Tanto el Barcelona como el Real Madrid las están pasando moradas económicamente. El Barça, endeudado hasta las cejas, mucho peor. A diferencia del Real Madrid, donde no está en cuestión el mandato de Florentino Pérez, en el Barça, dimitido su presidente Josep María Bartomeu, que prefirió marcharse antes que sufrir una moción de censura, se rige por una gestora como los partidos en quiebra. Ambos clubes tienen implicaciones políticas, la del Real Madrid es más de influencias político-económicas con un palco de encuentro entre políticos y empresarios. Las del Barça, que presume con razón de ser más que un equipo, son más fuertes como foco de agitación independentista. Que son algo más que un equipo de futbol se está notando tanto en el sentir de la afición de los culés como del silencio de muchos periodistas que prefieren mirar para otro lado antes de ser tachados de españolistas. Por ejemplo, la ‘omertá’ se manifiesta en las cuentas del club, a una deuda que nadie sabe exactamente a cuánto alcanza. El club juega en su política de comunicación con la confusión entre la deuda bruta y la neta al tiempo que hace magia con otras triquiñuelas contables. Siguen al parecer el consejo de un refinado financiero quien nos decía que a los números hay que torturarlos hasta que canten lo que queremos. La prensa maneja cifras distintas para la deuda, aunque por los sondeos que hemos realizado, lo más realista es que superen los mil millones de euros. Uno de los acreedores es la Agencia Tributaria, lo que permite a los agitadores del Barça quejarse de que son perseguidos por la Hacienda española. Sin embargo, la Agencia Tributaria está siendo muy paciente con el club, al que reclama 22,7 millones en concepto de «Retenciones e Ingresos a Cuenta de los Rendimientos por Trabajo/Profesional» de enero de 2012 a junio de 2015 sobre lo que llegó a un acuerdo con el club, asunto que, al no poder cumplir el Barcelona lo pactado, pasó a la Audiencia Nacional, que permitió al Barça el pasado 23 de octubre no pagar lo reclamado, pero le dio dos meses de plazo para obtener garantías. Unas garantías imposibles de conseguir, pues la banca no le avala la operación. Un plazo que ya se ha cumplido.