Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez ■
El Congreso continua su frenética actividad legislativa, dictaminando hasta ocho leyes esta semana –incluido el Impuesto a la banca y las energética– mientras la oposición y los socios de legislatura se amotinan contra el Gobierno por la ‘ley Trans’ y la vivienda. La bancada socialista se ufana de ser una máquina ‘perfectamente’ engrasada para legislar. Tras la ruptura de Feijóo para recomponer la Justicia a causa de la sedición, la Cámara escenifica el distanciamiento total entre PP y PSOE. Al ministro Marlaska le llueven los reproches por los rescoldos del asalto a la valla de Melilla, abanderados por su colega de gabinete Yolanda Díaz. El Ejecutivo se centra en renovar el TC.
El Congreso escenifica un distanciamiento total entre PP y PSOE tras la ruptura de Feijóo para renovar el poder judicial. Mientras la portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, exige a Sánchez que renuncie a la reforma de la sedición, el presidente le reitera que debe cumplir la Constitución y dejar de repartir carnés de ‘españolidad’. El Gobierno mantiene su convencimiento de que la sedición es una excusa para incumplir un compromiso cuasi firmado ante las presiones internas de la formación (Díaz Ayuso) y de la derecha mediática.
El propio Govern de Cataluña cree que el bloqueo no afectará a la negociación de la sedición entre la Generalitat y el Gobierno del Estado mientras el expresidente Puigdemont rechaza cualquier ‘beneficio personal’ que puede afectarle. Por el momento, el ejecutivo nacional tampoco contempla rebajar la mayoría de tres quintos para renovar el CGPJ por una mayoría de 176 diputados, negando también que se mantenga la negociación entre el ministro Bolaños y el vicesecretario general del PP, González Pons. A quien sÍ da por acabado el titular de la Presidencia es a FeijÓo, al que considera un “líder fallido” cuya caída pronostica: “A la tercera será la vencida”. Para que no quede duda, el ministro reitera el compromiso del Gobierno de homologar la legislación penal con Europa, «dentro de la ley y de la Constitución».
Los socios elevan la presión
El Congreso continúa, por su parte, la actividad legislativa con frenesí, dictaminando hasta ocho leyes esta semana (impuesto a entidades de crédito y energéticas, Ley del Deporte, Empresas Emergentes o starups, Política Agrícola, delitos de trata…), mientras la oposición y los socios de legislatura se amotinan contra el Gobierno.
Los reproches afectan a la ‘ley Trans’, cuyas enmiendas socialistas rechazan hasta diez grupos por avalar la constitucionalidad del cambio de sexo a los 16 años, o la Ley de Vivienda que pretenden blindar Podemos, ERC y EH Bildu para topar la subida de alquileres un 2%, congelar las hipotecas y desalojar a los ‘okupas’ en 48 horas, con doble arbitraje de los desahucios de familias vulnerables como propone el PSOE. En la primera de las leyes, Podemos incluso pide omitir el sexo en el DNI. El PNV exige al Ejecutivo acabar con el «caos» en la gestión de los fondos europeos y “ponerse las pilas” por la “lentitud” con la que se tramitan las partidas.
El mayor vendaval arrecia contra el ministro Marlaska, cuyas explicaciones sobre el asalto a la valla de Melilla –que ocasionó 23 muertos–, cuestiona un documental de la BBC y es utilizado tanto por la oposición como por la vicepresidenta Díaz para exigir una investigación. Así lo avalan Unidas Podemos, Bildu, PP y hasta el Parlamento Europeo, que requiere su comparecencia en Bruselas. El titular del Interior se defiende acusando a los ‘populares’ de propagar bulos sobre el aumento de la criminalidad o la muerte de inmigrantes, mientras defiende que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajustó a la ley.
Acuerdo parcial
El Gobierno insiste en trasladar la presión al PP al tiempo que espera la decisión del órgano de gobierno de los jueces antes de acometer los dos nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. La elección de los 12 vocales del CGPJ que está en manos del Congreso y del Senado, requiere la mayoría reforzada de tres quintos (210 diputados), por lo que resulta imprescindible el acuerdo entre PSOE y PP. El socio de Gobierno, Unidas Podemos, reclama que la mayoría se rebaje y los vocales sean elegidos por mayoría absoluta (176), como ya se hizo para renovar el Consejo de RTVE.
El bloqueo ‘popular’ tras 1.400 días de interinidad del CGPJ puede hacer ‘irrecuperable’ el primer –y único– pacto de legislatura del bipartidismo, posponiéndolo más allá de 2023. Junto a la renovación de cargos del poder judicial, eliminaría también las puertas giratorias de la Justicia impidiendo que los jueces que entren en política puedan ejercer hasta dos años después de dejarla. El acuerdo imposibilitaría, además, el salto de la política a la Fiscalía General del Estado como sucedió con la exministra de Justicia, Dolores Delgado.
La prioridad, de momento, está centrada en la renovación del TC y el nombramiento de los dos magistrados que le corresponden al Gobierno, junto a otros dos que conciernen al propio CGPJ. El Tribunal de Garantías confía superar la parálisis que mantiene a los cuatro magistrados con el mandato caducado y podría demorar las sentencias sobre leyes importantes de la legislatura como Educación, Ley de plazos del aborto, Eutanasia e incluso los recursos contra la ley de inmersión lingüística en Cataluña. Su presidente, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Narváez y Martínez-Vares tienen pendiente su renovación al haber sobrepasado el mandato. Su relevo permitirá nombrar a un presidente progresista en la figura del vocal Cándido Conde-Pumpido. Otra vacante por cubrir es la del conservador Alfredo Montoya, cuya renuncia por motivos de salud debe realizar el Senado por mayoría de tres quintos.
Lapidario
“El Gobierno es una máquina perfectamente engrasada para legislar”
Francisco Aranda, diputado del PSOE (tras debatir ocho leyes esta semana en el Congreso).
Nombres Propios
El ‘señor X’ de Gamarra
Hasta siete diputados del PP interpelan en la misma sesión al Ejecutivo por el supuesto interlocutor que ofreció a Puigdemont un “buen trato”, vía reforma del Código Penal y hasta el “indulto», a cambio de aceptar su comparecencia ante el Supremo. La portavoz ‘popular’ llega más lejos al preguntar a Sánchez por el ‘señor X’ del PSOE que visitó al expresidente de la Generalitat para negociar un Código Penal “a la medida de los líderes golpistas”. El presidente del Gobierno reprocha la actitud «negacionista» de la oposición mientras le insta a cumplir la Constitución “y dejar de repartir carnés de españolidad.
A por la ‘ley Mordaza’
Gobierno y ERC mantienen la negociación para desbloquear la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o ‘ley Mordaza’, con la vista puesta de los republicanos para aligerar las sanciones de “desobediencia y desacato a la autoridad”. La medida forma parte de la estrategia de desjudicialización que exige el Govern junto a la reforma de la sedición. Los dos asuntos que afectan a la negociación incluyen las sanciones a quienes participaron en los disturbios durante el 1-O y en las manifestaciones de 2019 tras la sentencia del procés. El objetivo es reducir “la persecución” desactivando la presunción de veracidad de los cuerpos policiales y la cuantía de las multas impuestas.
