Se está produciendo en Canarias un extraño enfrentamiento entre los organizadores de cursos dirigidos a médicos de atención primaria de la Península frente a uno de Canarias.
La pugna huele a guerra sucia. Por un lado parece una maniobra proteccionista de los intereses de organizaciones canarias frente a “intrusos godos” de la Península. Aunque esto puede ser una cortina de humo frente al motivo real, pues el doctor José Juan Alemán Sánchez, el director general de Salud Pública, que es quien debería autorizar los eventos, es miembro de Semfyc Canarias y secretario del grupo de trabajo de salud cardiovascular de esta sociedad científica, enfrentada a Semergen, sociedad que ostenta la dirección científica de los cursos de Livemed. Alemán hace de juez y parte, valiéndose de su cargo para impedir la celebración de dichos cursos por parte de Libemed. Toda una cacicada.
Según ha podido saber ‘El Nuevo Lunes’, la entidad perjudicada planificó este año la celebración de cursos dirigidos a médicos de atención primaria en la Península, Baleares y Canarias, cumpliendo con las normas dictadas por las diferentes autonomías en relación con aforos y normas de seguridad.
En base a la normativa vigente, el 29 de marzo de 2021, Livemed Iberia solicitó autorización a la Dirección General de Salud Pública sin que su director, el Dr. José Juan Alemán Sánchez, respondiera en ningún momento al requerimiento, llegada la fecha de la convocatoria.
El día 19 de abril de 2021 y cuando ya se habían impartido las primeras ponencias a los médicos que habían recibido autorización previa de los responsables de los respectivos centros de salud, se personó un funcionario de la policía autonómica quien comunicó la necesidad de suspender el curso en ese momento y a requerimiento de la Dirección General de Salud Pública.
Un plan orquestado
En opinión de Libemed, las reiteradas negativas para la celebración de sus cursos en los momentos actuales cuando se vienen desarrollando los cursos con toda normalidad en las diferentes autonomías y cuando la incidencia acumulada es de 20 casos por 100.000 habitantes en Canarias y la media nacional, en torno a los 50, invita a pensar que existe un plan orquestado desde la Dirección General de Salud Pública para impedir la celebración de los cursos mientras quepa el más mínimo resquicio de supuesta legalidad y perjudicando seriamente a los profesionales de atención primaria, en la necesidad de mantener una formación continuada eficaz que incida en la mejor atención sanitaria de los pacientes.
