Nº 1793 lunes 23 de SEPTIEMBRE de 2019


ECONOMÍA



Calviño avanza un otoño difícil por el Brexit, una Alemania en recesión y una desaceleración global que ya contagia a España

10-N: nuevas elecciones con la economía al ralentí


“La prolongación de la incertidumbre ya es en sí misma un efecto negativo para la economía”, dice Nadia Calviño. Sabe que no es el mejor momento para un bloqueo político que conlleva una repetición electoral mientras las cosas se com- plican en el exterior y afectan a nuestro país. Los datos son evidentes, aunque no alarmantes, es verdad, tal y como señala la ministra en funciones, tanto en la actividad económica como laboral, en la confianza del consumidor y en las cifras de demanda interna, uno de los principales motores de nuestro crecimiento.

Ana Sánchez Arjona

Nadia Calviño ha sido clara al reconocer que este otoño “va a ser muy complicado” para la economía española. Y no solo por el “enfriamiento económico” que se está produciendo en el “entorno” de España, con la amenaza de un Brexit abrupto y la “ralentización de Ale mania”, sino también por la propia situación de bloqueo político que sufre el país. “La prolongación de la incertidumbre ya es en sí misma un efecto negativo” para la economía, señala Calviño, ya que, a su juicio, perjudica las inversiones y lleva a las empresas a tomar decisiones inadecuadas.

No obstante la ministra ha defendido la gestión económica del Gobierno, que calificó de “clara”, “comprensible” y “responsable” en la gestión de recursos, y aunque el crecimiento es “menos vigoroso” que en ciclos anteriores, sugirió que se trata de un crecimiento más sano, sin “burbujas ni desequilibrios insostenibles”.

Calviño sabe lo urgente que formar un Gobierno estable cuanto antes que ponga en marcha las reformas estructurales que, a su juicio, necesita España para subsanar esos y otros desequilibrios y afrontar desafíos como la transición ecológica o la transformación digital. “España tiene un enorme potencial económico y social, pero tenemos que transformar los retos en oportunidades”.

Pero mientras eso ocurre, los datos don evidentes, aunque no alarmantes, es verdad, tal y como reflejan las palabras de Calviño, tanto en la actividad económica como en el mercado laboral, en la confianza del consumidor y en los datos de consumo, uno de los principales motores de nuestra economía

Evolución del PIB

Durante el mes de julio organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea revisaron al alza sus previsiones de crecimiento de la economía española. El FMI la elevó hasta el 2,3% para 2019, dos déci- mas más que en su informe de abril, y la mantuvo en el 1,9% en 2020. La CE también incrementó hasta el 2,3% su previsión de crecimiento de la economía española para este año. El Banco de España se situó entre los más optimistas el pasado mes de junio cuando elevó al 2,4% su pronóstico, desde el 2,2% que apuntó en marzo.

Sin embargo, ahora en septiembre, Pablo Hernández de Cos, ha advertido en una conferencia que los riesgos se orientan claramente a la baja y que España no está especialmente preparada para afrontar una nueva crisis. Indicadores que tradicionalmente han servido para hacerse una idea general de la evolución de la economía española, como la firma de hipotecas, el turismo, el paro, o la venta de automóviles, reflejan ahora síntomas de debilitamiento.

El Brexit; la guerra comercial y las amenazas de aranceles de la Admi-nistración de Donald Trump; y el riesgo de recesión de la economía alemana son otros factores que pue- den pesar aun más sobre la econo- mía española.

La evolución del PIB es el primer signo que demuestra una económi-ca menos vigorosa ya que pasó de crecer a tasas superiores al 3% en 2015, 2016 y 2017, se desaceleró hasta el 2,6% en 2018 y, según pronostican el Gobierno y las principa- les casas de análisis, pasará a crecer alrededor de un 2,2% este año y de un 2% el próximo. La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social se ha recuperado de la fuerte destrucción de empleo que se produjo en el país entre 2008 y 2013, e incluso se superó en el mes de julio por prime- ra vez la barrera de los 19,5 millones de afiliados.

Punto de inflexión

Sin embargo, el mes de agosto ha marcado un punto de inflexión ya que se ha producido la mayor destrucción de empleo en ese mes de los últimos once años.

Aunque la tasa de desempleo se ha recortado desde el pico del 26,9% que alcanzó en el primer trimestre de 2013 hasta el 14,2% a cierre del segundo trimestre de 2019, según datos de la Encuesta de Población Activa de la EPA, esta recuperación se ha producido a costa de empleos que tienen cada vez peor calidad: más del 90% de los nuevos contratos que se firman hoy son temporales y, si echamos la vista atrás, en los últimos diez años se han tenido que firmar 168 millones de contratos de trabajo para que el número total de asalariados en el país aumente sólo en un millón de personas.

