Nº 1783 lunes 10 de Junio de 2019


FINANZAS


Aún están en el aire 2.000 millones en reclamaciones, la responsabilidad penal de Ron
y Saracho y las demandas contra la JUR

Dos años de la caída del Popular, y todo por resolver


La madrugada de 7 de junio de 2017, el Banco Popular era intervenido por la Junta Única de Resolución (JUR) ante lo que calificaron como una acuciante falta de liquidez. La operación se convirtió en la primera y por el momento única  ‘expropiación’ de un banco europeo y supuso un antes y un después en la crisis del sistema financiero. Dos años después, casi todos los interrogantes siguen sin respuesta. La entidad enfila la recta final de su integración en el Banco Santander, que la compró por un euro, sin que se haya resuelto el aluvión de demandas por distintas vías judiciales, lo que deja en el aire más de 2.000 millones de euros en reclamaciones; la determinación de la responsabilidad penal de los antiguos gestores con Emilio Saracho y Ángel Ron a la cabeza, y el esclarecimiento de algunos aspectos del proceso que la JUR, pese a las peticiones de los afectados, aún no ha hecho públicos.

Nuria Díaz

La intervención del Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) se hizo rápidamente. Tanto, que más de 300.000 accionistas y bonistas del entonces sexto banco español se acostaron el 6 de junio de 2017 con sus acciones, cada vez con menos valor, pero con acciones, y se levantaron el 7 de junio sin nada, con un puñado de papeles que valían cero euros, y con la sorpresa además de que el banco había pasado a ser propiedad del Santander. Toda la celeridad que se desplegó esa madrugada, aún repleta de incógnitas, se convirtió después  en lentitud a la hora de determinar responsabilidades y cerrar el periplo judicial de reclamaciones y demandas. Que son muchas y en distintas instancias.

Un lento proceso judicial


A esta lentitud en el proceso se refiere ADICAE, por ejemplo, cuando asegura que en estos dos años pocos han sido los avances para la clarificación de lo ocurrido donde ni siquiera se ha empezado a tomar declaración a los imputados y cuanto más tiempo pase más difícil será darle una solución razonable a los 300.000 afectados.

ADICAE, acusación particular de 934 socios afectados, se querelló en 2017 contra el Banco Popular (que hoy ya no existe jurídicamente) y todos los miembros del consejo de administración, tanto del periodo de Angel Ron como de Emilio Saracho, incluyendo a ambos. La asociación asegura que sigue recibiendo adhesiones de consumidores afectados para sumarse a ésta y otras vías iniciadas en el caso. La mayoría de las demandas presentadas contra Popular se basan en que los datos aportados por el banco de cara a su ampliación de capital no se ajustaban a su realidad contable. Banco Popular cerró el 11 de junio de 2016 la operación lanzada para captar 2.500 millones, logrando una demanda total de 3.401 millones de euros. Y lo cierto es que, aunque muy lentamente, los juzgados han ido dando la razón a los demandantes . Desde Arriaga Asociados, por ejemplo, señalan que aproximadamente el 95% de las demandas que han presentado son estimatorias.

Los grandes accionistas aún ‘pican’ más alto. Entre los que más reclaman está en núcleo duro de la Sindicatura de Accionistas del Popular que interpusieron en enero una demanda ante la justicia europea para recuperar 484 millones de euros. También mantienen actuaciones ante el TJUE y la Audiencia Nacional la familia más rica de Chile, los Luksic, para recuperar 113 millones.  Félix Revuelta, presidente de Naturhouse perdió 45 millones de euros y ha creado su propia plataforma, Ampopular, y reclama 100 millones.

De entre todos los grandes accionistas, un caso especial es el de Antonio del Valle, en su calidad de denunciado y denunciante. El empresario mexicano está imputado en la instrucción de la Audiencia Nacional como toda la cúpula de Popular, y otros compatriotas suyos que llegaron a controlar más de un 4% del capital social del banco. Al mismo tiempo, presentaron hace el año pasado dos solicitudes de arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en los que reclaman al Estado 470 millones de euros de su inversión.

