Los cambios se suceden en el documento de base que desarrolla el funcionamiento de los nuevos fondos de pensiones de promoción pública. El ministro José Luis Escrivá quiere llevarlo al último Consejo de Ministros de este mes y su intención es que esté en marcha en 2023.
Por lo visto las gestoras han convencido a Escrivá para que elimine, en el borrador del Anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que se negocia con los agentes sociales, la limitación de los costes de gestión de los planes de pensiones de empleo situada por debajo del 0,30%, un borrador que fue hecho público en diciembre. Al parecer, en el nuevo documento ya no hay ni rastro de ese porcentaje, aunque si permanece una limitación de los costes de gestión, aún por determinar.
Además, el ministro ha querido contentar a los agentes sociales así que, según el último texto, la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones públicos estará compuesta por trece miembros: cuatro serán propuestos por los sindicatos, cuatro por los empresarios y cinco por el ministerio. Hay, por tanto, más presencia de patronales y representantes de los trabajadores que la prevista en el borrador anterior.
