Manuel Capilla
La presión de la vicepresidencia liderada por Pablo Iglesias y los sindicatos, que han anunciado movilizaciones para febrero, parece haber surtido efecto sobre Nadia Calviño, que ha limado bastante el documento de reformas que ha remitido a la Comisión Europea. El texto reafirma su compromiso con la reforma de la legislación laboral que dejó el PP y, sobre todo, no hace ninguna alusión a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. Una posibilidad que, en el documento remitido a la Comisión Europea, no se precisa. Se alude a aumentar el periodo de cálculo, pero no durante cuántos años. Y desde el Ministerio de Seguridad Social ya se está filtrando a los medios que lo que se estudia en realidad es permitir al trabajador elegir sus años de cotización más elevada para que la pensión también lo sea.
Así las cosas, el hecho de que Seguridad Social planeara ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años sería poco menos que un bulo. Eso es lo que ha venido a plantear el ministros José Luis Escrivá en la entrevista concedida la semana pasada a Onda Cero. El ministro ha explicado que todavía no saben “qué van a hacer” porque están “todavía haciendo cálculos para saber cómo responder a lo que les ha pedido el Pacto de Toledo” -que consensuaba un documento de recomendaciones recientemente- debido a que “el marco laboral ha cambiado tanto en los últimos años que hay que hacer un análisis riguroso”. “En medio de esos cálculos intermedios, alguien los ha cogido y ha hecho una narrativa de confrontación” que no es real. ¿Quién ha puesto en marcha esa “narrativa de confrontación”? Escrivá nada dijo sobre ello. “Léanse el documento del Pacto de Toledo que es muy interesante y ahora déjennos trabajar con los agentes sociales”, ha recomendado.
“En medio de esos cálculos intermedios, alguien los ha cogido y ha hecho una narrativa de confrontación que no es real”, ha afirmado Escrivá”
Lo que no concuerda con la historia relatada por Escrivá es que esa posibilidad estuvo encima de la mesa, en los documentos que manejó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, que reúne a todos los ministerios del área. Por si quedaba alguna duda, El País ha publicado los documentos. Y lo que también existía, para incomodidad de Yolanda Díaz y enfado de los sindicatos –que han convocado movilizaciones para el próximo 11 de febrero- era el retraso sine die de la modificación de la reforma laboral, especialmente en lo relacionado con devolver a la negociación colectiva y a los convenios el estatus que les arrebató la legislación heredada del gobierno de Mariano Rajoy. Eso es lo que recogía el acuerdo de gobierno y en lo que se había ya avanzado el pasado mes de marzo, justo antes del confinamiento. La pandemia congeló la negociación y el Ministerio de Trabajo pretendía retomarla en otoño, pero el reinicio de los contactos se fue aplazando y la tensión fue in crescendo.
No hay que perder de vista que a principios de diciembre se conocían otros dos informes de esos que un día existen, aunque sólo sea para su estudio, y al siguiente nadie recuerda haberlos visto, como el de las pensiones. Se hacía eco de ellos El País, uno del Ministerio de Economía y otro de la Oficina Económica de Moncloa. En ambos se apostaba por dar prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, exactamente en la dirección contraria de lo planeado por Trabajo y los sindicatos y de lo suscrito en el acuerdo de gobierno, al que siempre se remiten en la vicepresidencia segunda cuando surgen diferencias de este estilo.
Con todo el mundo en guardia, la Vicepresidencia de Derechos Sociales relatando su inquietud a los periodistas y con CCOO y UGT transmitiendo al Gobierno que no contaran con ellos si los documentos enviados a Bruselas no dejan margen para negociar, Calviño empieza a frenar. La semana pasada ya sólo quedaban por enviar a Bruselas los documentos relativos a pensiones y mercado laboral. Y tras dos encuentros con los agentes sociales, el viernes 15 y el martes 19, los peores temores de los sindicatos y de la vicepresidencia segunda quedan disipados. Finalmente, los documentos que informan a Bruselas de las reformas que planea el Ejecutivo no cruzan las fronteras del acuerdo de gobierno y, aunque no entra en detalles, se atiene a lo acordado en el Pacto de Toledo, que no incluía la modificación del cómputo de las pensiones de 25 a 35 años.
“Iglesias cantaba victoria en Twitter: “Plantear un recorte de las pensiones era inaceptable y desleal con el acuerdo de coalición”
¿Qué ha sucedido? Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como elemento fundamental que Calviño ha querido marcar terreno frente a Iglesias y, sobre todo, Yolanda Díaz, una figura ascendente en el Ejecutivo tras haber cerrado varios acuerdos de calado con los agentes sociales, regalando, además, algunas buenas fotos a Sánchez para el álbum de su mandato. De ahí habría partido la negativa a elevar el SMI, algo que Calviño nunca ha visto con buenos ojos, porque fiel a la ortodoxia bruselense, considera que puede impactar negativamente en el empleo. El problema, reflexionan estas fuentes, es que se ha topado con la oposición frontal de los sindicatos, a los que se les ha agotado la paciencia. Y Sánchez, en el panorama actual, no puede permitirse tener en contra a los sindicatos, amenazando seriamente la estabilidad del Ejecutivo.
De momento, Iglesias cantaba victoria en Twitter: “Plantear un recorte de las pensiones era inaceptable y desleal con el acuerdo de coalición, que dice claramente que debemos aumentar su poder adquisitivo. Muy satisfecho de que en la propuesta enviada por Moncloa a Bruselas, finalmente, no haya ninguna propuesta de recorte”.
