Nº 1740 lunes 9 de julio de 2018



ECONOMÍA



Anuncia que eliminará los contratos estrella de Báñez, como el de emprendedores, con despido libre, o el de formación, que no cumple objetivos

Valerio hinca el diente a la reforma laboral

     

Magdalena Valerio ha pasado a la acción y a los cuarenta días de su nombramiento ha puesto sobre la mesa las primeras medidas para desmontar la reforma laboral de Mariano Rajoy, que pasan por la derogación del contrato de emprendedores, una de las propuestas que el anterior Ejecutivo llevó por bandera en su defensa de la norma aprobada en 2012. Las favorables condiciones de contratación y los atractivos incentivos económicos que contempla no han dado, a juicio del ministerio, “los resultados deseados ni ha conseguido frenar la temporalidad”.

 

Ana Sánchez-Arjona

En la foto reciente de la firma del pacto salarial aparecían los agentes sociales, la actual ministra Magdalena Valerio y la ex titular de Empleo, Fátima Báñez. Todo un gesto de Valerio con el que reconocía el trabajo de Báñez en la anterior legislatura para lograr el acuerdo. Un gesto que coincide en el tiempo con el anuncio de que Valerio tiene intención de tumbar los contratos estrella que facilitan el despido libre y que llevan precisamente la rúbrica de su antecesora.

Se acabó el tiempo de espera y la ministra de Trabajo ha decidido pasar a la acción a los cuarenta días de su nombramiento. Ha puesto sobre la mesa las primeras medidas para desmontar la reforma laboral de Mariano Rajoy, con la derogación del contrato de emprendedores, una de las propuestas que el anterior Ejecutivo llevó por bandera en su defensa de la reforma. “Este contrato no está dando resultados, no se convierten en indefinidos. No acaba con la temporalidad y tenemos que velar por el empleo de los jóvenes”…decía Valerio en una entrevista reciente para señalar que en definitiva “a este contrato hay que darle una vuelta porque no funciona adecuadamente”.  Una vuelta que pasa por su derogación porque “no ha respondido al objetivo que perseguía y ha introducido precariedad”.

Pero liquidar la normativa en vigor desde 2012 no será un proceso con el que se pueda acabar de hoy para mañana y en poco tiempo, como ya reconoció la ministra nada más tomar posesión del cargo. Algo que confirmaba la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas: “No nos gusta el contrato de emprendedores”, señalaba y dejaba claro que el Gobierno quiere acabar con él en cuanto reúna los apoyos parlamentarios suficientes.

El contrato de apoyo al emprendedor cuenta con favorables condiciones de contratación e incentivos económicos atractivos. Sin embargo, a juicio del Ministerio, “ni ha dado los frutos deseados ni ha conseguido frenar la temporalidad”.

Desde la creación del contrato de apoyo a emprendedores, los sindicatos vienen denunciando que se trata de un contrato temporal encubierto con despido gratuito, y que muchos contratos de esta naturaleza no se mantienen transcurrido el periodo de prueba.

El contrato indefinido para emprendedores abrió en su momento la posibilidad a los pequeños empresarios de hacerse con los servicios de un trabajador menor de 30 años –o mayor de 45– con importantes beneficios fiscales, y con la ventaja de que durante el primer año podía extinguirse la relación laboral sin causa justificada, lo que suponía de facto el despido libre.

Esta modalidad ha propiciado la firma de 958.000 contratos en el periodo desde que se puso en marcha en 2012, “pese a sus muy favorables condiciones”, señala el Ministerio. Se trata de un 0,7% de los aproximadamente 130 millones de contratos firmados desde entonces. 

Magdalena Valerio quiere también hacer cambios en el contrato de formación y aprendizaje. “…No llegan a 5.000 contratos de formación y aprendizaje…..también merece que se revise esta modalidad de contratación”, señalaba la ministra a la Cadena Ser.

Esta fue otra de las apuestas del anterior Gobierno para luchar contra el desempleo juvenil, que llegó a afectar al 55% de los menores de 25 años en 2013. Con el reformado contrato de formación de 2012, el empresario se beneficiaba de una exención en las cotizaciones, así como una bonificación de hasta 1.500 euros anuales durante los tres años posteriores a convertir a ese trabajador en fijo.

Cotización de los temporales

Pero Trabajo entiende que no está funcionando como mecanismo del fomento del empleo de los jóvenes, como se pretendía.

El Ministerio de Trabajo también quiere actuar contra lo que considera un abuso de los empleos temporales. Por ello, va a “tomar medidas capaces de igualar la cotización de los temporales de corta duración para que coticen exactamente en los mismos términos que los indefinidos”.
Se trataría de incluir en las cotizaciones que pagan los empresarios de esos trabajadores conceptos como los festivos, las vacaciones o las pagas extraordinarias, que ahora no se incluyen en los contratos de hasta 7 días, aunque ya incluyen una penalización del 36% en las cuantías a ingresar a la Seguridad Social para evitar su abuso.

En algunos meses, uno de cada cuatro contratos que se firman tienen una duración inferior a una semana, aunque Trabajo quiere que las empresas usen esta modalidad para evitarse los gastos laborales derivados de algunos conceptos que no están incluidos en ella.

