Nº 1808 lunes 13 de Enero de 2020



TEMA DE PORTADA


Por primera vez en la historia, el Ejecutivo tendrá cuatro vicepresidencias, tres de ellas con mujeres al frente

Sánchez diseña un Gobierno extenso, de cuotas y femenino

Por Ana Sánchez Arjona y Nuria Díaz

 

El líder de Podemos asume la vicepresidencia de derechos sociales y Agenda 2030 y, la ministra, la Vicepresidencia de Economía y la transformación digital



Calviño e Iglesias se reparten el poder

económico y social


Economía / A. S. A.

Entradilla: Entre la ortodoxia europea y un Gobierno progresista, es el escenario en el que tendrá moverse la, desde ahora, vicepresidenta económica del primer Ejecutivo de coalición de la democracia con la misión de coordinar todas las carteras del área, además de presidir la Comisión Delegada y  convertirse en una suerte de contrapeso a las recetas de Podemos. Su líder Pablo Iglesias, y desde su propia vicepresidencia social, tendrá bajo su tutela las carteras de Trabajo, Igualdad, Consumo y Universidades además de la secretaría de Estado de Economía Social.


El presidente del Gobierno quiere lanzar un mensaje potente a la comunidad económica nacional e internacional que pueda recelar del pacto de coalición PSOE-Podemos, con el refuerzo del papel de Nadia Calviño en el nuevo Gobierno. Como prometió el líder socialista durante la campaña, Calviño será vicepresidenta económica del primer Ejecutivo de coalición de la democracia con la misión de coordinar todas las carteras del área económica, y como dique ante recetas de Podemos.

Calviño ve reforzadas sus competencias porque asumirá la presidencia de la poderosa Comisión Delegada de Asuntos Económicos, sino que también pilotará “la gran transformación digital que necesita España”, uno de los pilares sobre los que se asienta el programa del Ejecutivo socialista.

Pero lo más importante es que tendrá que moverse entre la la ortodoxia económica y la búsqueda de políticas para evitar que se profundice la desaceleración de la economía española, entre la obediencia a los preceptos de Bruselas y como principal dirigente de la política económica del Gobierno.

Mantener el crecimiento del PIB será uno de sus principales objetivos. Su departamento estima que el crecimiento económico se situará en el 1,8% en 2020, una previsión similar a la del FMI, pero algo más optimista que la del Banco de España, que la coloca en el 1,7%.
La vicepresidenta económica tendrá que coordinar la política económica con unos socios de Gobierno que la colocaron entre sus principales objetivos por su posicionamiento frente a la reforma laboral. De hecho, Calviño ha sido la principal defensora de las esencias marcadas por las políticas ortodoxas de Bruselas y la auténtica muralla para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez derogara aspectos de la reforma laboral que no tenían costes.

Plan Nacional de Reformas

La titular de la cartera de Economía se convirtió en el principal obstáculo en el consejo de ministros para reestablecer la ultraactividad de los convenios colectivos y recuperar la primacía del convenio de sector sobre los convenios de empresa, dos medidas que se anularían según el acuerdo programático entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesías.
Más difícil aún para Calviño será de convencer a sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno para implantar la mochila austriaca (un sistema de protección individual, en el que el trabajador acumula fondos mientras está empleado a los que puede recurrir cuando se queda en paro y de cara a la jubilación) que se incluía en el Plan Nacional de Reformas que diseñó el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además de encabezar la dirección de las políticas económicas del nuevo Gobierno —con toda probabilidad seguirá al frente del organismo que aúna toda las decisiones económica: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos—, Calviño deberá conjugar el incremento del gasto público, incremento del 0,9% en pensiones, en servicios sociales, mas presupuesto destinado a dependencia..., que se presupone del Ejecutivo progresista con las exigencias de bajar el déficit público que reclama la Comisión Europea. De hecho, Bruselas mandó un claro mensaje a España el pasado mes de diciembre con el Informe del Mecanismo de Alerta donde identificaba a España junto con otros 12 Estados miembros sujetos a una revisión en profundidad en 2020 por las altas tasas de paro, deuda y déficit: La reprimenda de Bruselas fue en la línea que expresó en las últimas opiniones de los presupuestos que mandó el Gobierno en funciones, cuando reclamó a España 9.617 millones en ajustes estructurales.

