Y eso preocupa al Gobierno. Los retrasos en los pagos de las ayudas a empresas por la crisis del Covid que gestionan las comunidades autónomas le han hecho replantearse las condiciones fijadas para acceder a ellas, después de tener que pedir una ampliación de plazos a Bruselas ante el riesgo de que esos fondos se agoten.
Ha sido la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha mostrado abierta a pactar esos ajustes con las autonomías, después de que presidentes de distintas comunidades le hayan culpado del ritmo tan lento en la aceptación de los requisitos de concesión a los requisitos y la excesiva tramitación exigida para inyectar en la economía los 7.000 millones hace tiempo anunciados.