El consumo es otro indicador que está empezando a dar señales a tener en cuenta. Aunque durante los años de recuperación económica el consumo ha crecido en detrimento de la tasa de ahorro de los hogares, que cerró el año 2018 en mínimos históricos, los datos publicados porel  Centro  de  Investigaciones

Sociológicas (CIS) muestran que la confianza de los consumidores se ha desplomado en agosto hasta su nivel más bajo desde el año 2014.

Esta falta de confianza se traduce en que los españoles están renunciando a hacer compras: un 88,6% no ha comprado un coche o moto en los últimos seis meses, un 81,6% no ha adquirido ningún mueble para el hogar, un 77,3% no ha comprado electrodomésticos u ordenadores personales y un 75,4% no ha comprado electrodomésticos pequeños.

Esto se explica también porque un 46% de los consumidores llega justo a fin de mes, a un 6,8% le resulta difícil y tiene que tirar de los ahorros, y un 3,7% se ve obligado a contraer deudas. Sólo un 37,7% puede ahorrar un poco y un 5,2% pueden ahorrar bastante.

La situación de las cuentas públicas en España sigue siendo motivo de preocupación. En el año 2018 España consiguió por primera vez en diez años que la Comisión Europea sacara al país del Procedimiento de Déficit Excesivo, un sistema de vigilancia para los países que tienen un déficit público igual o superior al 3% del PIB.

El desfase presupuestario a cierre de 2018 se sitúa en el 2,48% del PIB, pero sigue siendo muy elevado. Sin embargo, hace pocos días, la AIRef consideraba factible reducir el déficit al 2% del PIB

La deuda pública, por su parte, equivale al 98,38% del PIB a cierre de junio y el Gobierno se ha comprometido a reducirla hasta el 95,8% para finales de 2019 en su Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. El esfuerzo debería ser cada vez superior, ya que la Comisión exige a todos los países que ya han conseguido bajar su déficit público del 3% que reduzcan su nivel de deuda pública hasta el 60% del PIB.

También ha habido una buena noticia al respecto hace unos días porque la deuda pubica se redujo en 12.713 millones en julio y se sitúa en el 98% del PIB. Se aleja así del máximo histórico que marcó en el mes de junio.


Pensionistas, funcionarios y CC AA a la espera

El Ministerio de Hacienda trabaja con la idea de subir las pensiones con el IPC y cumplir con la subida salarial de los funcionarios cuando al año que viene se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2020.

Admite que no puede hacerlo en funciones y que debe esperar a que haya Gobierno investido. Una vez investido un presidente y formado el Ejecutivo, se podría activar la tramitación de los Presupuestos, que suele tener una duración de unos tres meses, algo que dependerá también de la correlación de fuerzas parlamentarias que haya tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

En este sentido, María Jesús Montero, ha manifestado su esperanza de que "en febrero o marzo estemos hablando de los Presupuestos de la legislatura".

La ministra se ha referido a la revalorización de las pensiones y explica que para esta medida "se necesita un Gobierno que no esté en funciones". Por ello, señaló que, en caso de que su partido consiga formar Gobierno tras el 10 de noviembre, "tendremos que trabajar a finales de año, una vez el Gobierno esté a pleno rendimiento, para intentar plantear que la recuperación de los derechos de los colectivos más vulnerables pueda entrar en vigor en la mayor brevedad posible".

En caso de que el 1 de enero siguiera sin haber un Ejecutivo a pleno rendimiento con capacidad para  aprobar estas medidas, las pensiones se revalorizarían de forma automática tan sólo un 0,25%, el mínimo legal, según establece el Índice de Revalorización de las Pensiones .

Montero, ha asegurado además que "casi" tiene la solución para abonar a las comunidades autónomas las cantidades pendientes de las entregas a cuenta, que deberían efectuarse antes del 15 de diciembre y que se encuentran bloqueadas por la situación de interinidad del Gobierno. "Casi tenemos ya la solución, pero tenemos que dejar que trabajen los cuerpos técnicos del Ministerio, que son los que definitivamente la tienen que validar", una respuesta que tendría que llegar "antes de diciembre".

La ministra, que no ha detallado cómo sería este mecanismo, ha insistido en que hay un problema "de tesorería", no presupuestario, que para la mayoría de las regiones equivale a unos 15 días de pago, por lo que ha criticado que "algunos estén utilizando las entregas a cuenta para supuestamente justificar su inacción".

 


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