El poder limitado de Iglesias

Pablo Iglesias ha peleado para lograr el control de la Agenda 2030 en el nuevo Gobierno diseñado por Sánchez, del que será vicepresidente. Y ello, a pesar de los controles pactados entre el PSOE y Unidas Podemos  para que cada Ministerio respete su ámbito competencial y mantenga una política coordinada de comunicación. Con este trasfondo, Podemos recibía con sorpresa el anuncio realizado por La Moncloa de que el próximo Gobierno de coalición tendrá cuatro y no tres vicepresidencias, como estaba previsto en un principio. En este sentido, la designación de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, supone un hachazo a esas pretensiones de Iglesias, ante el que su partido no supo, o no quiso, reaccionar. No en vano, esta cuarta vicepresidencia limita la discrecionalidad que, sin las competencias de Ribera, hubiera tenido Iglesias para manejar la citada Agenda 2030.
Entre los ministerios que estarán bajo la tutela de Pablo Iglesias sólo el de Trabajo tendrá realmente un peso relativamente importante en el próximo Gabinete. La abogada laboralista Yolanda Díaz llega al Ministerio de Trabajo con la voluntad de cargarse la reforma laboral que en su momento aprobó el Partido Popular. En concreto, no están en discusión algunas cuestiones como el coste de despido sino otras relativas al fortalecimiento del poder de los sindicatos como la cuestión de la ultraactividad, los convenios de empresa y las cláusulas de descuelgue. El primer problema que tendrá Díaz es superar el veto que va a intentar poner la vicepresidenta Calviño, que no quiere deshacer una reforma que ha resultado ser más eficaz a juicio del propio PP y también de los empresarios.  De ahí que en todo momento el Gobierno de Pedro Sánchez no haya hablado de revertir la reforma en sí, sino de corregir “los aspectos más lesivos de la misma” sin entrar nunca a identificarlos. Además de Calviño hay otro aliado con el que Sánchez cuenta para frenar el ansia contrarreformista de la ministra Díaz en materia laboral. Se trata del Partido Nacionalista Vasco, que será fundamental para que el Gobierno modere cualquier proyecto que finalmente se presente.
Hay otra competencia que recaerá en Díaz y que es la que verdaderamente preocupa en el mundo empresarial. La ministra tendrá bajo su tutela a la Inspección de Trabajo, lo que con la nueva normativa en la mano relativa al control horario puede convertirse en una pesadilla para las empresas. Una especie de policía que puede convertirse en un arma de destrucción en manos de una ministra que, según algunos de sus interlocutores en el pasado, se caracteriza por mantener unos prejuicios notables contra el empresario en general.

Otra figura que dependerá directamente de Pablo Iglesias y que también será clave para el desenvolvimiento futuro del vicepresidente en el Gobierno. Se trata de Nacho Álvarez, el ‘gurú’ económico de Podemos, que, como secretario de Estado de Economía Social, estará presente en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos como observador y fiscalizador en representación de los morados.

María Jesús Montero seguirá al frente de Hacienda y será la nueva portavoz del Gobierno

Tal y como se esperaba en buena parte de las quinielas, María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, sustituyendo así a Isabel Celáa, responsable en funciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La ministra compatibilizará esta nueva responsabilidad con la cartera de Hacienda.

La andaluza ha sido una de las principales encargadas de las negociaciones para conformar la coalición de Gobierno y ha venido trabajando con miembros de Unidas Podemos, en los últimos meses, en el acuerdo programático suscrito entre ambas formaciones. Al asumir la portavocía, Montero será la encargada de explicar las medidas que vean la luz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes y de dar cuenta de ellas ante la opinión pública.

