La avaricia, a veces, rompe el saco. Los fabricantes y concesionarios de automóviles pagan ahora las consecuencias de ponerse de acuerdo ilegalmente entre 2006 y 2013 sobre los precios exigidos a los compradores.
La CNMV castigó a los 21 fabricantes, 172 concesionarios y 2 consultoras implicados con una multa de 171 millones de euros por prácticas anticompetitivas, al demostrarse que habían acordado fijar los precios de los coches, una muta que está siendo confirmada por los tribunales de justicia, incluido el Supremo.
Pero eso fue lo de menos comparado con el efecto de la vergüenza pública, lo que ahora se denomina pena reputacional por su actitud picaresca y con el hecho de que quienes adquirieron automóviles durante las fechas señaladas, unos nueve millones de compradores, reclamen a diario una compensación económica al entender que la colusión automovilística representaba un encarecimiento del automóvil adquirido, cifrado entre el 10 y el 15%. Tienen para reclamarlo hasta el año 2026 pues el plazo de prescripción es de 5 años desde que las primeras sentencias del Tribunal Supremo resultaron firmes, es decir, que el plazo finalizaría en 2026.
Un goteo permanente para todo un sector pues los imputados representan el 91% del mercado automovilístico. Concretamente: BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo.
Tan feo comportamiento ha generado un gran negocio para numerosas personas y organismos que compiten ferozmente por representar a los compradores: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Arriaga Asociados, el despacho de abogados más importante de España, y otros letrados que actúan por libre explotando un chollo inesperado, así como plataformas creadas ad hoc como el “Cartel de Coches” o la “Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches”.
La OCU se emplea a fondo
La OCU se ha empleado a fondo en este negocio que le ha proporcionado un gran número de afiliados y fortalecido su prestigio. “¿Te compraste un coche nuevo entre 2006 y 2013? –reza uno de sus anuncios– Comprueba si fuiste víctima de un pacto ilegal de precios de fabricantes y concesionarios. Reclama con OCU y recupera entre el 10 y 15% del valor del coche. Si eres afectado, reclama con OCU con unas condiciones ventajosas. El coste de la acción para socios suscriptores de OCU será de un máximo del 17% más IVA del importe recuperado. Para los no socios, el coste máximo será del 25% más IVA del importe recuperado”. La “Acción de Concesionarios” se ha convertido en el objetivo fundamental de su “Plan de Actuación 2022”.
