Luis Carlos Ramírez
Apenas han bastado unos años para que los cimientos del Estado se vean resquebrajados tanto por el secesionismo como por las fuerzas antisistema enquistadas en el mismo corazón del poder. La fragmentación del nuevo Parlament –con hasta ocho fuerzas políticas– y la necesidad de salir del bloqueo marcaran la agenda política tanto en Cataluña como en Madrid después de las elecciones. Cuestión aparte es la reiterada deslealtad del vicepresidente iglesias, tras denigrar el marco institucional, cuyo hartazgo traspasa los muros de la Moncloa. Casado pasa de demonizar a “delincuentes” como Bárcenas que forjaron la ‘caja B’ de su partido, a expulsar a quienes cooperaron en tal ilegalidad
La tensión y deterioro institucional generado durante la última década no tiene parangón en la historia de la reciente democracia. Tras el entierro de la dictadura y la recuperación de las libertades todos los gobiernos democráticos se conjuraron para luchar al unísono y consolidar la Constitución de mayor consenso social. Apenas han bastado unos años, sin embargo, para que los cimientos del Estado se vean resquebrajados tanto por el independentismo catalán como por las fuerzas antisistema enquistadas en el mismo corazón del poder.
El Colón independentista
Los ciudadanos, junto a gran parte de la clase política, asistimos atónitos a los continuos embates, afrentas y chantajes provocados por quienes pretenden imponer a toda costa sus exigencias, por encima de la voluntad popular. No otra cosa intentan, de nuevo, los partidos secesionistas conjurados en gobernar Cataluña con su veto a las formaciones que defienden la Carta Magna. La foto de “el Colón del independentismo” (ERC, JxCAT, PDeCAT y CUP) contra el candidato socialista, Salvador Illa, es la enésima mecha del polvorín en el que se ha convertido el bastión de la primera autonomía española, cuyo resultado de las urnas seguirá condicionando la gobernabilidad del Estado. A ello se suma la debilidad de un Ejecutivo de coalición en el que el socio minoritario se empeña en abrir un frente cada semana. En semejantes circunstancias, la deriva del nuevo gobierno de la Generalitat será esencial para comprobar si la sima secesionista iniciada dos siglos atrás aumenta, o mantiene su encaje en la estructura nacional.
La fragmentación del Parlament –con hasta ocho fuerzas políticas– y la necesidad de salir del bloqueo marcaran la agenda política tanto en Cataluña como en Madrid, con la defensa del “referéndum y la amnistía” como hoja de ruta del futuro Govern, según Aragonés (ERC), el compromiso de Borràs (JxCat) de aprobar una resolución que vincule a la mayoría secesionista en la consecución de “la independencia”, o la estrategia de pasar página de Illa (PSC) para acabar con las rupturas institucionales y la Constitución. La irrupción del “apedreado” partido de Abascal se hace más que insuficiente para impulsar a un centro derecha difuminado (Vox, Cs y PP) en el que Arrimadas y Casado asumen el coste electoral de sus desatinos.
El Parlament más polarizado de la historia deberá sortear el fantasma de una repetición electoral, junto al procesamiento de la candidata de JxCAT (por presunta malversación) e incluso un hipotético escenario de bloqueo como el vivido tres años atrás con la investidura del inhabilitado Torra. En todo caso, la geometría variable que ya practica el Ejecutivo de Madrid no es ni mucho menos descartable, una ecuación que intentan conjugar el PSC y En Comú Podem para garantizar la “estabilidad” de la legislatura.
Deslealtad e “infamia” de Iglesias
Cuestión aparte es la reiterada deslealtad del vicepresidente segundo, Pablo iglesias, tras denigrar el marco institucional del que forma parte y declarar que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando, de los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro, en Bruselas”. La actitud “infiel” del tercer mando jerárquico del Gobierno llueve sobre mojado tras comparar la situación del fugado ‘ex’ Puigdemont con los miles de republicanos exiliados tras la Guerra Civil, exigir el indulto de los condenados del ‘procés’, multiplicar los envites contra la Monarquía, o sus continuos enfrentamientos por los desahucios, inmigración, vivienda, ingreso mínimo, ‘ley Trans’ o reforma laboral. El hartazgo por la actitud del líder de Podemos sobrepasa los confines de la Moncloa para recalar en multitud de cuadros socialistas y exdirigentes de la formación que claman por la destitución de Iglesias en el manifiesto titulado “Cesar en la infamia”.
Sánchez, Casado, RTVE y los delitos de odio
PSOE y Unidas Podemos compiten en acelerar por separado la despenalización de los delitos de opinión en el Código Penal para evitar penas de cárcel como la del rapero Hasél. Mientras el ministerio de Justicia prevé castigar sólo conductas violentas o de riesgo para el orden público, UP insiste en derogar las injurias contra la Corona. Casado pasa de demonizar a “delincuentes” como Bárcenas que forjaron la ‘caja B’ de su partido a expulsar a quienes cooperaron en tamaña ilegalidad, “si el juez determina que hay alguna responsabilidad por parte de algún militante actual”. La oposición al completo reclama la comparecencia de la Administradora de RTVE tras el “ataque” de la televisión pública a la Monarquía, rotulando que la princesa Leonor “se va de España, como su abuelo”.
Sánchez explicará el 24 de febrero en la Cámara la evolución del estado de alarma para controlar el Covid con el nuevo confinamiento en vigor hasta el 9 de mayo. Las caras –no tan ocultas– de la pandemia continúan segando millón y medio (1,53 millones) de jóvenes desempleados, 700.000 trabajadores acogidos a los ERTEs, 70.000 empresas desaparecidas o las vergonzosas colas del hambre de familias necesitadas.
Lapidario
“No voy a pasar ni una si el juez determina alguna responsabilidad de algún militante” [en la ‘caja B’ del PP].
Pablo Casado. Presidente del Partido Popular.
Nombres propios
Un antisistema en la Moncloa
El hartazgo del Ala Oeste de La Moncloa contra el filibusterismo del vicepresidente Iglesias en el Gobierno llega a límites difícilmente sostenibles. La “deslealtad” del líder de Podemos por su estrategia continuada para desacreditar las instituciones irrita por igual a los ministros socialistas como a los cuadros del PSOE. El enfado lleva a cuestionar la “presencia de un antisistema” en el Consejo de Ministros que utiliza su cargo para denostar el propio Estado democrático dando pábulo a las insidias de regímenes autocráticos como la Rusia de Putin.
Colegas de gabinete como Robles, Laya, Campo o Maroto han salido en tromba contra Iglesias.
Energúmenos contra Vox
Hasta a la ‘extrema derecha’ le ampara la legalidad para dirigirse a los ciudadanos a los que explicar su programa electoral en busca de votos. Las amenazas, insultos, ataques e incluso agresiones sufridas por los dirigentes de Vox en la campaña catalana –similar al precedente de Euskadi– son prácticas intolerables en democracia que retratan a cuantos intransigentes multiplican sus actos vandálicos. La propia Junta Electoral ha condenado tan execrables y punibles actuaciones cuya “intimidación y violencia” constituyen una “vulneración de derechos consagrados en la Constitución”. El partido de Abascal, a su vez, debería eliminar su veto a determinados medios de comunicación.