En todo caso, la tarea más inmediata de la que tendrá que encargarse Montero será la elaboración y presentación de la senda de estabilidad presupuestaria, junto al límite de gasto no financiero (techo de gasto), previo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, del que ya ha avanzado que su departamento tiene definida la previsión de recaudación y que se empezará a trabajar en las prioridades marcadas en los acuerdos programáticos firmados por el PSOE con el resto de formaciones políticas.




Empresas / N. D.

 

Con su ascenso a vicepresidenta, la transición ecológica se convierte en prioridad  del nuevo Gobierno


Sánchez premia la batalla climática de teresa Ribera

La elección de Teresa Ribera como titular de una inédita e inesperada cuarta vicepresidencia, simboliza de una parte el premio personal a su gestión al frente del Ministerio de Transición Ecológica, donde ha sabido combinar su ambición de logros con una gran capacidad de negociación. Pero también es una señal inequívoca de la importancia que los asuntos medioambientales van a cobrar en el nuevo Gobierno. La agenda climática sube de categoría, como también lo hace el reto demográfico, con sus nuevas competencias para buscar soluciones que atajen la despoblación de la España vaciada.

Su nombre sonaba desde hacía días como una de las ministras que repetirían en el cargo. El nombramiento tiene lugar menos de un mes después de la celebración de la conferencia de sobre cambio climático de la ONU en Madrid, la COP25, y en la que Teresa Ribera, pese al éxito moderado de la cumbre en lo que a compromisos se refiere,  cobró un protagonismo destacado por la buena organización del evento, algo que hubo que hacer además en un tiempo record tras la renuncia de Chile,que atravesaba y atraviesa aún dificultades políticas y sociales.

Fuentes del sector señalan que son muchos los méritos que atesora la ministra y ahora vicepresidenta Ribera. Por ejemplo, el haber sabido negociar y llegar a acuerdos tanto con ecologistas como con el sector energético. Las peticiones para que continuara en su cargo eran unánimes. Hace unos días, varias ONG ecologistas reclamaban a Pedro Sánchez su continuidad al frente del ministerio para la Transición Ecológica. Pero es que, aunque no de manera tan explícita como es lógico, los máximos responsables de las grandes empresas energéticas también habían mostrado su confianza en la ministra. Y eso que se las han tenido que ver con ella en varias ocasiones. Pero en todas ellas, esta madrileña, jurista de profesión pero experta en cambio climático desde que fuera directora de la Oficina Española de Cambio Climático con la ex ministra Cristina Narbona y después José Luis Rodríguez Zapatero la fichase en 2011 como  Secretaría de Estado de este asunto, ha sabido salir victoriosa sin grandes enfrentamientos. Una de las primeras medidas que tomó fue la eliminación del llamado ‘impuesto al sol’, con el objetivo de favorecer el autoconsumo eléctrico y reducir el precio de la electricidad.

Logró pactar un calendario de cierre de las plantas nucleares con las propietarias de las centrales nucleares que apenas ha sido contestado ni por los ‘pro’ ni por los ‘anti’.  En octubre de 2018 alcanzó un acuerdo con los sindicatos y empresarios mineros para cerrar la mayor parte de las minas de carbón existentes en España por medio de una inversión gubernamental de 250 millones de euros destinados a apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras, así como garantizar el nivel de vida de los mineros una vez las minas sean cerradas.  Ese mismo mes fue galardonada con el premio “Climate Reality Project Award” en la categoría de personalidad pública por su lucha contra el cambio climático.  Y es que internacionalmente es además bastantes conocida. De hecho, ya fue situada entre las candidatas a ser secretaria ejecutiva del Convenio de Cambio Climático cuando dejó el cargo Crhistiana Figueres, sustituida finalmente por Patricina Espinosa.

Pese a su abultado curriculum y hoja de servicios, le queda mucho por hacer en su nuevo cargo. Lo primero, deberá aprobar la ley de cambio climático y el Plan de Energía Clima, obligatorio para cumplir con los compromisos de la UE-19, y que quedaron pendientes tras el abrupto fin de la pasada legislatura. Además, habrá de elaborar un plan estratégico de transición justa para acompañar a los sectores más vulnerables a este proceso de cambio hacia un modelo de desarrollo descarbonizado. El plan de trabajo pendiente incluye sentar las bases para la reducción de emisiones de CO2 mediante la generación de entre un 85-95% de la electricidad con fuentes renovables para 2040, aprobar la norma para que las ciudades de más de 50.000 habitantes deban crear zonas de bajas emisiones o impulsar un calendario de cierre de centrales térmicas y nucleares.

