El problema consiste en que la Seguridad Social española no reconoce las bodas gitanas como matrimonio que dé derecho a pensión. Le han dado la razón tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional. Sin embargo, en mayo de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno español a pagar a María Luisa, ‘La Nena’, la pensión de viudedad que le correspondía y que la Seguridad Social le negaba porque, según ellos, la boda gitana no es un verdadero matrimonio.
Juan de Dios Ramírez Heredia, que fue diputado en las Cortes españolas y en el Parlamento Europeo por el PSOE ha confesado: “Hay dos acontecimientos en mí ya larga vida que son los más importantes de mi actividad política: La primera, obviamente, ser partícipe en la elaboración de la Constitución Española que lleva la firma de un gitano, la mía. Y la segunda, haber intervenido como abogado en la vista oral del juicio celebrado en Estrasburgo contra la sentencia del Tribunal Constitucional de España que negaba la validez civil del matrimonio gitano para que una mujer gitana se beneficiase de su pensión de viudedad. ¡Y ganamos aquel pleito y el Gobierno español fue condenado!”.
Juan de Dios ha atacado duramente a los altos tribunales españoles. “Dicho sea, con todo respeto –asegura–, al fin y al cabo, todos los seres humanos somos animales racionales y por lo tanto sujetos capaces de chocar con la misma piedra todas las veces que se nos ponga por delante. Cosa que no hacen los burros. Su instinto les advierte de dónde está la piedra y cuando llegan a ella la bordean y así no caen al suelo. Pero nuestro Tribunal Constitucional no escarmienta. Tropezó en el año 2009 y ha vuelto a tropezar en 2021. Que lo hiciera en aquel primer encontronazo podría tener una cierta lógica.
Los gitanos nunca gozamos de buena fama y la historia española, hasta la Constitución de 1978, estaba plagada de pragmáticas que daban la razón a quienes nos consideraban carne de trullo y esclavos de las galeras. Pero la sociedad española empezaba a estar sensibilizada ante el sufrimiento injustificado de la comunidad gitana y tras el largo túnel de la dictadura, el artículo 14 de la Carta Magna se alzaba como el baluarte capaz de garantizar que debíamos ser tratados como el resto de los españoles”.