Dar más solidez al diálogo social es uno de los principales objetivos de la ministra de Trabajo sobre todo cuando se van a abrir nuevas e importantes negociaciones tripartitas.

Esta misma semana Pedro Sánchez, volverá a recibir en La Moncloa a la ministra y a los máximos dirigentes de CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT para establecer una nueva hoja de ruta que aborde los principales problemas como es el de la ultraactividad de los convenios.

Recuperar la ultraactividad

De hecho Valerio quiere recuperarla y apuesta además porque el convenio del sector mande sobre el de empresa. Para ello ha asegurado que el Gobierno abordará "actuaciones de urgencia" para restablecer el equilibrio de las relaciones laborales “Hay que devolver a los agentes sociales su poder negociador, priorizar el convenio sectorial al de empresa”

Señalan los expertos que con ello busca conseguir principalmente: que los sindicatos recuperen el protagonismo perdido en la empresa y frenar los recortes de salarios que supuso dar todo el poder a las empresas en los convenios.

La reforma del Gobierno Rajoy potenció la flexibilidad para cambiar las condiciones laborales con el objetivo de frenar el desempleo. El argumento era permitir que una empresa con dificultades económica dejara de aplicar el convenio, incluida los incrementos salariales contemplados en los pactos sectoriales, y diera prioridad a los firmados en la propia empresa. Una opción que generó una gran polémica y que tiene fecha de caducidad.

El limite de un año que estableció a la ultraactividas la reforma del Gobierno del PP, parece que tiene también los días contados. El Ejecutivo buscará fórmulas para hacer desaparecer los actuales límites. Este mecanismo era uno de los mayores elementos de control que tenían los sindicatos en las negociaciones de los convenios.

Apoyado en su moción de censura por el grupo más heterogéneo y dispar de formaciones políticas que nunca un candidato había logrado unir, Pedro Sánchez se enfrenta a la difícil tarea de gobernar en solitario con 84 diputados, el menor respaldo con el que ha contado un presidente del Gobierno. Tendrá la ventaja, eso sí, de que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 están casi aprobados a falta solo de un trámite en el Senado muy difícil de parar. Pero los problemas se presentaran cuando quiera sacar adelante otras iniciativas, como ya le ocurría a Mariano Rajoy con sus 134 escaños.

El ya presidente del Gobierno sabe que el consenso se convierte para él en una obligación ineludible: “quiero buscar el consenso y el diálogo, que serán las banderas de mi Gobierno lo que no ha hecho el PP en los últimos sietes años”, y sabe que comienza un periodo complicado cuya duración está por ver.

En realidad, el líder del PSOE ha hecho lo más difícil o lo más fácil, según se mire, llegar a la Moncloa. Ahora el reto será cómo se mantiene y gobierna con cierta tranquilidad algo a lo que deberá contribuir el equipo del que se rodee. Sobre quienes van a formarlo, el líder del PSOE solo ha dado una pista genérica: será paritario. Sobre nombres, nada, al menos a día de hoy. Pero lo que está claro es que quienes acepten la llamada de Sánchez tienen que ser conscientes de que su mandato puede ser breve y que el mayor reto al que se enfrentan es saber cómo gobernar con 84 diputados cuando la mayoría absoluta está en 176. Su Gobierno estará obligado a hacer auténticos malabarismos parlamentarios para lograr que los proyectos que envíe a la Cámara salgan adelante. Pablo Iglesias ya le ha recordado que con 84 diputados no se puede gobernar y le ha pedido que forme “un Gobierno amplio” que les incluya a ellos.

Porque una cosa es construir un frente 'anti Rajoy' y otra ofrecer los votos necesarios para que una ley sea aprobada por el Congreso.

Sin embargo, los próximos meses no tienen por qué suponerle un problema a Pedro Sánchez. Será después del verano, en otoño cuando comience de verdad la tramitación de los Presupuestos para el año que viene y cuando se tenga que enfrentar a las primeras dificultades, dando por descontado que ha conseguido aprobar el techo de gasto.

Con los 134 diputados del PP en contra y posiblemente también los 32 de Ciudadanos, el PSOE tendrá que intentar sostenerse en los mismos grupos que han respaldado su investidura. Se podría dar la circunstancia de que no solo tuviese que trabajar este año con unos Presupuestos aprobados con su voto en contra, sino que tuviera que hacerlo en 2019 también.

Lo que parece tener claro el nuevo jefe del Ejecutivo es que debe ajustarse a los compromisos adquiridos con Europa, que mira con lupa las cuentas públicas y el cumplimiento del déficit. Así que trasladar al exterior una imagen de estabilidad debido al carácter de provisionalidad que marcará su mandato, es algo prioritario.