Además de la parte energética, la ministra deberá afrontar una reestructuración del sector del agua tanto desde el punto de vista del saneamiento (por el que España abona una multa periódicamente a la Unión Europea por incumplir la normativa) como del consumo. 

Nuevos retos: el demográfico

Pero no solo de se encargará de los retos medioambientales. Sánchez ha ‘engordado su ministerio con las competencias para  coordinar las políticas para hacer frente a la despoblación, proponiendo, entre otras cosas, una Estrategia Nacional frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven, crear oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales y un Plan Nacional de Desarrollo Rural para "revitalizar la estructura social y económica del mundo rural".
El Gobierno de Sánchez ya aprobó in extremis, a finales de marzo, una Estrategia para el Reto Demográfico. Cumplirla, y concretar algunas de las medidas que ahí estaban incluidas, será la principal tarea. Entre los proyectos avanzados en ese documento: el avance de internet de alta velocidad y de la digitalización en todo el territorio, la mejora de servicios básicos como atención a la dependencia o a la educación "en condiciones de equidad y adaptadas a las características de cada territorio", y ayudas al emprendimiento. En el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, además, se añadían otras propuestas aparte de la Estrategia, como la creación de oficinas de despoblación en comarcas, y un Plan Nacional de Desarrollo Rural para revitalizar la estructura social y económica.

‘Castor’: su talón de Aquiles

También ha tenido sus problemas. En la segunda legislatura de Zapatero, fue secretaría general del Cambio Climático en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con la ministra Elena Espinosa, época en la que suscribió la declaración de impacto ambiental que autorizó el proyecto de almacén de gas Castor, tras el que se produjeron sucesivos movimientos sísmicos en las costas de Castellón que obligaron a detener su actividad y a anular la concesión con una indemnización millonaria. En mayo de 2014 la Fiscalía denunció el proyecto Castor por prevaricación ambiental. En su escrito responsabilizó a la empresa y al Estado por los seísmos causados por el almacén de gas subterráneo. Ribera argumentó que la declaración ambiental estaba avalada por diversos informes técnicos. Después, también hubo informes posteriores del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) que han avalado la evaluación de riesgos que se hizo en la DIA en su momento, con el conocimiento disponible entonces. En 2015 fueron imputadas 18 personas técnicas entre las que no se encontraba ningún cargo político y sí técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y responsables de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. La exsecretaria de Estado Teresa Ribera nunca fue citada.

También tuvo sus más y sus menos por su particular guerra contra el diésel del que desde el principio dijo que “tenía los días contados” y luego tuvo que suavizar el asunto de los plazos para su desparición por el revuelo causado.


Ábalos y Maroto repiten en Transporte e Industria

José Luis Ábalos seguirá en el Gobierno de Pedro Sánchez como ministro, si bien la cartera de Fomento cambia de nombre y pasa a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

En esta nueva legislatura, Ábalos deberá lidiar con la subida del precio de los alquileres y con el conflicto entre los taxistas y los VTC; y avanzar en el proceso de liberalización del sector ferroviario.

Nuevas formas de movilidad...

Además, deberá definir el modelo de financiación de las carreteras, en especial de las vías de gran capacidad, y fijar la cantidad que se abonará a los acreedores de las autopistas quebradas que fueron rescatadas por el Estado.

...y de crecimiento sostenible

También ha sido confirmada como ministra Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Maroto era diputada autonómica en la Asamblea de Madrid cuando fue fichada para el Consejo de Ministros, en el verano de 2018.

Economista y profesora universitaria, ahora se consolida en un cargo esencial, con el reto de crecer pero de forma sostenible y de consolidar nuevos modelos para el sector servicios.


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