No han tardado mucho los altos cuerpos de la Administración Pública en rebelarse contra los cambios iniciados por el Gobierno que, según La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), politizan la función pública, sin mencionar que los cuerpos privilegiados vienen estando politizados desde tiempo inmemorial pues ningún Gobierno se ha atrevido a corregir sus privilegios. Llegan hasta el extremo de profetizar que se volverá a algo muy parecido a las cesantías del siglo XIX como hace la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. En definitiva, la protesta de dichos cuerpos no es la politización de los altos cargos, sino el temor de una politización a la medida del actual Ejecutivo.
Remitimos al estudio de una asociación libre de sospecha socialista, al muy liberal Círculo Cívico de Opinión ampliamente financiado por grandes empresas:Agbar, El Corte Inglés, Fundación Bancaria La Caixa, Fundación Jun Miguel Villar Mir, Iberdrola, Vivi Mutua Madrileña, Repsol, Santander y Telefónica.
Sostiene el citado informe realizado por Miguel Sánchez Morón que, en lo que han coincidido todos los gobiernos que se han sucedido en las últimas cuatro décadas, es en su negativa, expresa o implícita, a configurar una función directiva profesional. En su opinión, esta ausencia de un estrato directivo profesional público constituye una anomalía en el ámbito de los Estados europeos
En la práctica –señalan–, los funcionarios públicos saben que de subdirector general para arriba los nombramientos son discrecionales y dependen sobre todo de razones de confianza política o personal y lo mismo sucede incluso con algunos cargos de nivel inferior a ésos. Por consiguiente, la experiencia, el mérito o un desempeño brillante de las propias funciones no es criterio suficiente para ascender a los puestos superiores de la Administración, incluso si están reservados a funcionarios públicos. En tales circunstancias, la carrera propiamente profesional de un funcionario superior es muy corta, pues en pocos años se alcanza el nivel más alto que depende en exclusiva del mérito.
A partir de ahí, muchos funcionarios, incluso jóvenes, se plantean bien dar el salto a la política, sobre todo si han tenido mayor vinculación con gobiernos de un determinado partido, pues los cambios de gobierno suelen relegarlos a puestos muy inferiores, o bien pasar al sector privado en régimen de excedencia o, si les es posible, compatibilizar un puesto de dedicación no exclusiva en la función pública con otro trabajo profesional en un despacho, empresa o consultoría.
Así ocurre hoy en día con un elevado porcentaje de los miembros de los cuerpos más prestigiosos, como la Abogacía del Estado, los Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, los Inspectores de Hacienda o algunos cuerpos de ingenieros. Sucede también en algunas áreas de las administraciones autonómicas e inclusive de la sanidad pública.
Persiste, pues, desde hace muchos años, un modelo de alta función pública muy politizado, de donde deriva una cierta descapitalización profesional de la cúpula del sistema administrativo, más o menos profunda en cada administración. Esta realidad, tiene consecuencias muy perjudiciales para la organización y gestión de la función pública en su conjunto.
