El PSOE se desmarca de su exconcejal en Madrid asegurando que ni tiene vinculación directiva, ni representa a la formación. Su socio de gobierno reclama su expulsión por la “indecencia” del nombramiento como vicepresidente de Iberdrola España. Podemos reclama una regulación más estricta que prohíba el trasvase de políticos a los Consejos de Administración de las grandes empresas o entidades financieras. La regulación de estas pasarelas profesionales, incluso los ‘viajes’ de ida y vuelta de la judicatura a los partidos, cada vez provoca más rechazo.
