Ni siquiera la buena relación de la vicepresidenta segunda con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, que ha propiciado la aceptación de otras leyes presentadas por Díaz a Bruselas, ha servido de nada en esta ocasión. Se trata de la norma que regula los incentivos a la contratación a la que han dado en “no” comunidades y las organizaciones sociales. Un retraso que complica el calendario de aprobación pactado con Bruselas a la que tampoco ha gustado el texto enviado por Trabajo.
Estamos hablando de una reforma clave, a la que Yolanda Díaz tendrá que darle una vuelta, porque el Ministerio reconoce que los cerca de 2.000 millones de gasto anual, es decir, cerca del 24% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo, “no ha podido solucionar los problemas estructurales del mercado laboral español…”
Hay que recordar que la titular de Trabajo se había comprometido a aprobar la reforma y ponerla en marcha en 2022.
