M. C.
Nadia Calviño no quiere saber nada de subir el SMI en 2021, como ya torció el gesto con la subida de hace un año. La vicepresidenta de Asuntos Económicos mantiene la convicción de que su revisión al alza impacta negativamente en los resultados de las empresas y en la creación de empleo. El conflicto con la ministra de Trabajo volvió a resurgir, agriamente, en la comisión delegada de Asuntos Económicos celebrada la semana pasada. “No vale el ordeno y mando”, explican fuentes del equipo de Pablo Iglesias, si de lo que se trata es de construir “una cultura de Gobierno colaborativa”.
La decisión sobre el SMI, que debe estar lista antes del 1 de enero. Con el calendario apremiando, Yolanda Díaz, poco dada a elevar el tono en sus declaraciones ante los medios, afirmaba el miércoles en una rueda de prensa con su homóloga portuguesa que “dejar fuera de la revalorización a los que más lo necesitan es quizás una de las mayores injusticias que podemos cometer”. En Trabajo recuerdan que, tras haber subido las pensiones y el sueldo de los funcionarios, en línea con la inflación, tiene difícil justificación congelar el SMI. Además, Díaz ha pedido a la patronal que tenga “empatía con su pueblo” y “altura de miras”, porque “mientras los trabajadores acogidos a un ERTE ven reducidas sus retribuciones en un 30%, ellos, en muchísimos casos, están siendo exonerados de todas sus cotizaciones sociales”.
“En los sindicatos, el más explícito ha sido la UGT de Pepe Álvarez, que defiende una subida hasta los 1.000 euros, en torno al 5%”
En el programa de gobierno, Sánchez e Iglesias se comprometieron a subir el SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio –la cifra que establece la Carta Social Europea- antes de finalizar la legislatura. La cifra varía según a quien se consulta, oscila entre los 1.000 y los 1.200 euros.
“Nadie plantea subidas como las anteriores”, explican fuentes próximas a la ministra. La intención es escuchar a patronal y sindicatos antes de tomar una decisión. La CEOE de Antonio Garamendi se resiste y, en todo caso, apuesta por aplazar la subida hasta que se haya generalizado la vacunación. En los sindicatos, el más explícito ha sido la UGT de Pepe Álvarez, que defiende una subida hasta los 1.000 euros, en torno al 5%. “Lo que tenemos en la cabeza es muy sensato”, explican estas fuentes, “a expensas de buscar una cifra concreta” en el marco del diálogo social.
Estas fuentes recuerdan que Calviño suele recurrir al ejemplo europeo para justificar su posición. Sin embargo, todos los países de la Unión que cuentan con esta figura -21 de 27- lo están revisando alza, algunos muy por encima de la inflación. Por ejemplo, Alemania lo va a subir un 2,7% en enero -y un 11,8% en total, en varias revisiones, a lo largo del año-; Países Bajos un 1,9%; Francia e Irlanda, un 1%; Portugal, casi un 5%. Aunque las mayores subidas están en Europa del Este, oscilando entre el 4% de la República Checa y el 7,7% de Polonia.
Efectivamente, Calviño ha terminado por sacar la carta europea, pero para ir en dirección contraria a Trabajo. La vicepresidenta, desde Bruselas, subrayaba que el Gobierno “ha abordado una revalorización del salario mínimo interprofesional que se acerca al 30% en los últimos dos años, sin comparación con los países de nuestro entorno”. No deja de ser llamativo que, justo en mitad de la polémica, Pedro Sánchez sacara pecho y señalase la subida del SMI como una de las mejores herramientas para combatir la desigualdad. El presidente estuvo en París en los actos del 60 aniversario de la OCDE y, en su intervención, subrayó que la pandemia ha “empeorado las desigualdades en todo el mundo y hay que recuperarlas con las ayudas del Estado y las subidas de salarios mínimos”.
Los quebraderos de cabeza se le acumulan a la ministra de Trabajo, que todavía debe desatar varios nudos gordianos en la mesa de diálogo social. Es el caso de la ley que debe regular a los repartidores de las plataformas digitales, los conocidos como riders, o la prórroga de los ERTE, que vencen el 31 de enero. Y, por supuesto, la reforma laboral.
“Los quebraderos de cabeza se le acumulan a la ministra de Trabajo, que todavía debe desatar varios nudos gordianos en la mesa de diálogo social”
Al fondo, a un plazo poco más largo, está la cuestión de las pensiones, que ha causado estupor a varios miembros del Gobierno. José Luis Escrivá había llevado el documento con su propuesta a la última reunión de la comisión delegada de Asuntos Económicos, en la que el acalorado debate sobre el SMI impidió discutir nada más. Y sin haberlo tratado en la comisión, Escrivá y su equipo “han soltado la liebre” sin encomendarse a nadie, según explican desde la vicepresidencia segunda, promoviendo una reforma de las pensiones que basaría su cálculo en 35 años cotizados y no los 25 que se tomarán como referencia a partir de 2022, según fijaba la reforma de 2011. Estas fuentes hacen la reflexión de que Escrivá es así, independiente para lo bueno y para lo malo, y que “lo mismo planta cara a Calviño” que protagoniza estos sucesos. “Nos esperan debates muy profundos”, anticipan desde el sector morado del Gobierno.
Desde Seguridad Social hay mutismo absoluto. Los contactos con los agentes sociales ya han comenzado y Escrivá y su equipo se mantienen cautos, pero desde los sindicatos ya se ha deslizado que no tienen intención de negociar en esa línea. Mientras, en la vicepresidencia segunda se frotan las manos, porque con este despliegue de la agenda social el debate del próximo trimestre se centrará “en las cosas de comer”, las cuestiones en las que Unidas Podemos puede marcar perfil frente a los socialistas. Estas fuentes concluyen con una reflexión: “el principal banco de votos del PSOE son los pensionistas futuros, las personas que están entre los 50 y los 65 años. Y harían mal los socialistas en ir contra ellos”.
