Bitcóin y ether, las denominadas monedas de Internet, las monedas digitales, avanzan imparables. Ni el Banco de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), han logrado frenarlas. Ni tampoco las autoridades financieras europeas ni las americanas, donde Alan Greenspan previniera hace casi 40 años contra la “exuberancia irracional de los mercados”, a quien el presidente Clinton consideraba el hombre más poderoso del mundo.
Mucho menos los bancos ‘normales’ para los que son una amenaza, con algunas excepciones notables como JP Morgan, nombre de un famoso pirata, que ha dado su respaldo al bitcoin al calificarlo como el futuro sustituto del oro como valor refugio. Ni siquiera la memoria del desenlace de otras euforias financieras han podido con ella, desde la especulación sobre los tulipanes en Holanda en el siglo XVIII hasta la que se produjo con la explosión de las ‘puntocom’, o la de las hipotecas basura que desencadenó la gran crisis financiera de 2008 de una década de duración.
Y es que, como ha ocurrido en los inicios de otras exuberancias, las espectaculares ganancias ofrecidas por bitcoin producen una fascinación irresistible. Como fascina la posibilidad de escapar del fisco, pues no en vano el prefijo “cripto” significa en su origen griego “escondido”.
Quién se resiste a rentabilidades como la que ha proporcionado bitcóin, la criptomoneda más popular que en los últimos tres meses ha multiplicado por cuatro su valor, pasando de 10.000 a casi 40.000 euros por unidad. El Banco de España y la CNMV ya advirtieron en 2018 sobre el riesgo de este tipo de inversiones debido, entre otros factores, a su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia que las convierten en una apuesta de alto riesgo.
Ahora, en un comunicado conjunto reiteran sus advertencias. Recuerdan que no existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el bitcóin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros. Y advierten de que, desde el punto de vista legal, las criptomonedas –no tienen la consideración de medio de pago– no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.
Se trata de instrumentos complejos que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores, y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión.