Nº 1770 lunes 11 de Marzo de 2019


DESTACADO


El gigante tecnológico se burla de la Hacienda española

Google del ‘Gran Poder’


NL

Lo hace dentro de la legalidad, faltaría más, y debidamente auditada por EY,  aprovechándose  sin complejos de su monopolio mundial. O el duopolio, si contemplamos a Facebook, que al menos tiene conciencia culpable al reunirse la pasada semana con representantes de los partidos para asegurarles que no va a vender los datos que posee sobre los ciudadanos arteramente en beneficio de alguno de ellos como hiciera en beneficio de Trump.

La semana pasada la Hacienda española tiraba la toalla al contemplar impotente que, tras siete años de investigación fiscal, incluyendo actuaciones tan fuertes como el registro en 2016 por la Agencia Tributaria de su sede, sólo ha logrado tres miserables millones de euros.

Los inspectores de Hacienda españoles, muy competentes ellos, hicieron su trabajo concienzudamente, tanto en tiempos del popular Cristóbal Montoro como de la socialista María Jesús Montero, pero se estrellaron en la batalla contra un monstruo que cuenta con los mejores abogados del mundo, mucho mejor pagados que nuestros inspectores.

Arquitectura fiscal montada para evadir impuestos
Los abogados de Google han montado una arquitectura  fiscal con base en Irlanda donde los impuestos a las empresas son los más bajos de Europa que les permite torear las leyes tributarias españolas. Su avanzada en España, ni siquiera puede hablarse de sucursal, se denomina Google Spain, se disfraza humildemente de “Sociedad Limitada”. Google no tiene límites aunque tímidamente se presenta como “un «servicio de marketing e investigación y desarrollo» prestado a su matriz, Google Irlanda”.  Son de una humildad franciscana.

A pesar de su infinito poder traducido en abuso, a pesar de que expropia a los editores de periódicos, tiene buena prensa. Es un monopolio que, a diferencia de la repugnancia que suele ocasionar el término, disfruta de simpatía general. Quizás porque todos recurrimos a Google para ilustrarnos de forma gratuita sin percatarnos de que no lo es, que lo pagamos los usuarios con nuestros datos, que Google nos expropia sin indemnización.
Es un monopolio de éxito que algunos economistas liberales consideran aceptable. Junto a Facebook, se libra de las severas medidas antimonopolio de Estados Unidos que paradójicamente son aplicadas sin piedad a las asociaciones de editores de periódicos que han tratado de unirse para defenderse del monstruo.

Se han escaqueado también de las leyes que tratan de garantizar la sana competencia en la Unión Europa, aunque han tenido que pactar para ello pagando un precio modesto tras la amenaza de Joaquín Almunia, a la sazón vicepresidente económico de la Comisión  Europea y comisario de la Competencia, de imponerles unas multas del orden de los 5.000 millones de euros.

Sánchez se queda solo con la ‘tasa Google’
Según informa Google Spain Sociedad Limitada, como consecuencia de la inspección fiscal ha pagado al Tesoro por «impuesto corriente de años anteriores» un total de 2,76 millones, a los que hay que añadir un pago de 321.178 euros por intereses del Impuesto de Sociedades pagado con retraso. Añade Google que con estos tres millones ha tenido que pagar a Hacienda respecto a los resultados del ejercicio de 2017 nueve millones, frente a los 6,5 millones del año anterior. Los pobres.

A esto habrá que añadir lo que salga de la investigación de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Sociedades e IVA de 2016 y 2017. Debe estar desolado Eric Emerson Schmidt, el director ejecutivo de Google en la sede mundial del gigante tecnológico sita en Mountain View (California). 

El gobierno Sánchez ha tratado de reaccionar frente a este abuso el pasado 19 de octubre con un anteproyecto ad hoc, que crea la ‘tasa Google’  acogiéndose a una directiva de la Comisión Europea propuesta en marzo de 2018 que ningún otro gobierno se ha atrevido a llevar a sus respectivos parlamentos.
La tasa que pretende imponer Sánchez,  "se enmarca – según la exposición de motivos– en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI".

Los editores llevan años tratando de defenderse del abuso de poder de Google. Argumentan que el tráfico generado mediante los agregadores de noticias apenas revierte en los periódicos, sino que, en su mayor parte, queda en poder del agregador, a pesar de que los internautas entran en él buscando los contenidos de los periódicos. "Estaríamos encantados de que Google nos demostrara lo contrario –aseguran–. Pero cada vez que hemos pedido esos datos se nos han negado sistemáticamente". Los editores denuncian que el uso de sus contenidos supone "un aprovechamiento indebido de una inversión realizada por terceros".


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