Nº 1784 lunes 17 de Junio de 2019


DESTACADO


Asegura Marugán que se colocan a la Seguridad Social gastos que no le corresponden

El Defensor del Pueblo reclama más aportación del Estado para las pensiones, más inmigrantes, y ampliar la compatibilidad de pensión y trabajo

 

NL

El pasado martes, el Defensor del Pueblo encabezado, en funciones, por el socialista Francisco Fernández Marugán, envió al Congreso de los Diputados su Informe Anual 2018 en el que aparecen interesantes propuestas sobre las pensiones que han pasado desapercibidas cubiertas por las críticas del Defensor al Gobierno por permitir el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña.

Para nuestro Defensor el problema de las pensiones es serio, pero no por las razones que se exhiben habitualmente, convertidas en tópico de general aceptación. Sostiene Marugán que  el crecimiento del gasto al respecto de la Seguridad Social a lo largo de los últimos ejercicios nada tiene que ver con el envejecimiento de la población, proceso cuyos efectos –ligados principalmente a la jubilación de la generación del baby boom– no empezarán a dejarse sentir hasta mediados de la próxima década.

Asegura que el aumento de la partida de pensiones es el simple reflejo de la maduración del sistema y de la mejora del nivel de vida de la sociedad española en las últimas décadas. Y sostiene que el actual desequilibrio responde, junto a gravísima caída del empleo durante los años de crisis, a una estructura financiera del sistema de Seguridad Social caracterizada por dos aspectos: la  centralidad de las cotizaciones sociales como fuente de ingresos y la relativa irrelevancia de la aportación del Estado vía impuestos generales.

Colocan a la Seguridad Social gastos que no le corresponden

Denuncia Marugán la utilización de un volumen significativo de cotizaciones sociales para el pago de conceptos distintos de las pensiones y del resto de prestaciones del sistema.
Así, con cargo a aquéllas se abonan los siguientes conceptos: los gastos de gestión y de personal de la Seguridad Social (1.687 millones en 2017, si no tenemos en cuenta los gastos correspondientes a las mutuas, otros 1.915 millones de euros); las reducciones de cotizaciones por la contratación (1.615 millones de euros en 2016), una política activa de empleo ajena en sentido estricto al Sistema de Seguridad Social; o, en la misma línea, la aplicación de tipos (o bases) reducidos de cotización con el fin de apoyar otro tipo de políticas relacionadas con la actividad agraria, del mar y desarrollada en el hogar familiar.

Subida de cotizaciones o/y  aumento de la aportación del Estado

Ante el dilema de reducir costes, o sea, rebajar los derechos de los pensionistas, aconseja el aumento de ingresos, vía cotizaciones o/y mayor aportación del Estado. Sostiene Marugán que, teniendo en cuenta que al menos en el corto plazo, no cabe una reducción del gasto, parece difícil que el reequilibrio de la situación financiera del sistema pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales: los derechos adquiridos de los pensionistas, y aquellos otros en curso de adquisición, en el marco de un proceso de maduración del sistema, actuarían como freno jurídico-constitucional para el ajuste.

Es preciso, pues, incrementar los ingresos de la Seguridad Social siguiendo la estela de otros países europeos. Para ello caben dos opciones: el endeudamiento o el incremento de las fuentes de financiación habituales –una subida de cotizaciones– o el aumento de la aportación del Estado vía Presupuestos.

El endeudamiento no es aconsejable por las dificultades existentes para incrementar la emisión de deuda pública, dado el alto nivel alcanzado en los últimos años (en el entorno del 100%) y los compromisos respecto al déficit público. Además, el recurso al endeudamiento de forma prolongada en el tiempo podría llevar aparejadas fuertes dosis de incertidumbre en torno a la viabilidad del sistema.

Tenemos más cotizaciones que en Europa pero menos ingresos

Repara el Defensor en que, pese a contar con unos tipos de cotización ligeramente superiores a la media europea, los ingresos vía cotizaciones sociales representan un porcentaje sensiblemente inferior en España (11,4% del PIB en 2016) que en países de nuestro entorno como Italia (13%), Alemania (14,1%), Países Bajos (14,8%) o Francia (16,7%).

También conviene tener presente que el volumen representado por la aportación del Estado en la estructura financiera de la Seguridad Social es bajo en nuestro país (alrededor de un 9% del total de ingresos) frente a algunas experiencias de referencia de nuestro entorno (en Alemania y Francia representan un 25%).

Cambios a corto plazo recomendados

Algunos cambios a corto plazo pueden aliviar el déficit en la Seguridad Social vía pensiones: el fomento de la inmigración regular y ordenada como factor que permite el desempeño de trabajo autorizado, fuente de cotizaciones e ingresos a la Seguridad Social.

Señala también que el aumento de la esperanza de vida, la mejora en las condiciones físicas y la prolongación de la vida laboral ha determinado que la mayor parte de los países de nuestro entorno, entre otros, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Austria, Noruega, Finlandia, Suecia o Polonia, permitan compatibilizar pensión y trabajo por cuenta propia o ajena, sin merma de la pensión de jubilación, independientemente del volumen de ingresos obtenidos.

Ampliar la compatibilidad de trabajar y cobrar pensión

El percibo de la pensión de jubilación es ya compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo anual
interprofesional, en cómputo anual. Y desde el año 2013, es posible también compatibilizar la pensión con el trabajo remunerado que supere dicho límite de ingresos, lo que se denomina «jubilación activa», pero a cambio de renunciar a la mitad de la pensión, pagar una cotización por incapacidad temporal y por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedad profesional) y una cotización especial llamada de «solidaridad» del 8%,
que además no computa a efectos de prestaciones.

La legislación de la Seguridad Social contemplaba ya algunas medidas encaminadas a favorecer dicha compatibilidad, al incluir una excepción al criterio general de incompatibilidad del cobro de pensión de jubilación respecto al desempeño de puestos de trabajo de profesores Universitarios eméritos, y personal licenciado sanitario emérito.

En el año 2017 se extiende esta posibilidad a trabajadores por cuenta propia que contraten al menos un trabajador por cuenta ajena y en el 2019 al colectivo de artistas y creadores. En estos supuestos, los interesados pueden compatibilizar su actividad laboral con el 100% de su pensión.

Dentro del ámbito del diálogo social y de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, está igualmente prevista la ampliación del régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, al objeto de que pueda aplicarse al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena. La idea es que tal ampliación procurará ingresos al Estado, vía impuestos y cotizaciones, y puede suponer una importante ayuda al sostenimiento del sistema de pensiones.

Pero lo importante es ampliar la aportación del Estado

Pero el Defensor del Pueblo pone el énfasis en la financiación vía Presupuestos Generales del Estado y recuerda que ya ha habido propuestas de financiar con las pensiones de viudedad y orfandad.

La mayor aportación estatal se puede ejecutar bien creando un impuesto específico para ello, o destinando una partida de los impuestos ya existentes, lo que permitiría reducir la carga que actualmente recae sobre las cotizaciones sociales y hacer frente a determinadas pensiones contributivas a través de la recaudación impositiva.

No quiere Marugán que se olvide que la actual aportación del Estado vía impuestos generales no es muy relevante y que en cambio se utiliza un volumen significativo de cotizaciones sociales para el pago de conceptos distintos de las pensiones y del resto de prestaciones del sistema como gastos de gestión y de personal de la Seguridad Social, reducciones de cotizaciones por la contratación, una política activa de empleo ajena en sentido estricto al Sistema de Seguridad Social y bases reducidas de cotización. Probablemente –añade–, un aumento de las bases de cotización tendrá asimismo que discutirse.


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