Ay, que se pensaba Florentino Pérez que había cerrado por fin el capítulo del fiasco del almacén de gas de ‘Castor’. Pero resulta que colea. Unos días de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la cual el Estado tendrá que pagar 1.350 millones de euros a Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el dinero que estos tres bancos adelantaron en su momento para compensar a ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor, Compromís ha presentado en el Senado la ‘Proposición Ley Castor’, elaborada por el denominado Grupo Ciudadano Caso Castor -compuesto por Xnet, Observatorio de la Deuda e Instituto por los Derechos Humanos- para que sea ACS la que asuma los costes. Según argumentan sus promotores, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional anuló el contrato que generó la deuda, ésta “no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía”. Señalan que “revisando las cuentas de ACS es evidente que puede asumir los costes que ha generado y más habiendo repartido dividendos”.