Luis Carlos Ramírez
“El perdón a los dirigentes de la Generalitat que tanto en 1934 como en 2017 transgredieron la legalidad, divide al Parlamento, que considera los indultos al ‘procés’ un paso para la reconciliación en Cataluña o un desacato a la legalidad. Lejos de amainar, la mayor crisis institucional del siglo XXI se judicializa y encona dentro y fuera de España con los beneficiados defendiendo la consecución de la ‘república catalana’. El curso político se solapa con la vacunación masiva, rebaja de la luz y retirada de mascarillas 460 días después de la mayor pandemia”.
Ocho décadas después, España sigue afrontando el denominado problema catalán con enfrentamiento y dolor no sólo entre la clase política, sino en la propia sociedad y entre territorios. La mayor crisis institucional del siglo XXI aterrizó ya en las Cortes de la Segunda República en forma de Estatut para solucionar el asunto “para siempre”, un reto que en opinión de dos de sus protagonistas no se puede curar, sino sólo “conllevar” (Ortega) aunque sea “deber del legislador y el gobernante” (Azaña).
La historia se repite
Hoy como ayer, el perdón a los dirigentes de la Generalitat que tanto en 1934 como en 2017 transgredieron la legalidad divide al Parlamento que hace 85 años conocía la amnistía otorgada por Azaña al presidente Lluís Companys tras la condena a 30 años por rebelión militar, como lo hace hoy el indulto a los sentenciados del ‘procés’ por sedición y malversación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. El entonces presidente catalán era amnistiado –junto a su gobierno– y repuesto en su cargo dos años después (1936) tras proclamar el “Estado Catalán de la República federal española”, mientras nueve de los condenados del procés obtienen hoy un indulto parcial que perdona sólo la prisión que resta por cumplir, manteniendo la inhabilitación para cargos públicos con revisión en caso de reincidencia.
Ayer como hoy, Companys rehusaba solicitar el perdón al considerarlo “políticamente desventajoso”, mientras su benefactor lo acusaba de vivir “no sólo en la desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación”. Esta vez, son Junqueras y el resto de condenados quienes rechazan la solicitud de clemencia por sus delitos pese a conseguir la libertad otorgada por el Gobierno y un triunfo que en su opinión “demuestra la debilidad del Estado”.
Casado vs. Sánchez
El presidente Sánchez asume los riesgos de una decisión histórica además de polémica, que “busca la concordia, afronta el problema y abre paso a la reconciliación” en Cataluña tras años de enfrentamiento. En ello le apoya buena parte del arco parlamentario que considera necesario abrir una nueva etapa para solventar la crisis con diálogo, frente a la oposición que ve los indultos “amorales”, pide elecciones y considera al presidente “amortizado” electoralmente, según Casado.
Recursos, dimisión y moción de censura
Vox y Ciudadanos se adelantan a presentar sus respectivos recursos contra la medida ante el Supremo que el PP prepara también, aunque sólo la petición del partido de Abascal tiene visos de aceptarse. Casado pide la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones por su “engaño masivo” respecto a lo que prometió como candidato del PSOE advirtiendo de que la historia no le absolverá por su decisión. Vox acompañará su apelación judicial con una querella contra todos los ministros del Gobierno en caso de conseguir el fallo favorable, mientras Arrimadas acusa a Sánchez de tomar una decisión arbitraria para “arrodillar a España ante el golpismo” y “alargar su estancia en Moncloa”. La formación de ultraderecha amenaza, además, con presentar una nueva moción de censura al considerar que se ha consumado un “auténtico golpe de Estado” en España desde las propias instituciones.
Amnistía, república y referéndum
Tanto el interlocutor gubernamental en la Generalitat –Aragonés– como los beneficiados, reiteran que «los presos salen con voluntad reforzada de construir una república catalana», exigiendo un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los 3.000 represaliados después de 1.328 días de cárcel. El republicano Rufián pregunta al presidente del Ejecutivo si su decisión es “valentía o necesidad”. Para que nada falte, Podemos (Asens) pide “perdón y disculpas” a los excarcelados, y hasta el coordinador de EHBildu (Otegui) solicita la salida de todos los presos de ETA y “dejar de meter más gente en prisión”, ni en Cataluña ni en Euskal Herria.
El gobierno advierte de que el fugado expresidente Puigdemont también debe rendir cuentas ante los tribunales españoles, aunque el Ministerio de Justicia continúa ultimando la reforma del delito de sedición para rebajar las penas. Tal modificación podría tener repercusiones directas en el futuro judicial del actual eurodiputado y del resto de dirigentes huidos (Comín, Ponsatí, Rovira, Puig y Gabriel).
Vacunación, mascarillas y rebaja de la luz
La recta final del curso político antes de vacaciones se solapa con una vacunación masiva, la rebaja de la luz y la retirada de mascarillas 460 días después de la mayor pandemia que deja casi 80.000 fallecidos, 3,76 millones de contagiados y la segunda mayor crisis económica y social del siglo XXI. El Gobierno agiliza medidas pendientes como memoria democrática, ley ‘trans’ y LGTBI, desahucios, pensiones y subida del alquiler con las que pasar página de la polémica catalana y visibilizar un cambio de ciclo. A ello se sumará la Conferencia de Presidentes autonómicos para negociar la distribución territorial de los fondos europeos, y hasta la posible crisis gubernamental con salida y/o cambio de ministros y reducción de carteras.
Lapidario
“Hay motivos más que justificados para activar otra moción de censura contra el gobierno ilegal”
Macarena Olona. Portavoz adjunta de Vox
Nombres propios
Desfalco del Diplocat
Hasta 40 ex altos cargos de la Generalitat deben liquidar esta semana ante el Tribunal de Cuentas la fianza millonaria –10 millones– por el uso de fondos públicos en las conocidas como embajadas catalanas. El órgano fiscalizador exige a exdirigentes como Puigdemont, Junqueras, Mas, Munté, Homs o Romeva hacer frente a la responsabilidad de gastos para promover el ‘procés’ en el exterior con dinero malversado por el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat). En 2020, entregaron sólo 4,1 millones en el TdeC por el quebranto a las arcas públicas provocado por el referéndum del 1-O.
Campo duda del resultado final
El ministro de Justicia no tiene «garantías» de que la concesión de los indultos a nueve de los condenados del ‘procés’ vaya a «salir bien», aunque insiste en que el Gobierno «tiene que hacer el intento» en aras de la «convivencia». Campo admite que subió en el último momento la condicionalidad de Junqueras para no volver a cometer un “delito grave” de cuatro a seis años teniendo en cuenta las últimas informaciones y tras unas reflexiones. El artífice del perdón a condenados defiende que el interés general está por encima de todo pese a no ser necesario el arrepentimiento.
