Nº 1692 lunes 19 de junio de 2017


FINANZAS


 

          

No estamos ante un nuevo caso Bankia, pero la caída del Banco Popular y la batalla legal que preparan una buena parte de sus 300.000 accionistas amenaza con colapsar de nuevo los juzgados españoles. El reparto de culpas incluye desde la anterior cúpula, con Ángel Ron a la cabeza por la información aportada en la ampliación de capital, a su sucesor, Emilio Saracho, al que se le acusa de no evitar la quiebra del banco y de ocultar a los accionistas que ponía la entidad a la venta. Pero los bufetes van también contra los supervisores, el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), que en lugar de atajar el problema han dejado que se enquistara hasta hacerse cada vez más grande. Tampoco se va a librar de la batalla judicial el auditor PwC, que no ha puesto nunca ninguna salvedad a unas cuentas que, según se ha demostrado, no reflejaban la realidad.

Cientos de bufetes preparan acciones legales contra el antiguo consejo, PwC, la Junta Única de Resolución y el FROB

               Popular: se buscan culpables

■Esmeralda Gayán

El Banco Popular desaparece tras 90 años de historia y tras su desaparición no hay un sólo responsable. Son muchos los que, de una forma u otra, han contribuido a conducir al sexto banco español hasta la quiebra. Y contra ellos van a ir los miles de accionistas y tenedores de deuda subordinada que, junto con los bufetes, se preparan para darles la batalla legal.

En realidad, los despachos ya empezaron la búsqueda de accionistas damnificados desde que una auditoría reveló en abril la carencia de provisiones en las cuentas de
Popular por valor de 600 millones de euros y el posterior desplome de la acción de la entidad. Pero ahora han sido los accionistas los que han acudido en masa a los abogados, buscando culpables a los que exigir que les devuelvan su inversión.

El primero en la diana de los despachos es Ángel Ron, que quiso crecer a toda costa durante la burbuja y se metió a financiar el ladrillo cuando la crisis estaba a punto de estallar, lo que ha terminado por llevarse el banco por delante.

Los juristas consultados coinciden en que habrá que investigar la información que ofreció el Popular en su última ampliación de capital, acometida en junio de 2016, con
Ron a los mandos del barco, y ver si era real y acorde o no respecto a la situación de la entidad en aquel momento.

A falta de conocer más detalles al respecto, José María Fernández Seijo, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que “los accionistas que entraron en esa última
ampliación quizá sí que tendrán una vía civil para reclamar sus ahorros. Más difícil estará la situación para aquellos accionistas que eran clientes del Popular desde hace
años”, explica el magistrado, que señala que dependerá de la estrategia que siga cada bufete.

Uno de los más activos está siendo Cremades & Calvo Sotelo. Este despacho confirma que están analizando "eventuales reclamaciones por vía civil" contra el Banco Popular
y sus administradores, como también han hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los accionistas minoritarios de la entidad, agrupados a través de la
Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), mediante este despacho de abogados.

Por el momento, la OCU fue la primera en presentar en la Audiencia Nacional una querella contra el ex presidente del Banco Popular Ángel Ron; el ex consejero delegado
Pedro Larena; el ex vicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor. La tramitación de la querella ha recaído en Fernando Andreu, el mismo que ha investigado el caso Bankia.

Los supervisores también están entre los objetivos de las acciones judiciales. Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo (BCE), en lugar de atajar el problema,
han dejado que se enquistara hasta hacerse cada vez más grande.

Así lo han criticado los propios inspectores desde Cibeles, que insisten en que “resulta difícil de aceptar que hoy en día cualquier entidad financiera, por grande que sea, pueda verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de liquidez. Y si así llega a ocurrir, sería un indicio sólido de que los garantes de la estabilidad financiera no han procedido de la manera más adecuada”, agregan.

Los inspectores ponen en cuestión el modelo de supervisión única europea y los mecanismos de control bancario impulsados durante la crisis. "Hemos podido también
constatar, tristemente por la vía de los hechos, la futilidad de los stress tests", ilustran. Y es que, según fuentes próximas al Popular, en la entidad se baraja la teoría de que “Bruselas ha utilizado el banco como conejillo de indias para demostrar que su sistema de liquidación de entidades funciona, cuando en realidad ha dejado ver sus defectos”.

