Nº 1791 lunes 9 de SEPTIEMBRE de 2019


ECONOMÍA



Cascada de relevos en los supervisores a la espera de Gobierno

El bloqueo político condiciona la renovación de la CNMC y una repetición electoral alteraría los plazos para el cambio en la AIReF o el FROB


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La Ley del Gobierno fija que el Ejecutivo en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos sin adoptar otras medidas a no ser que éstas tengan caracter de urgencia y sean de interés nacional “debidamente justificado”. Así que, una de las consecuencias que supone el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la consecuente formación de un Gabinete es que muchos cambios previstos tendrán que esperar. Entre ellos figuran varios nombramientos, relevos o renovaciones en las cúpulas de diferentes organismos o instituciones que dependen del Estado y que debarían acometerse en los proximos meses

Ana Sánchez Arjona

En esta semana, comienzo del curso político, se ha hablado con insistencia de organismos como la CNMC, la CNMV, el Defensor del Pueblo o incluso del CIS porque entre las ofertas que le ha hecho el PSOE a Unidas Podemos se encuentra la posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias estuviera al frente de alguno de ellos.

Se trata de relevos que sufrirán el bloqueo político, que impide formar Gobierno, en la renovación de sus cargos. El Ejecutivo en funciones no podrá acometer los cambios más inmediatos, por ejemplo en la CNMC, que entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013 con José Mª Marín Quemada al frente, durante el Gobierno del PP, a partir de la integración de la Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.
Junto al de Marín Quemada, vence el cargo también de la vicepresidenta, María Fernández, y de tres consejeros: Clotilde la Higuera, Benigno Valdés y Josep María Guinart.
En total, la CNMC cuenta con diez consejeros divididos en dos salas: la de Competencia, que preside Marín Quemada y donde están Guinart y De la Higuera, y la de Regulación, que tiene al frente a María Fernández y a Valdes entre sus miembros.

La ley por la que se creó el organismo fija que los mandatos son por "seis años no renovables".

No obstante, si al cumplir el plazo no hay relevo, siguen en plenas funciones y desempeñando los mismos cometidos hasta que se elige sucesor.

La ley de Gobierno fija que el Ejecutivo en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos sin adoptar otras medidas, "salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique".

Los cambios en la CNMC tendrían que acometerse en un momento crítico con las propuestas para la regulación del mercado eléctrico, que tanto revuelo han provocado en el sector y con el proyecto de reducir la retribución de la distribución de las compañías eléctricas, en pleno debate.

Seis años de la AIReF

En otros casos como la CNMV, el FROB o la AIReF los relevos se afrontarían en los próximos meses, entrado ya el año 2020. Aun así, una repetición electoral alteraría los plazos para el cambio en la cúpula de estos organismos.

El primero sería el del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, nombrado en febrero de 2014, también por seis años no renovables. La AIReF, que ha defendido estos años su autonomía e independencia para fiscalizar las cuentas públicas, ha presentado recientemente los informes correspondientes a la primera fase del proceso de revisión integral del gasto público ("Spending Review") encargado por el Gobierno.

En concreto, siete proyectos y más de 30.000 millones de euros de gasto público anual que han analizado la evaluación de estrategia y procedimiento en la concesión de subvenciones; Medicamentos dispensados a través de receta médica; Políticas activas de empleo; Becas de educación universitaria; Programa de promoción de talento y su empleabilidad en I+D+I; Fortalecimiento de la competitividad empresarial; Prestación del servicio postal universal. Sus conclusiones no han estado exentas de polémica

La segunda fase incluye el gasto en áreas como las infraestructuras ferroviarias, los incentivos a la contratación o los beneficios fiscales y se presentarán en los próximos meses.

El mandato del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, también toca a su fin. Fue nombrado en julio del 2015 para cinco años no renovables, así que la ministra de Economía tendrá que buscar un sustituto para que se haga cargo de la venta de Bankia, aplazada al menos dos veces. El FROB anunciaba el pasado mes de mayo que daba por concluido  el proceso de reestructuración de las entidades de crédito españolas al acabar en abril de 2018 los últimos dos planes que recibieron apoyos públicos: Catalunya Banc -integrado en el Grupo BBVA- y CEISS (en Unicaja Banco). Así lo certifica en su Memoria de actividades 2018, en la que adjunta un cuadro histórico de ayudas en las que señala que aportó 58.871 millones de euros a las entidades que necesitaron apoyo público

Ponce es funcionario del Estado desde el 2005, y ocupó el cargo de director general del FROB en febrero, sustituyendo a Antonio Carrascosa y también ocupó el cargo de subdirector general de Legislación y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad (2012-2015). Además, ha sido vocal del Consejo de Administración del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y profesor del Centro de Estudios Financieros.
Albella podría repetir

En la órbita de los supervisores también encararán procesos selectivos organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2020, si bien Sebastián Albella podría renovar otro mandato de cuatro años y sus estatutos obligan al Gobierno a elegir para tal responsabilidad a "personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores".

También se acaba el mandato de Rafael Castejón como consejero del Banco de España, donde es miembro de la Comisión de Auditoría. No obstante, Castejón, que fue propuesto en el paquete del PP para llegar al máximo órgano de la entidad en 2013, puede ser renovado por seis años más. Se da la circunstancia de que este consejo es uno de los pocos en los que sus miembros son más mujeres que hombres: seis sobre 10.

Debería ser inmediato además el nombramiento del presidente del Consejo Económico y Social (CES), el organismo consultivo del Gobierno en materia social y laboral del que forman los agentes sociales que está adscrito al Ministerio de Trabajo y del que Marcos Peña dimitió el pasado abril después de 13 años al mando, cinco de ellos en periodo de interinidad porque la ministra Fátima Báñez se sentía muy a gusto con él y no tuvo a bien buscarle sustituto. Y eso que en las filas de su partido, el PP, había muchos que se postularon. Tras la dimisión de Peña ocupa el cargo en funciones Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Para su relevo, la ministra en funciones, Magdalena Valerio, ha barajado el nombre de María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011.

SUMARIO: El Ejecutivo en funciones no podrá acometer los cambios más inmediatos, por ejemplo en la CNMC, que entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013 con José Mª Marín Quemada al frente, durante el Gobierno del PP


Unidas Podemos le dice al PSOE que no quiere políticos en los reguladores, sino profesionales

La oferta de Carmen Calvo para estar en órganos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Defensor del Pueblo o el Consejo de Seguridad Nuclear fue desdeñada por Unidas Podemos. No sólo porque la consideran una “marcha atrás” y un “retroceso evidente”, sino porque, el partido de Iglesias siempre han defendido que estos puestos “no sean politizados y que se profesionalicen”. En su opinión, deberían estar dirigidos por profesionales expertos en la materia “y no por políticos”, como propone Calvo.

Así que, esta es la posición de Unidas Podemos, al menos de cara a la galería, a la oferta hecha por el partido del Gobierno en funciones a la formación morada.
Pedro Sánchez, ofreció en un acto público a la formación morada pactar un acuerdo de programa y una serie de garantías para su cumplimiento y la entrada en el Gobierno con "altas responsabilidades" en instituciones y organismos no supeditados al Consejo de Ministros. Los de Podemos no serían ministros en un Ejecutivo de coalición, como ellos reclaman, pero ocuparían parcelas de poder.
Mientras, en una entrevista en Onda Cero, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, no quiso concretar de que órganos se trata aunque sí señaló que no están incluidas empresas públicas como Correos porque no es "representación institucional sino entidades de gestión".


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