Ciertamente, todo español tiene derecho a beneficiarse de la legislación vigente, pero es una vergüenza que los abogados de oficio tengan que prestar gratuitamente sus servicios a empresarios con problemas judiciales, incluso a los más golfos, a los defraudadores, pues tienen derecho a ello tras la reforma del Código Penal.
Los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que han aguantado esta situación sin recibir la atención de la ministra de Justicia, Pilar Llop, se han hartado del abuso y han emprendido acciones contra los órganos judiciales dependientes del Ministerio de Justicia, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Los colegiados de esta institución centenaria aprovecharán el acto solemne que se celebrará antes del verano con los Reyes al cumplirse sus 425 años de vida y los 25 años de Felipe VI, colegiado de Honor, para informarle de esta situación.
La pasada semana José María Alonso, decano del colegio, se ha quejado ante la prensa de que no es admisible que trabajen gratis cuando a veces tienen que estar en juicios que duran días y semanas, y cuantificó la deuda de Justicia con el Colegio de Madrid en unos 400.000 euros.
