Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
El Gobierno salva ‘in extremis’ el Decreto de medidas anticrisis con el voto de Bildu y el rechazo del secesionismo y del PP. La coalición PSOE-Podemos recurre de nuevo a una geometría variable apurada para sortear a la oposición y al independentismo catalán que rompe con Sánchez y exige la cabeza de Margarita Robles. El Congreso se convierte en un escenario más que hostil, especialmente para el Ejecutivo, que recrimina su manera de legislar. El adelanto de las urnas en Andalucía coloca a la legislatura en modo electoral, más que frenética, con 18 meses de precampaña por delante.
El terremoto político provocado por el espionaje al independentismo ahonda la sima del Gobierno con el soberanismo catalánempeñado en mantener un ‘casus belli’ por vía parlamentaria, judicial e incluso social. Hasta el Parlament aprueba denunciar el caso ante los tribunales –con el apoyo del PSC– mientras la principal fuerza de la Generalitat –ERC– exige la dimisión de la ministra de Defensa, cuya continuidad considera insostenible y de graves consecuencias si se demora la decisión.
Aun así, el Gobierno salva in extremis –por tercera vez y por cuatro votos– el Decreto de medidas anticrisis con el apoyo de Bildu, PNV, PDeCAT y Más País, y con los regionalistas de Cantabria, Teruel, Compromís y Nueva Canarias. PSOE y Podemosrecurren de nuevo a una geometría variable apurada para sortear el rechazo de la oposición que considera las medidas económicas un parche para tapar sus errores. El PP acusa a Sánchez de despreciar su mano tendida y de dinamitar los acuerdos de Estado, mientras Ciudadanos y Vox critican el trueque de incluir al secesionismo en la Comisión de Secretos Oficiales.
Del CNI a la ira contra Robles
Sánchez promete “rendir cuentas” del ‘supuesto’ espionaje, al tiempo que recrimina la política ‘malsana’ de quienes dan la espalda a la calle y apuestan por el ‘cuanto peor, mejor’. A su vez, ampara a Margarita Robles, denostada por el bloque de investidura e incluso por Podemos, que se defiende con la acusación a los partidos independentistas de ir de «víctimas» y aprovechar el ‘caso Pegasus’ para montar un escándalo. Recrimina la titular de Defensa a quienes “nunca antes” han defendido los principios del Estado, ni los derechos y libertades de los ciudadanos. En respuesta a la portavoz de la CUP, Vehí, la ministra le pregunta qué debe hacer el Gobierno cuando se vulnera la Constitución, se declara la independencia, se cortan las vías públicas o se relaciona con dirigentes del país que invade Ucrania. “Toda una hipocresía”, según Robles, a quien la formación anticapitalista tacha de “guardiana de las cloacas” e integrante de un Gobierno al que “no se puede continuar dando apoyo”.
La ira contra la ‘responsable’ del CNI lleva a los republicanos a afirmar que sería gran ministra de un gobierno de la derecha entre PP y Vox, mientras el PNV cree que ha pasado de «juez progresista» a simple «aplaudidora” de las fuerzas de seguridad del Estado.
Polémica comisión
La presidenta Batet rehabilita la denominada Comisión de Fondos Reservados, tras un letargo de dos años, al permitir la interlocución de un diputado por cada uno de los diez grupos –elegidos por mayoría simple y no cualificada– para debatir a puerta cerrada. Entre ellos, y además de los partidos mayoritarios, estarán los portavoces ERC, Gabriel Rufián; Junts, Miriam Nogueras; Bildu, Mertxe Aizpurua; y de CUP, Albert Botrán. El nacionalista vasco, Aitor Esteban, no cree que sirva para solucionar nada, y menos con dos ‘ronditas’ de preguntas a la directora del Centro Nacional de Inteligencia que, según el diputado Rufián, sólo sirven para contar “chascarrillos” con los que contentar al personal. El independentismo aprovecha para exigir una reforma legal del CNI en su estrategia de evitar nuevas tentativas secesionistas. El propio Govern de la Generalitatexige modificar la Ley de Secretos Oficiales y la ley digital que permite intervenir las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial, siempre que haya riesgo para el orden público o la seguridad nacional.
Congreso hostil
La polarización política y atomización de nuestro Parlamento sume a las Cortes en un enfrentamiento continuado que no sólo afecta a la vida política, sino al funcionamiento de las instituciones. El Congreso se ha convertido en un escenario más que hostil, especialmente para el gobierno, con multitud de interpelaciones, preguntas y mociones, ya no sólo de la oposición de PP, Cs y Vox para controlar su actividad, sino de buena parte de sus socios que reprochan la manera de legislar. Hasta el posibilista Errejón pide a Sánchez una reflexión sobre el resto de una legislatura que se ‘tambalea’, además de ‘sobrevivir’ cada semana.
Pistoletazo electoral
El adelanto de las urnas en Andalucía coloca a la legislatura de Sánchez en modo electoral, más que frenética, con 18 meses de precampaña por delante. La consulta de la primera comunidad española por población será el domingo 19 de junio, a la que seguirán en 2023 las de las autonómicas no históricas –a excepción de Castilla y León– en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, el 28 de mayo. En la misma fecha tendrán lugar las elecciones municipales en toda España, con la potestad de Sánchez de convocar las comicios generales no más tarde del 10 de diciembre del próximo año, siempre que el gobierno de coalición mantenga su tormentoso apoyo parlamentario. Andalucíapuede convertirse en el segundo feudo de un gobierno de la coalición entre PP y Vox, con las encuestas favorables al presidente en funciones, el popular Moreno Bonilla, y el retroceso de los parridos de izquierda.
Lapidario
“Se ha convertido en una aplaudidora de las Fuerzas de Seguridad”
Aitor Esteban, portavoz del PNV (a Margarita Robles).
Nombres Propios
Transparencia de la Corona
El inminente retorno del rey emérito acelera la reforma de la Casa Real para “reforzar su transparencia y rendición de cuentas”, según el Gobierno. Sánchez completa la hoja de ruta anunciada en 2020 para apuntalar la ejemplaridad de Felipe VI que, por primera vez, revela un patrimonio de 2,57 millones alejado de las monarquías europeas. El nuevo estatuto de la Jefatura del Estado equipará a la Corona y al Rey con cualquier alto cargo de la Administración, por lo que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar los ingresos y gastos públicos del monarca para cumplir con los «principios de buena gestión». Podemos, ERC o Más País exigen reformar la inviolabilidad del Rey.
Caso Borràs
La presidenta del Parlament intenta sortear su destitución como segunda autoridad catalana tras el próximo juicio oral por presunta prevaricación y malversación, que obligaría a dejar su cargo y renunciar a los 155.570 euros de salario en cumplimiento del Reglamento de la Cámara autonómica. La estrategia de Borràs es considerar su imputación como «acusación política» para castigar a una líder del ‘procés’, y evitar su dimisión. El intento de bloquear su sustitución acabaría con el ‘ascenso’ de la vicepresidenta (republicana) Alba Vergés. ERC, el enemigo íntimo del partido de Puigdemont, acabaría controlando así tanto la Generalitat como el Parlament.