La JUR, ‘a juicio’

Pero la tormenta judicial no acaba aquí. Por otro lado, y aunque la Audiencia Nacional ha admitido a trámite 262 recursos contencioso-administrativos contra el FROB, su tramitación se ha suspendido a la espera de una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR de resolver la entidad y que están a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea. La propia JUR está inmersa en un procedimiento de audiencia pública y debe decidir si cabe compensar a los accionistas y acreedores por la intervención. El problema es que hasta el momento, y pese a las reclamaciones de varios grupos de inversores, el organismo que preside Elke König, no ha accedido a dar toda la información sobre el informe que requirió a Deloitte. La primera versión la ofreció censurada, y aún no ha ofrecido una versión completa.

A este respecto, ADICAE señala que “no puede olvidar que la caída del Popular ha tenido su vertiente europea. La entidad se convirtió en el ‘conejillo de indias’ de la JUR al ser la primera entidad intervenida y vendida a Banco Santander por el simbólico e irrisorio precio de un euro. La asociación fue una de las primeras en cuestionar las decisiones por usar al Banco Popular y abandonar a los pequeños ahorradores lo que motivó la primera demanda ante el TJUE contra la Junta Única de Resolución”.

Además en estos dos años, ADICAE ha presentado las alegaciones en defensa de los miles de perjudicados demostrando que el comunicado de la JUR en el que justifica la decisión de no compensar a los afectados se basa en unos escenarios e informaciones del informe de Deloitte que son meramente estimativos y especulativos y ni siquiera hacen referencia a la cantidad necesaria de liquidez que se ha tenido que suministrar al banco tras la resolución.

La cúpula en el banquillo

En tercer lugar y de manera paralela, la Audiencia Nacional también mantiene abierta una investigación penal contra el Popular y sus antiguos gestores. Pero los expertos no creen que hasta bien entrado 2020 se inicie el juicio oral. Una vía que también se ha retrasado por el cambio de magistrado con José Luis Calama, que sustituyó en la causa al juez Fernando Andreu.
El primero ya imputó hace unos meses al Santander como ‘heredero’ del Popular, pero después se aceptaron los recursos del banco que, de momento, queda libre de esa carga. Entre los investigados sí están los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como alrededor de una treintena de nombres vinculados a la entidad.


La integración en el Santander, a punto

El Banco Santander está a punto de culminar la integración de la red del Popular dos años después de su compra por el precio simbólico de un euro y de una multimillonaria ampliación de capital para reflotar la entidad, a la que le quedan ahora sólo unos días de existencia.

Hasta el momento, el Santander ha incorporado el 65 % de las oficinas del Popular, unas 950 sucursales repartidas por buena parte de España, por lo que ahora le falta integrar el 35 % restante de la red, cerca de 550 oficinas más, entre las que se incluyen las de Madrid, Andalucía, Castilla y León o Extremadura.

La idea del grupo presidido por Ana Botín es completar plenamente la integración del Popular en julio, después de haber empezado a finales de 2018 muy poco a poco la incorporación de las primeras sucursales, lo que le permitió sumar en la primavera de 2019 a 325 oficinas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

ERE
A pesar de un primer ajuste de plantilla tras la compra, que afectó a los servicios centrales, la cifra de empleados conjunta supera hoy en día los 32.360 y la intención del banco es reducir con un nuevo ERE esa cantidad en 3.464. El Santander, que ha sido imputado y desimputado sucesivamente por la Audiencia Nacional, tiene marcado en rojo en el calendario el próximo 4 de julio, cuando está previsto que el banco que presie Ana Botín y la Abogacía del Estado presenten ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus escritos en los que defenderán su idea de que la resolución de Banco Popular, de la que esta madrugada se cumplieron dos años, se efectuó de acuerdo a la ley y, por lo tanto, se ajusta a derecho.


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