Ahora, 20 años después de los delitos cometidos por Eduardo Zaplana cuando era presidente de la Comunidad Valenciana, la Justicia le ha abierto un nuevo juicio oral. El ‘caso Zaplana’, como tantos otros, especialmente los referidos a políticos, muestra las debilidades de la Justicia, entre las que hay que destacar la tardanza en reaccionar ante las corrupciones y la extremada duración de los procesos.
Ya se considera normal, casi un récord, que determinados procesos, mayormente políticos, duren diez años y que la media de todos los procesos ronde los 240 días, muy por encima de los países de la Unión Europea. España es el decimoprimer país de Europa en inversión en Justicia, lo que en parte se explica porque los partidos entienden que la inversión en esta materia no da votos.
Los jueces se quejan de falta de medios y, sobre todo, de la escasa y mala digitalización de los juzgados donde los legajos en papel aparecen arrumbados en los pasillos. Cuenta la jueza Natalia Velilla en su libro ‘Así funciona la justicia’ que aún recuerda con pavor cuando el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) le mostró una carta de una compañía eléctrica amenazando con cortarle la luz si no pagaban los atrasos.
Un agujero negro
Señala la juez que “la administración de justicia es un agujero negro en el que se cuelan millones de euros anuales, resultado de que ningún gobierno haya acometido en lo que llevamos de democracia un proceso de modernización digital y organizativo”. Concluye que “en la práctica, se acaba abultando económicamente la no solución del problema, a medida que pasa el tiempo”.
Velilla explica que la lentitud de los procesos se debe en parte a la existencia de tantos sistemas informáticos de gestión procesal como Administraciones de Justicia. Usan herramientas que “no se hablan entre sí”. Y pone el ejemplo de que un funcionario de Justicia de Cataluña no tiene acceso a los expedientes de juzgados de otra comunidad autónoma.
No se puede saber informáticamente si hay un procedimiento abierto entre las mismas partes en otro lugar. Los juzgados siguen recurriendo al correo ordinario. “En la hora de internet –denuncia la juez– no es posible obtener directamente la información mediante un único sistema que permita consultar expedientes de otros juzgados ni tampoco se puede pedir mediante correo electrónico, ya que este sistema no se utiliza (…) Con estos mimbres produce cierta hilaridad pensar que los juicios telemáticos puedan ser una realidad, cuando ni siquiera se utilizan los correos electrónicos, los sistemas informáticos son incompatibles entre sí, las videoconferencias son un suplicio y se sigue recurriendo al papel y correo ordinario como medio de comunicación del juzgado”.
Indra, al auxilio
Nos señalan en medios del CGPJ que han emprendido la tarea digital para modernizar la administración de Justicia para lo que se ha valido, entre otros recursos, de la colaboración de Indra, conocida por su presencia en la industria material pero que ha desarrollado por medio de su filial Minsait, que acaba de publicar un informe denominado ‘Transformación Digital en la Administración de Justicia. Innovación y Modernización’, un interesante proyecto para la modernización de la justicia española con un uso intensivo de tecnología Big Data, como ha hecho ya en otros países.
Presumen en Indra que ya han obtenido algunos resultados como un descenso de más del 15% en las quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios de la justicia; reducciones del 60% en los desplazamientos de profesionales a los juzgados o del 53% en el número de horas que los funcionarios dedican a los trámites de interoperabilidad o intercambio de información entre los distintos sistemas involucrados en la administración de justicia; o sea: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas que tienen esta competencia, un complejo institucional que no se coordina fácilmente.
Una tarea peliaguda pero imprescindible que reclama Indra es la mejora de la formación digital de los profesionales del Servicio Público de Justicia de forma que la ciudadanía pueda mantener una relación directa, telemática y eficaz con los juzgados. En definitiva, queda mucho por hacer para mejorar la transparencia.
