La patronal de los lobbies, APRI, ha acogido con satisfacción la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que prevé regular las relaciones de los lobistas o grupos de interés con los diputados, porque, señalan, es una regulación que APRI viene demandando desde hace más de una década en España. ¿Por qué? Pues para tener una regulación similar al Registro de Transparencia que ya existe en el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la UE. A la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que se ha debatido en el Pleno del Congreso, y ha salido aprobada 207 votos a favor, 53 en contra y 88 abstenciones, se suma también la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Ambos textos coinciden ampliamente con la posición de APRI, que define como lobista o grupo de interés a todo aquel que trate de influir sobre el proceso de adopción de una decisión pública. Proponen igualmente, el establecimiento de un registro de grupos de interés público y obligatorio en el Congreso, que incluya el compromiso de cumplir con un código conducta y cuyo incumplimiento derivará en la aplicación del régimen sancionador. Ambas propuestas también prevén la existencia de una huella normativa pública que muestre los cambios ocurridos durante el proceso de tramitación de una norma o política pública.