“Mi Gobierno garantizará la estabilidad”, ha dicho, “frente a las incertidumbres y desafíos inmediatos a los que se enfrenta España…con un programa de estabilidad moderado, realista y de consenso de cuatro puntos: la estabilidad institucional y regeneración democrática, el primero; la estabilidad macroeconómica y presupuestaria, el segundo; la estabilidad social, laboral y medioambiental, el tercero; y la estabilidad territorial como cuarto eje”. Pedro Sánchez quiere conseguir los acuerdos indispensables para ejecutar cambios centrados en la agenda social, siempre “dentro de los márgenes limitados a los que está sujeto el Gobierno en las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos”, puntualizó en clara alusión al programa de estabilidad europea que limita el gasto. Entre sus prioridades está impulsar la Ley de Igualdad Salarial e impulsar un Pacto de Rentas que aborde “la dignificación salarial de los trabajadores y las trabajadoras”. Pero, además, Sánchez ha hablado de otras “urgencias sociales” que su Gobierno “no va a omitir ni dilatar”. Entre ellas, se ha comprometido a recuperar el carácter universal de la sanidad pública, “devolviendo a las personas que viven en España la atención sanitaria de la que fueron excluidas” tras la reforma de 2012, y a emprender un plan para reducir las listas de espera en el sistema de dependencia, que actual-mente registran a más de 300.000 personas con derecho a una prestación, que no la reciben.

En este sentido, ha asegurado que desde su Ejecutivo se garantizará la financiación necesaria para el sistema nacional de dependencia que el Gobierno actual debería estar financiando con las autonomías al 50% y que, según ha precisado, son estas últimas “y especialmente las gobernadas por socialistas” quienes estás “manteniendo a pulmón” el sistema.

Por otro lado, ha afirmado que mejorará la eficacia del Estado del bienestar para combatir la pobreza e impulsará la reactivación del diálogo con los agentes sociales, en especial para el desarrollo del pacto de rentas que defienden los sindicatos para “la dignificación salarial de los trabajadores”.

Sánchez se ha comprometido también a impulsar un acuerdo por la financiación autonómica y a recomponer los consensos “rotos” en el Pacto de Toledo para alcanzar un amplio acuerdo sobre la viabilidad del sistema de pensiones.

Se ha mostrado dispuesto a abrir una nueva etapa basada en el acuerdo y superar una etapa en la que, a su juicio, “el Ejecutivo ha dado absolutamente la espalda” al Congreso y ha tenido una actitud de “bloqueo”. Frente a eso, su Gobierno fundamentará su actuación en “medidas que han generado amplios consensos parlamentarios”, entre los que ha mencionado los referentes a la independencia de RTVE, y la eliminación del 'impuesto al Sol'. Hay que recordar que el Parlamento Europeo propuso eliminar este impuesto que pasaría a ser ilegal según las normas de la UE.

Sánchez también se ha comprometido a aprobar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables y siente “las bases para la necesaria transición ecológica de nuestra economía“
La legislatura termina de forma oficial a mediados de 2020, pero casi nadie cree que el secretario general del PSOE sea capaz de aguantar dos años en esta situación. La salida sería un adelanto electoral que parece tener ya en su agenda.

Pero tampoco es sencillo. El año que viene está plagado de convocatorias, lo que tampoco ayuda al consenso. En marzo hay comicios en Andalucía, y el entorno de Susana Díaz ya ha dejado claro que no le apetece demasiado que ambas citas coincidan. A finales de mayo hay elecciones municipales en toda España, autonómicos en varias comunidades, forales en el País Vasco y Europeas. Nunca se han hecho al mismo tiempo que unas generales. La tercera opción: elecciones en otoño de 2019. Si fuera así, Sánchez habría aguantado más de un año en la Moncloa.

Revolución fiscal para los autónomos: ligar la cotización a los ingresos reales

Magdalena Valerio también ha sido contundente y ha puesto sobre la mesa posibles cambios en la cotización de los autónomos.

Los expertos aseguran que este planteamiento supone una verdadera revolución fiscal para este colectivo.  Ha planteado la necesidad de revisar la cotización de los trabajadores por cuenta propia para ligarla a los ingresos reales que perciben. “No es razonable que un autónomo que tenga unos ingresos en un mes de 150 euros tenga que pagar una cuota de 300 euros”.

Y es que mientras algunos no tienen ingresos suficientes siquiera para abonar la cuota mensual, “tres de cada cuatro autónomos están cotizando actualmente por debajo de sus ingresos”, ha apuntado Magdalena Valerio.

Esta propuesta de reformar de la tributación ya estaba sobre la mesa de debate y en general, las asociaciones de autónomos respaldan la medida aunque señalan que la dificultad está en cómo aplicarla. De hecho, hay una subcomisión en el Congreso donde se está debatiendo cómo abordar la reforma del RETA.

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, declaraba hace apenas una semana  que la organización “respalda plenamente” la propuesta hecha por Valerio. “Estamos encantados y deseando ponernos manos a la obra para definir", aseguró al plantear una opción de que hubiera tres tipos de cotizaciones: una para quienes estén por debajo del salario mínimo, otro para alrededor del 70% de autónomos que cotizarían en la misma base actual y el tercer nivel para los que ingresen más de 40.000 euros anuales para que cotizaran por el doble actual.

Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA, se mostraba a favor de esta medida aunque también alertaba de las dificultades técnicas que existían sobre para ponerla en práctica.

 



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