En teoría, la Dirección General de Seguros, situada en una flamante sede de la Castellana de Madrid, está para la inspección y control de la solvencia y actividad de las entidades aseguradoras y para la protección de los asegurados. Lo primero lo hace razonablemente bien, pero lo segundo deja mucho que desear. Lo hace razonablemente mal.
No son pocas las quejas destinadas al organismo. Por ejemplo, la muy reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que viene denunciando desde hace un par de años la imposibilidad que tiene el asegurado de recuperar la parte proporcional de la prima que no se va a disfrutar.
La OCU razona, muy razonablemente, que sería lógico pensar que, si tenemos un seguro y desaparece la persona, el objeto o el riesgo para el que se contrató, se podría recuperar la parte de prima proporcional al periodo restante.
Sin embargo, la Dirección General de Seguros considera indivisible la prima que corresponde al periodo contratado, que suele ser anual; aun cuando se page de forma mensual, trimestral o semestral. Un ejemplo habitual, sería el de un coche que sufre una avería tan cara que no merezca la pena arreglarla y el propietario decide darlo de baja. La aseguradora no cubre el daño y, sin embargo, seguirá cobrando por un riesgo ya inexistente.
Pero hay casos más sangrantes, como el de personas mayores fallecidas durante la pandemia a las que se les cobra íntegramente el importe de la póliza privada de salud. De hecho, aun cuando el pago de la prima fuera mensual, si los hijos decidieran dejar de pagarla, la aseguradora podría exigir el resto del dinero judicialmente.
Aún más reciente es la jornada ‘on line’ que organizó el pasado jueves el Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante. Su presidente, Florentino Pastor, planteó la obviedad de que un regulador como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debería actuar de oficio si hay mala praxis en esa comercialización de los seguros. Y concluyó: “Es una aberración que no lo haga”. L
os mediadores de seguros atacaron simultáneamente a bancos y aseguradoras y a sus respectivos reguladores, el Banco de España y la Dirección General de Seguros, en lo referente a los seguros de las hipotecas. Pidieron más transparencia y una mayor intervención de los reguladores, claves para frenar la mala praxis bancaria en seguros. Pidieron “que actúen de oficio contra las malas prácticas con multas y sanciones ejemplares”.
Fernando Santos, fiscal de Defensa de los Consumidores en Andalucía, subrayó que “lo prioritario ahora es trabajar por conseguir que el evidente estado de malestar que padecen los consumidores se traduzca en un activo y vigoroso movimiento de reivindicación, para conseguir un estado de opinión que haga reaccionar a los representantes políticos y autoridades competentes”.
