Nº 1770 lunes 11 de Marzo de 2019



ECONOMÍA



El Gobierno trata de sacar adelante ‘in extremis’ la renovación del CSN con cuatro consejeros afines y el calendario para desmantelar las centrales

La nuclear, la última batalla de Sánchez


La nuclear podría ser la última batalla que libre el Gobierno de Pedro Sánchez esta legislatura. El Gobierno ha procedido a renovar casi en el tiempo de descuento el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un órgano que con tres candidatos a propuesta del PSOE y uno a propuesta de Podemos, imprimiría al organismo un perfil menos nuclear, precisamente en plena negociación del protocolo para poner fecha a las prórrogas de explotación de las centrales nucleares y las condiciones de su posterior desmantelamiento. Un protocolo que ya han firmado Iberdrola y Naturgy y que lo harán esta misma semana Endesa y EDP.

Nuria Díaz

La renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que podría estar a punto de completarse, amenaza con convertirse en el último campo de batalla entre el Gobierno y la oposición. El Gobierno quiere dejar configurado el nuevo consejo y el PP dilatar los tiempos para que sea un posible gobierno popular, si ganan las elecciones, el que controle, como sucede ahora, el organismo.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de febrero las propuestas del Gobierno para renovar el organismo, que hace meses que tiene a cuatro de sus cinco consejeros con sus mandatos caducados. Fuentes socialistas señalan que pese a la insistencia de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, para que pusieran sobre la mesa algún candidato, el PP optó por no dar ningún nombre, por lo que el equilibrio de fuerzas cae de su lado.

Pilar Lucio, presidenta
Así, el ejecutivo comunicó al Congreso la propuesta de nombramientos de la diputada socialista Pilar Lucio, de la catedrática de Física Elvira Romera, del físico del Ciemat y ecologista Francisco Castejón y de Josep María Serena, ingeniero industrial. Lucio, portavoz de Energía del PSOE, pasaría directamente a presidir el organismo.

La Comisión de Transición Ecológica ya analizó el perfil de todas las propuestas el pasado 27 de febrero, sin que ninguno de los candidatos obtuviese el apoyo de las tres quinas partes entre otras razones porque Ciudadanos abandonó la sesión antes de la votación. La votación se saldó con un resultado de 19 votos a favor y 14 en contra, que tal y como contempla la ley de creación del CSN, el Gobierno puede en el plazo de un mes desde que se aprobaron los nombramientos, hacerlos oficiales. Justo a tiempo, antes del fin de la legislatura.

Desde el PSOE aseguran que tiene todos los informes jurídicos de su lado, pero aúna si el PP ha hecho varios intentos de paralizar el proceso. El primer, el de la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor que solicitó un informe jurídico a los letrados del Congreso sobre la ‘legalidad’ de que la Mesa le diera salida, informe que dio la razón al Gobierno. Después, el presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que le pide bloquear la renovación del organismo, criticando a los candidatos.


Críticas a Castejón
Sobre todo a Castejón “como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones reiteradas y públicas en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales”. También considera un punto en contra de su nombramiento el hecho de que haya asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en las que “descalificó actuaciones del CSN”. De hecho, explica Marti, “la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias” contra el organismo, “interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales. Marti dice no entender “la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias”, es decir, “cuando es más que previsible que en el horizonte de muy pocos meses” se produzca “una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo”.

El último intento se daba prácticamente al cierre de esta edición con el escrito del consejero a propuesta del PP y único cuyo mandato no ha caducado, Javier Díes, enviado al pleno del consejo en el que pide que sea el nuevo Gobierno tras el 28 -A el que inicie de nuevo la renovación de 4 consejeros. Díes considera que le corresponde al nuevo Gobierno que resulte elegido en las urnas tras los comicios del 28 de abril iniciar "otra vez un expediente de renovación de los cuatro consejeros" que en este momento tienen su mandato vencido. Díes ha manifestado que según su "leal saber y entender" y para "no incurrir en futuras responsabilidades" ya que su mandato en el regulador aún seguirá vigente varios años, a su juicio, la disolución de las Cortes Generales "paraliza la tramitación del expediente".

Se da la circunstancia, explican fuentes del sector, de que Díes también fue designado sin ser refrendado por las tres quintas partes de la comisión y el Gobierno del PP lo nombró a diez días de que se disolvieran las Cortes. Desde el PP amenazan con presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso de que el Gobierno finalmente apruebe los nombramientos de forma unánime. Si no es así, podría aprobarlos el próximo consejo de Ministros.

Cuestiones pendientes
La bronca alrededor de la renovación del CSN se explica porque se trata de un organismo fundamental que deberá, por ejemplo, analizar las prórrogas que piden las centrales nucleares para seguir operando. En su mano está también el análisis del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares o la polémica mina de uranio de Salamanca. En los últimos años, bajo el control del PP, ha sido un foco de polémicas al adoptar algunas decisiones controvertidas, como dar una primera autorización al emplazamiento del ATC a pesar de existir algunas dudas técnicas.Tambén cuando se le concedió la prórroga a Garoña, con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, que señaló que era la primera vez desde 1999 que en un informe del Consejo no se pone una fecha, en contra de la práctica avalada por organismos internacionales de otorgar un periodo de 10 años y que la autorización lleguaba sin que Nuclenor hubiera completado las modificaciones a tiempo.



Las eléctricas firman con Enresa el protocolo que pone fecha al cierre de las centrales nucleares

El Plan de Energía y Clima que el Ministerio de Transición Ecológica ya contemplaba el cierre ordenado del parque nuclear. pero ahora las compañías eléctricas han sellado un acuerdo con Enresa para poner fecha el cierre escalonado de las centrales. La semana pasaa lo hacian Iberdrola y Naturgy, y ésta lo harán Endesa, que debia aprobarlo primero en su consejo de administración, y EDP.

Según la propuesta firmada por las eléctricas, las central nuclear de Almaraz aprobará en su próxima reunión de este martes día 12 de marzo solicitar una prórroga por 7,4 años para el grupo I y por 8,3 años para el grupo II, lo que permitirá alcanzar una vida a esta planta de 45 años.

La central de Trillo se convertirá en la planta más longeva, ya que se puso en operación en 1988 y podrá cerrar en 2035, es decir, un total de 47 años de funcionamiento.

La central nuclear de Ascó y la de Cofrentes afrontarían su cierre en 2030, el grupo II de Ascó en 2032, Vandellós II en 2035.

Enresa necesitaba tener plazos concretos para calcular la tasa qe cobra por los residuos.

La tasa
Con la propuesta planteada por Enresa, el incremento de la tasa nuclear será del 20%.
El consejero delegado de endesa, José Bogas, señalaba hace unos días que las fechas de cierre pactadas son “orientativas”, y que no se trata de una clausura fijada e inamovible. Todo dependerá del contexto que haya en cada momento en cuando a garantía de suministro del sistema y el grado de implantación de las renovables, apuntantaba.

 

Complejidad
En cualquier caso, no es asunto fácil. A la  complejidad técnica y econóica que supone cerrar una instalación nuclear, hay que sumar la falta de un Plan de Residuos actualizado –el vigente es del año 2006–; la paralización del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca).

 


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