No obstante, Bernardo Cremades, abogado del bufete que lleva su apellido, señala que la estrategia consistirá en "demandar y no denunciar" a los mecanismos europeos y al fondo de rescate español porque es la vía "más práctica". "Planteamos un recurso contencioso administrativo doble. Por un lado, contra la decisión de la Junta Única de
Resolución (JUR) ante el Tribunal Europeo de Justicia, y, por otro, contra la decisión del FROB implementando la decisión de la JUR ante la Audiencia Nacional", ha explicado.
Cremades asegura a este medio que han solicitado "insistentemente" al Banco Central Europeo el informe de Deloitte por el que la JUR resolvió el banco. "No nos lo han
entregado. Nos dicen que ya verán si lo publican o no", apunta.

Los auditores, bajo la lupa

Y es que en el reparto de culpas hay que incluir a los auditores. En primer lugar, a Pricewaterhousecoopers (PwC), que no ha puesto nunca ninguna salvedad a las cuentas, como es habitual en las entidades hundidas. Y en segundo lugar, a la auditora Deloitte, en cuyo informe para el BCE estimaba el valor de Popular en una horquilla negativa de 2.000 a 8.000 millones de euros.

Los inspectores del Banco de España ponen en duda el calibre del agujero detectado que propició el precipitado fin de la entidad. Así lo manifiesta en un comunicado la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España, donde califican de "llamativo" que "la valoración de un 'experto independiente' establezca un rango de entre 2.000 y 8.000 millones de pérdidas, en función de los escenarios que se contemplen". Fue esta valoración la que se utilizó en el procedimiento de intervención de la entidad mediante el nuevo proceso de resolución europeo que carga la factura a los accionistas e inversores a fin de evitar que el rescate vuelva a repercutir sobre el bolsillo del contribuyente.

Por otro lado, Emilio Saracho tampoco está libre de acusaciones: se le culpa de no encontrar una solución para el Popular que no fuera la quiebra. “Ha ocultado a los accionistas que ponía el banco a la venta, ha fichado a directivos y consejeros para un par de meses y no ha salvado la parte mejor del negocio del Popular, las pymes”, señalan fuentes próximas al banco comprado por el Santander.


El objetivo de Botín: retener a los clientes que fueron a la ampliación

Los servicios jurídicos de Banco Santander están estudiando posibles vías para
compensar a los pequeños accionistas de Popular que acudieron a la ampliación de capital de esta entidad llevada a cabo en junio de 2016 y que han perdido toda su
inversión tras la resolución de la entidad decretada por la Junta Única de Resolución. Así lo avanzaba el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya. En total, el banco intervenido cuenta con unos 300.000 pequeños inversores.
De esta forma, el primer banco español intenta evitar una fuga de depositantes y clientes que, según algunas fuentes del sector, ha comenzado a producirse, aunque la atribuyen a los temores de los primeros días tras la intervención.
En realidad, no es la primera vez que Santander compensa a pequeños inversores. Ya
lo hizo con el caso Madoff, al devolver el 100% de lo perdido, eso sí, sólo a sus clientes
particulares, mediante la entega de acciones preferentes Hay otros antecedentes en casos como el de Bankia, que recompensó a los accionistas que acudieron a la salida a
Bolsa de la entidad con la devolución de lo invertido, o a los que contrataron preferentes, a quienes se les canjeó estos títulos por acciones.
Los cuotapartícipes de CAM también recibieron alguna compensación, pese a haberse puesto a cero también el precio de este producto similar a una acción.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha
valorado "positivamente" el anuncio de Cendoya. No obstante, dicen que "con independencia de que Banco Santander compense de alguna forma a los accionistas de Banco Popular que han perdido toda su inversión", plantean "la exigencia de
responsabilidades administrativas, civiles y penales a todas las personas físicas y
jurídicas que hayan contribuido a ocasionar el daño"

Destacado: Luis María Linde se puso de perfil

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