El incumplimiento de los plazos administrativos ligados a los proyectos energéticos supone una minoración de su impacto en el producto interior bruto (PIB) de 6.900 millones de euros, según el informe «La necesidad de mejorar la tramitación de las instalaciones eléctricas desde una perspectiva nacional y europea», elaborado por la consultora PwC. Actualmente, los procesos de tramitación administrativa de proyectos energéticos están llevándose a cabo en plazos «muy superiores a los establecidos por la normativa correspondiente», un incumplimiento que aparece en el 75% de las iniciativas evaluadas, asevera el análisis. En esa línea, la estructuración de los trámites en España es «excesivamente larga» y, en ocasiones, genera «duplicidades» que dificultan la eficiencia del proceso, llegando a suponer, de media, entre el 50% y el 75% del tiempo que transcurre hasta la puesta en funcionamiento de una instalación. El informe de PwC también advierte de que estos retrasos administrativos generan «incertidumbre» en la canalización de alrededor de 15.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation asociados «directa o indirectamente a inversiones en la infraestructura eléctrica».