Mar de Fondo / Raimundo Castro
Tras el acuerdo entre los dos socios del Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado están, sin duda, encarrilados. Pero queda un escollo fundamental: ERC. Porque sus 13 diputados, a los que se sumarían los 6 de Bildu, vuelven a ser decisivos para contar con la necesaria mayoría absoluta que requieren para ser aprobados. Y los ánimos están caldeados.
Los republicanos que lidera Oriol Junqueras quieren apoyarlos. Es algo que le interesa especialmente al ‘president’ Pere Aragonès porque hay mucho dinero en juego –el que aporta la Unión Europea– para el Estado en su conjunto y para Cataluña en particular. Pero hay algo más en juego que los fondos, aunque la coincidencia en profundizar el flanco social sea total con el PSOE y UP.
Podría resumirse en una expresión que Junqueras utiliza en su círculo privado. Dice que no le ha importado acordar Presupuestos estando él en la cárcel pero no va a firmarlos si, aunque esté fuera de la cárcel, están dentro los demás implicados en los juicios pendientes del 1-O. Del referéndum y el ‘procés’ en general. Y ahí, la cúpula de ERC tiene una filosofía. No van a negociar los Presupuestos con el Gobierno mediando lo que califican como “rehenes”, los procesados de todos los partidos o movimientos pendientes de juicios y en algunos casos, posibles grandes condenas, como sucede con Josep María Jové y Lluís Salvadó, dos hombres que pueden ir varios años a la cárcel porque van a ser juzgados por su participación en la organización del 1-O. Dos hombres que, significativamente, eran –y son– de la total confianza de Junqueras.
Por eso ERC habla de resolver sus casos por la vía de la llamada “desjudicialización” antes de hablar de Presupuestos. Y es algo, dicen, que tienen hablado con el PSOE, del que Gabriel Rufián asegura que “sabe lo que queremos”.
A finales de julio, en la mesa de diálogo sobre Cataluña, los Gobiernos central y catalán acordaron impulsar reformas legislativas para «superar la judicialización» del conflicto político y también sus «efectos» y manifestaron su voluntad de que éstas puedan ser aprobadas antes de final de año. Incluida la reforma urgente del delito de sedición.
La «desjudicialización» de la política catalana pretende evitar más procesos judiciales por el referéndum de 2017 y las posteriores movilizaciones independentistas, y una de las herramientas que se contemplan es la reforma del delito de sedición, que fue utilizada por el Tribunal Supremo para imponer las principales condenas en la sentencia del ‘procés’. Unas condenas que ahora se podrían aplicar a Jové y Salvadó. Por eso es tan importante saber qué decisión tomará el abogado del Estado a la hora pedir condenas y qué pasa con el delito de sedición.
Modificar el tratamiento penal de ese delito y precisar los supuestos ilícitos en línea con otros países de la Unión Europea podría ayudar a cerrar sumarios abiertos e incluso facilitaría la vuelta de los políticos independentistas que huyeron de la justicia española. Esta reforma estaba encima de la mesa el pasado mes de julio, en la última reunión de las delegaciones del Gobierno y el Govern, pero desde entonces en el PSOE se ha venido diciendo que no hay mayoría suficiente en el Congreso para llevarla adelante.
El hecho de que el Gobierno haya desvinculado la negociación de los Presupuestos de la desjudicialización de Cataluña ha endurecido la posición de ERC. Sus portavoces aseguran que Pedro Sánchez tiene un compromiso que debe cumplir. Pero Rufián no quiere dar datos sobre el compromiso precisamente para no ayudar a los que quieren, como el PP y los jueces conservadores, que no salga adelante. De todos modos, la cúpula de ERC, con Junqueras a la cabeza, advierte contundentemente de que no apoyará los Presupuestos si se mantiene la estrategia de negociarlos con rehenes de por medio.
