Lo de los peajes ha sido siempre un tema espinoso. Ahora, paradójicamente, el Gobierno ha puesto sobre la mesa, o mejor dicho negro sobre blanco en el plan enviado A Bruselas una reforma fiscal que pretende gravar por su uso las autovías, justo cuando restan apenas cuatro meses para que se liberalice definitivamente el tramo de la autopista AP-7 que conecta La Jonquera con Tarragona y de la AP-2, desde Tarragona a Zaragoza. El contrato de explotación de la concesionaria Acesa, propiedad de Abertis, vencerá en agosto, devolviendo la titularidad de la vía al Estado. ¿Qué opción será la que venza?