Luis Carlos Ramírez
Con apenas año y medio de legislatura, las presidentas de Congreso y Senado muestran preocupación ante el enfrentamiento y la crispación que Batet ve “riesgo” de consolidarse, mientras Llop defiende la “buena salud” de nuestra democracia. En las Cortes convive el mayor número de partidos desde la Transición –24 en la Cámara Baja y 26 en el Senado– con dos bloques “rígidos” cronificados. El Gobierno prepara sus segundos presupuestos “de la recuperación” –sin Debate del estado de la Nación– y la oposición no se pone de acuerdo sobre la moción de censura a Sánchez
Las presidentas del Congreso y del Senado hacen balance de los 18 meses de legislatura sin obviar el enfrentamiento y crispación de las Cortes en las que Batet ve “riesgo” de consolidarse, mientras Llop defiende la “buena salud” de nuestra democracia a pesar de la creciente polarización política y social que vive España.
Las reflexiones de Meritxell Batet y Pilar Llop –en el curso de la Asociación de Periodistas Parlamentarios– no esconden la preocupación de cronificar dos bloques «bastante rígidos» y enfrentados, con el «constante» cuestionamiento de la estabilidad gubernamental, así como de la legitimidad de la mayoría que dificulta los debates «serenos y profundos” en el Parlamento. En las dos cámaras legislativas conviven hoy el mayor número de partidos desde la Transicion –24 en la Cámara Baja y 26 en el Senado, con diez y ocho grupos parlamentarios respectivamente–, de los que casi un 40% son formaciones regionalistas, nacionalistas o independentistas.
Para la tercera autoridad del Estado, la política necesita “menos alarma y menos disenso constante”, por lo que pide “castigo mediático y electoral” para quien aliente la confrontación. Considera también que las redes sociales pueden estar “arrastrando” comportamientos parlamentarios que deben tener otra dinámica» e insta a soslayar “ocurrencias» que pueden poner en peligro la institucionalidad del país. A ello contribuyen la voladura de la cortesía y el respeto parlamentario, junto a la falta de “cultura del pacto” que Batet pide impulsar con “pequeños consensos transversales” para facilitar luego grandes acuerdos.
Presupuestos de la recuperación
El gobierno prepara sus segundos PGE para 2022, o lo que es lo mismo, las cuentas de la recuperación en los que mantendrá los estímulos fiscales y un recorte del gasto público de más de 53.000 millones por el fin de las subvenciones anticovid-19. A cambio, contará con la mayor ayuda europea para reparar los estragos de la pandemia con los que Sánchez debe convencer a la mayoría del arco parlamentario comenzando por su socio de coalición (UP), además de PNV, ERC, EH Bildu y una parte de JxCAT. El objetivo es consolidar la legislatura de manera holgada con al menos 180 votos.
El Ejecutivo aprobará el techo de gasto y la senda de déficit este mes para lo que administración central, organismos autónomos y entidades del sector público deben remitir sus propuestas. La ministra Montero acelera los contactos con Podemos para negociar un primer borrador en el que incluir las demandas de su socio de coalición, entre ellas, la reforma fiscal, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que los titulares de Economía (Calviño) y Seguridad Social (Escrivá) neutralizan hasta ver más brotes verdes. Otros acuerdos que podrían retasarse es el impuesto a las rentas altas y grandes fortunas que la formación de Belarra exige subir el año próximo.
Montero prevé una deuda pública del 115,1% del PIB y un déficit del 5%, 3,4 puntos inferior al desfase de las cuentas en el presente ejercicio. La vicepresidenta económica (Calviño) baraja un crecimiento del PIB superiora a la previsión del 7% por los efectos beneficiosos de los fondos de la UE que empezarán a llegar a finales de año.
Ni censura ni Debate de la Nación
Entre tanto, la oposición mantiene el paso firme, alentada por las encuestas, en su estrategia de confrontación con el argumento de que el Gobierno lleva al país a la deriva de la mano del independentismo catalán. La estrategia del PP de Casado –que se reafirma en negar cualquier acuerdo con Sánchez– es trasladar la ofensiva a todos los rincones exigiendo su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. La “impredecible» duración de la legislatura lleva al PP a formar “equipos de gestión” en la sombra preparados para una hipotética labor gubernamental.
Vox y Ciudadanos no descartan arrastrar al líder de la oposición hacia la moción de censura –más que improbable–, alentando la batalla de los indultos y el recurso judicial contra cualquier medida que la coalición de gobierno pretenda impulsar de manera unilateral. Las tres formaciones exigen que el presidente comparezca en las Cortes para abordar en profundidad la situación tras casi dos años de crisis y tres sin comparecer para dar cuenta en el Debate del estado de la Nación. El Gobierno lo aplaza sine die hasta tener un escenario más propicio con el que replicar a la oposición. En Moncloa esperan a que mejore todavía más la situación sanitaria, económica y, sobre todo, social, e incluso amainar el eco de los indultos que rechaza gran parte de la población. Desde las filas socialistas, su portavoz adjunto (Simancas) considera que el Parlamento vive cada semana su particular aquelarre de discusión, por lo que no lo ve necesario a corto plazo. Pese a no ser una figura incluida en el Reglamento ni la Constitución, la tradición del debate introducida por Felipe González la han seguido el resto de presidentes democráticos (Aznar, Zapatero y Rajoy).
Lapidario
“El consumo excesivo de carne perjudica la salud y al planeta”
Alberto Garzón. Ministro de Consumo.
“Un chuletón al punto es imbatible”
Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno.
Nombres Propios
Judicialización al cubo
La estrategia de judicialización política continúa en aumento. IU y PCE recurren al Constitucional la “pasividad” del Supremo por “dejación de funciones y parcialidad” y no investigar posibles delitos del rey emérito. El PP recurrirá el aval de la Generalitat a los embargos de los presos del ‘procés’, que el Gobierno estudia igualmente al considerar que no está «sujeto a derecho». Vox también recurre la ‘ley riders’ o de los repartidores ante el TC. UP lleva a Estrasburgo la condena a la ex diputada regional Isa Serra por atentado a la autoridad. Para que nada quede, tanto PP como Vox anuncian recurso contra la Ley de Seguridad Nacional, caso de aprobarse el anteproyecto actual, al considerarla un “auténtico disparate”.
Transmutación de Giró
El consejero de Economía catalán justifica el aval de diez millones a los condenados del ‘procés’ para hacer política “en libertad” sin miedo a los embargos. Jaume Giró recuperaba semanas atrás el discurso del agravio fiscal con Cataluña al considerar que está sometida a un “mecanismo perverso, casi de vasallaje” respecto a España, por el sistema de financiación. El ‘conseller’ rechaza que el independentismo haya provocado el estancamiento económico de la autonomía y haber estado al borde del colapso. Al contrario, pasó por un “momento económico vibrante». La Generalitat pide mantener un déficit del 1,1% en 2022 –en lugar del 0,6%– para “disponer” de 1.000 millones más.
